La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo a fin de solicitar que, a través del organismo que corresponda, tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara información sobre los siguientes puntos:

1- El estado de avance del saneamiento por parte del Estado de la República de Chile de la escombrera conformada por toneladas de residuos peligrosos y neumáticos abandonados por la empresa Los Pelambres, perteneciente a la firma chilena Antofagasta Minerals, ubicada a 3600 metros de altura en el departamento de Calingasta, provincia de San Juan.

2-Si se han realizado denuncias jurídicas contra los eventuales responsables de este hecho, habida cuenta de que viola lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional que prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos.

3-Informe sobre otras acciones que se hayan realizado y se tengan previstas a partir de los hechos mencionados. En caso de contar con estudios o informes sobre el tema, elaborado por autoridades del orden nacional o local, sírvase enviar los resultados correspondientes.

Señor presidente:

En 2011 trascendió que la firma Antofagasta Minerals, perteneciente al grupo chileno Luksic, había abandonado más de 52 hectáreas de la escombrera denominada Cerro Amarillo en territorio argentino. Esta escombrera, que había sido autorizada por el gobierno chileno al emprendimiento minero Los Pelambres, tiene aproximadamente 1300 mts. de largo; 70 mts. de alto y unos 400 mts. de ancho y cuenta con la presencia de rocas con mineralización de pirita y calcopirita además de 579 neumáticos de gran tamaño en desuso.

Esta escombrera situada a 3600 mts. de altura tienen gran proximidad con los terrenos donde se encuentra el proyecto El Pachón, de la minera suiza Glencore, en el departamento sanjuanino de Calingasta, quienes iniciaron una demanda judicial en Argentina por sentirse perjudicados. Frente a esta situación irregular y de alto riesgo en términos ambientales, dado que estos escombros y los neumáticos provocan drenaje ácido que es altamente contaminante, la Cancillería argentina solicitó a la Cancillería chilena la intervención de sus autoridades para el cese inmediato de las actividades de depósito de material en territorio argentino, en la frontera con ese país. En junio de 2011 la empresa Los Pelambres ya había cesado sus actividades. Seguidamente, la Cancillería chilena contestó aceptando que el vertedero fue proyectado “erróneamente en territorio argentino”.

En 2012 las Comisiones de Límites de ambos países procedieron a realizar tareas de densificación en el área, constatando la instalación del vertedero, así como la modificación de la morfología del terreno.

En 2014 la Cancillería Argentina remitió nueva nota a Chile haciendo expresa reserva de los derechos y de las acciones que correspondan en relación con la responsabilidad internacional de Chile, emergente de las actividades de la referida empresa minera.

El gobierno de Chile respondió manifestando su mejor predisposición para que las empresas involucradas lleguen a una solución adecuada y satisfactoria. Ofreció apoyo técnico y sugirió a tal fin explorar en el ámbito de los mecanismos bilaterales disponibles.

A mediados de 2014 representantes de ambos gobiernos mantuvieron una reunión donde se acordó que las actividades de la minera Los Pelambres no encuadraban en el marco del ámbito de aplicación del Acuerdo de Complementación Minera con Chile, ya que no se trataba de un emprendimiento binacional.

Asimismo, se resolvió efectuar una visita al terreno, que tuvo lugar en enero de 2015. En esa oportunidad se constató las dimensiones del vertedero.

Por su parte, los análisis efectuados por el Servicio Geológico Minero Argentino detectaron niveles de metales considerados nocivos para la calidad de vida acuática, bebida de ganado, irrigación y su potabilidad.

En respuesta a otra nota argentina, en septiembre de 2015 la Embajada de Chile en la Argentina reiteró su voluntad de contribuir a una solución adecuada y satisfactoria, haciendo notar que se trata de una cuestión entre empresas privadas, atento los procesos judiciales iniciados y que la existencia de tales procesos inhibe el actuar del gobierno de Chile que por mandato constitucional no puede interferir en asuntos sometidos a tribunales nacionales o extranjeros. No obstante, el gobierno trasandino manifestó su voluntad de explorar cualquier camino pertinente, utilizando los mecanismos bilaterales disponibles, invitando a una reunión para intercambiar puntos de vista para facilitar un resultado positivo.

A partir de diciembre del 2015, en concordancia con la continuidad jurídica del Estado argentino, las nuevas autoridades de la Nación continuaron trabajando para lograr la remoción de los residuos en territorio argentino. Con tal objeto, se convino con Chile la apertura de un paso fronterizo que permitiera en una primera instancia el retiro de los neumáticos y posteriormente el material rocoso.

Es importante señalar que para la República Argentina se trata de una cuestión estrictamente entre los dos estados, en la que está involucrada la responsabilidad internacional de Chile por las actividades llevadas a cabo por la empresa chilena en territorio nacional.

En un segundo plano, y fuera de la cuestión entre los estados nacionales, se encuentra el litigio judicial que enfrenta a dos empresas mineras ante el Juzgado Federal en San Juan, en el que la Provincia actúa en defensa de su medio ambiente. Nada tienen que ver los gobiernos nacionales en estas causas.

En este marco y de acuerdo a nuestra responsabilidad como representantes del pueblo de la Nación Argentina, es que solicitamos sea acompañado este pedido de informes con la esperanza de que la República de Chile normalice de forma urgente esta situación de alto riesgo ambiental para nuestro país.