La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Su repudio a las declaraciones públicas formuladas por el director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, acerca de lo ocurrido en la última dictadura militar, y que llevan implícitas un reclamo de impunidad para los genocidas de esa dictadura.

Asimismo reclama al Poder Ejecutivo la inmediata remoción de su cargo del mencionado funcionario.

Señor presidente:

Si a las recientes declaraciones del restituido funcionario macrista, Juan José Gómez Centurión, sobre el número de desaparecidos de la dictadura –‘minimizándolo’ a 8 mil- junto con su afirmación de que no hubo un plan represivo, le sumamos los dichos, en el mismo sentido, de Darío Lopérfido unos meses atrás y si a ésto se agregan las declaraciones del propio Macri sobre lo que él denominó como la “guerra sucia”, es claro que la minimización de las consecuencias de la represión dictatorial y la negación del genocidio como política de Estado, constituye una orientación estratégica del gobierno actual, que apunta a garantizar la impunidad de los genocidas.

La controversia planteada en torno al feriado del 24 de marzo mostró rápidamente su verdadero alcance. Las declaraciones de Gómez Centurión en un programa televisivo, negando la existencia de un plan genocida de exterminio y desaparición de personas bajo la dictadura militar, reveló que detrás del debate sobre el día del feriado se esconde una política favorable a los Videla y Massera. Después de todo, el elenco gubernamental actual está integrado por defensores del indulto y de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Al afirmar que no hubo un plan represivo y que los desaparecidos fueron el resultado de medidas “caóticas y descentralizadas”, Gómez Centurión busca salvar la responsabilidad del propio Estado y de la Junta Militar. Las consecuencias de esta 'doctrina' son gravísimas: si la represión no fue del propio Estado los crímenes no podrían ser calificados como de lesa humanidad y se abriría la posibilidad de que los represores reclamen la prescripción de todas las causas actuales. En la misma línea, debe entenderse su negativa a reconocer la existencia de un plan sistemático de apropiación de menores.

El jefe de la Aduana llega a defender al ex presidente Leopoldo Galtieri, quien no sólo fue responsable de la claudicación en la guerra de Malvinas, sino también de ejercer contra los soldados movilizados a nuestras islas del Atlántico Sur los mismos métodos de tortura que se aplicaron en la Esma o La Perla. Estos crímenes no han sido investigados y menos juzgados hasta el día de hoy.

No podemos dejar de lado que el funcionario en cuestión integró el levantamiento militar “carapintada” que le arrancó el punto final y la obediencia debida a los partidos que gobiernan la Argentina desde 1983 hasta hoy. Gómez Centurión, además, no es un advenedizo: como funcionario porteño, carga con el criminal incendio del galpón Iron Mountain, del que nunca pudo rendir cuentas en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de ello, el presidente Macri le dio la gestión de la Aduana, donde terminó sostenido a pesar de las graves denuncias en su contra.

Por la gravedad de sus declaraciones y sus antecedentes, Gómez Centurión debe ser removido de inmediato de su cargo.

La presencia de funcionarios como Gómez Centurión, que buscan darle un creciente protagonismo a las fuerzas armadas en la represión interna no es ninguna novedad, tiene sus antecedentes en el nombramiento de un espía y partícipe del genocidio, César Milani, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Por otro lado, no se puede soslayar que la negación del genocidio como política de Estado es inseparable del reforzamiento represivo que el gobierno nacional y los gobernadores provinciales están emprendiendo, como se vio en la salvaje escalada contra los mapuche, en la reciente represión a los obreros de AGR-Clarín, y en la tentativa de criminalización a los inmigrantes y a la juventud.

Con este proyecto de declaración buscamos un pronunciamiento claro de los diputados contra un nuevo intento de garantizar la impunidad de los genocidas, la cual será utilizada para reforzar el avance represivo contra los que están enfrentando el ajuste en marcha.

Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento y aprobación del presente proyecto.