La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo, y en particular al Jefe de Gabinete Marcos Peña y la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, que informe de manera urgente respecto a la presencia de fuerzas de seguridad que se encuentran realizando inteligencia ilegal sobre los obreros de la gráfica Artes Gráficas Rioplatense (AGR) -del grupo Clarín- que permanecen en la fábrica en defensa de sus puestos laborales y del Convenio Colectivo de Trabajo.

Su absoluto repudio a este nuevo episodio de espionaje ilegal por parte de los servicios de inteligencia del Estado.

Señor presidente:

En el programa televisivo del periodista Santiago Cuneo, el Noticiero “Uno más uno tres”, publicado en el portal de Youtube el día 25 de enero del corriente (https://www.youtube.com/watch?v=HZMOogZaMHo), se realiza una grave denuncia respecto de la presencia de fuerzas de seguridad de la Policía Federal Argentina (PFA) y de la Policía Metropolitana realizando tareas de inteligencia sobre los obreros de AGR-Clarín que están ocupando la plata gráfica en el barrio de Nueva Pompeya, en defensa de sus puestos de trabajo y del Convenio Colectivo de Trabajo.

En el citado video, se muestran dos camionetas blancas equipadas como si fueran móviles televisivos, sin identificación alguna, en un radio de menos de 100 metros en los alrededores de la empresa del grupo Clarín. Al ser increpados por el periodista Cuneo y el diputado nacional Néstor Pitrola, se reconocieron como miembros de la PFA en una camioneta de patente KFS412, y de la Policía Metropolitana en otra de patente JQS 751. En la primera, se identificó con credencial en mano un cabo primero de la Policía Federal, David Antonio Galvano. Ninguno de ellos contaba con orden judicial que avale su actividad en el lugar.

La imágenes muestran de manera inconfundible que se está desarrollando un monitoreo conjunto de las policías Federal y Metropolitana sobre los obreros en lucha, con equipamiento que bien podría pertenecer a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Se ve con claridad que se ha montado toda una estructura represiva alrededor de la fábrica: tres carros de infantería en un radio de 50 metros, más estas dos camionetas sin identificación, con equipamiento de inteligencia.

Esta denuncia por tareas de inteligencia y espionaje interno sobre los trabajadores de AGR y las organizaciones que los apoyan, fue luego interpuesta judicialmente por el diputado Pitrola y el secretario adjunto de la Comisión Interna, con el patrocinio de los abogados de APEL (Asociación de Profesionales en Lucha). La misma quedó radicada en el Juzgado Federal N° 4, a cargo del Juez Ariel Lijo y el Fiscal Juan Pedro Zoni, quien está al frente de la Fiscalía 8.

En los primeros días de la ocupación del taller AGR, las fuerzas policiales que rodeaban el lugar se contaban de a cientos. El cerco policial al conflicto sólo mermó tras el repudio que se generalizó luego de la represión atroz que sufrieron los trabajadores, sus familias y quienes acompañaban el acampe en la puerta de la fábrica el día 17 de enero, que dejó un saldo de varios heridos por los gases y las balas de goma. Los trabajadores y la Comisión Interna de AGR denuncian que ese día fueron víctimas de una emboscada que incluyó al Ministerio de Trabajo, que los citó a una audiencia en la sede de Callao y en el mismo momento en que se desarrollaba la misma, se llevó a cabo la avanzada represiva sobre quienes permanecían en el taller de Pompeya. También han declarado que fueron filmados en su movilización desde el interior del citado Ministerio.

Luego de aquella represión, trabajadores de AGR junto a los abogados de APEL y al legislador porteño Marcelo Ramal, se presentaron en la Fiscalía N° 30 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde pudieron comprobar de manera fehaciente que el Fiscal de turno no había emitido orden de desalojo alguna, y que asimismo, no poseía ninguna denuncia formal efectuada por los dueños de la empresa. En efecto, la patronal de Clarín ni siquiera ha iniciado acciones legales, ya sea contra los trabajadores, o contra los manifestantes y familiares que brindan su apoyo ante la entrada de la fábrica. Los trabajadores han difundido que desde la Fiscalía informaron literalmente que la orden de reprimir había “venido de más arriba”, haciendo una alusión directa al Ministerio de Seguridad. Dieron cuenta de que accionaron ante un llamado por parte de los dueños de la empresa, denunciando una supuesta “ocupación violenta”. A esto debe sumarse el hecho de que hay destacamentos policiales apostados sobre las principales sedes del grupo Clarín. Resulta obvia la relación de complicidad existente entre Clarín y el Gobierno.

Tanto la represión del día 17 de Enero, como el espionaje en curso por fuerzas policiales que actúan sin identificación ni orden judicial, dan cuenta de una arbitrariedad absoluta por parte del Poder Ejecutivo, que actúa en connivencia con la patronal de Clarín para quebrar la lucha de los trabajadores de AGR.

La acción sindical no puede ser víctima de espionaje, lo cual está expresamente prohibido por la ley de inteligencia. Sin orden judicial, la PFA no puede estar filmando y haciendo inteligencia sobre los trabajadores. De acuerdo a la nueva legislación nacional, la inteligencia corre por cuenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por el contrario, en AGR se están empleando las fuerzas de seguridad, financiadas con el dinero de los contribuyentes, para asediar y espiar a los obreros en lucha. La policía, cuya función se supone que es velar por la seguridad de los ciudadanos, está siendo empleada para el cuidado de los intereses de Magnetto, contra los trabajadores. Este episodio pinta de cuerpo entero el carácter de clase del Estado y sus fuerzas represivas.

En nuestro país los servicios de inteligencia tienen cada vez más financiamiento. En el presupuesto 2017 se les ha asignado 2500 millones de pesos. Un presupuesto tan abultado para tareas de inteligencia en un país que no tiene ninguna hipótesis de conflicto bélico o militar con naciones extranjeras, da cuenta de una intensa actividad de espionaje interno. La ex SIDE, reconvertida en AFI, siempre ha sido una cueva tenebrosa de camarillas continuamente enfrentadas entre sí, usinas de rumores y conspiraciones contra el pueblo, vinculadas todas ellas con distintos servicios internacionales de espionaje. La dudosa muerte del fiscal Nisman en enero de 2015 o el atentado a la AMIA en 1994 y su impunidad hasta el día de hoy, son apenas dos expresiones de esta realidad.

El presupuesto de inteligencia es dinero destinado a todo tipo de operaciones “non-santas”. Para mayores pruebas, el actual titular de la AFI, Gustavo Arribas, está siendo denunciado por recibir coimas de la empresa constructora Odebrecht, mientras oculta negocios sucios en la época kirchnerista y de la actual gestión del presidente Macri. Hacen inteligencia sobre los obreros y sus familias mientras ignoran la corrupción del poder. Vale recordar que este mismo personal de la AFI macrista ya fue denunciado por espionaje ilegal sobre periodistas. Acá hay una continuidad entre el Estado de inteligencia de Milani y este Estado de inteligencia de Arribas y de Macri: una inteligencia contra el movimiento popular.

Los servicios de inteligencia del Estado han ocupado siempre un lugar clave de la política argentina. En su propósito de recomponer el espionaje, el actual gobierno de Macri tiene el respaldo del peronismo en todas sus variantes. El pliego de los dos nuevos capitostes de la AFI, el citado Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, fue aprobado en trámite exprés en el Senado, donde lo votó rápidamente el bloque conducido por Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador salteño.

La saña y la persecución sobre la lucha de los obreros de AGR se explican por las dimensiones del conflicto en curso, que tiene alcance nacional porque es una prueba piloto para avanzar sobre los derechos del conjunto del movimiento obrero y liquidar derechos conquistados.

Las conspiraciones contra el pueblo, como la que se expresa en este operativo de espionaje ilegal sobre los trabajadores gráficos del grupo Clarín, son incompatibles con las más elementales libertades democráticas.

Por estos motivos, solicitamos a los diputados el acompañamiento de este pedido de informes al Poder Ejecutivo para que de manera inmediata cese el espionaje y dé explicaciones por lo que está sucediendo.