La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar la presencia, en los términos de los artículos 71 de la Constitución Nacional y el artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a la Ministra de Seguridad Lic. Patricia Bullrich, al Prefecto Nacional, Prefecto General Eduardo René Scarzello y al Jefe de PFA Crio. Gral. Néstor Roncaglia, a fin de que brinden información precisa y detallada a esta Honorable Cámara de Diputados respecto a los graves delitos cometidos por efectivos de Prefectura Naval Argentina en el Barrio Zavaleta de esta Capital el 24 de septiembre pasado, por las torturas que una docena de esos efectivos infligieron a los jóvenes trabajadores de La Garganta Poderosa Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, ambos entregados por la Policía Federal.

A dichos funcionarios citados se les solicitará comparecer con toda información precisa y detallada de los hechos, y especialmente respecto de los siguientes puntos:

1) Los nombres y jerarquías de todo el personal de Prefectura afectado a la zona en la que se produjeron los referidos hechos de tortura a Navarro y Villanueva, así como sus responsables operativos.

2) Si además de los prefectos involucrados que según el comunicado de PNA del 06/10/16 “han sido dados de baja”, sin detallar cantidad y nombres, pero según trascendidos periodísticos serían siete (Leandro Antúnez, Eduardo Sandoval, Osvaldo Ertel, Ramón Falcón, Yamil Marsilli, Félix Demiranda y Orlando Benítez), se han identificado los otros efectivos que según lo denunciado ascenderían a doce.

3) Detalles de la investigación interna sobre estos episodios, número de expediente, nombre del funcionario sumariante, copia de la documentación que acredita la baja anunciada por PNA, así como la confirmación debidamente documentada de si la mencionada baja se produjo con calidad de exoneración y si se cumplieron los requisitos del art. 68º de la Ley General de la Prefectura Naval Argentina Nº 18.398.

4) Si los referidos efectivos dados de baja actuaron en el marco del denominado por el Ministerio de Seguridad “Operativo de Control Poblacional” denominación que a todas luces no remite a tratar de combatir la llamada inseguridad, sino a un evidente control de la población mediante el empleo de las fuerzas federales y locales.

5) Si las mencionadas autoridades del Ministerio de Seguridad tienen previsto reunirse con ambos jóvenes víctimas de torturas, para escuchar sus testimonios y expresarles compromiso de esclarecimiento del caso y de cese de estas políticas represivas focalizadas en los jóvenes humildes de nuestros barrios.

6) Detalles de la investigación interna de la Policía Federal Argentina sobre estos episodios, número de expediente, nombre del funcionario sumariante, copia de la documentación que acredita dicha investigación e identificación del personal involucrado en la entrega de Navarro y Villanueva a los efectivos de PNA.

7) Qué remedios han sido puestos en marcha o se piensan implementar desde el Ministerio de Seguridad para rectificar las brutalidades protagonizadas con las llamadas políticas de “control poblacional de las fuerzas de seguridad”.

8) Si acaso la evaluación del Ministerio de Seguridad sobre los controles llevados a cabo por la Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina en las inmediaciones y en el evento Time Warp de Costa Salguero que costaron la vida de cinco jóvenes no mereció una rectificación de sus políticas.

9) Las razones por las que desde el Ministerio de Seguridad no se tomaron medidas preventivas con los antecedentes de casos similares al protagonizado contra Navarro y Villanueva como el caso de Fabián Mosquera trabajador de la Villa 1.11.14 que aun sufriendo diversas discapacidades, fue golpeado, torturado y amenazado por agentes de la Prefectura en Avenida Sáenz y Cruz en abril pasado, hecho conocido por un testigo del otro lado del Riachuelo, o el caso de Emiliano Ulloa que en julio del 2015, fue testigo cuando efectivos de Prefectura pateaban a dos jóvenes esposados en el piso, en La Boca, que le costó estar detenido tres días y sufrir golpes en todo el cuerpo al ser trasladado hasta la base de la fuerza de seguridad y golpeado por 15 prefectos. La policía le armó una causa, que terminó en sobreseimiento en febrero de este año.

10) Toda otra información de interés para el esclarecimiento del caso y la rectificación de las políticas represivas del PEN.

Señor presidente:

Motiva este pedido de informe la preocupación por las evidentes prácticas represivas que proliferan peligrosamente en el ámbito de todo nuestro país.

Es evidente que los aparatos represivos vienen embruteciéndose progresiva y aceleradamente en nuestro actual sistema "democrático", contra las manifestaciones populares, como forma de desalentar la protesta social ante los feroces ajustes y pérdida de poder adquisitivo y derechos y en directa violación al Legítimo Derecho Constitucional de expresarse y peticionar ante las autoridades.

Este gobierno, este proyecto de país imperante requiere de la represión, al crecimiento ostensible de marginalidad y gente en situación de calle no se le responde más que con escarmiento, con dominación por la fuerza, con palos.

El caso de Iván y Ezequiel, los chicos de 18 y 15 años que trabajan en la revista La Garganta Poderosa y que fueron retenidos y torturados por efectivos de la Prefectura junto al Riachuelo, se produjo el 24 de septiembre pasado coincidentemente con otro, el caso de Iván Franco y Emiliano Mendoza en Santa Fe. Ambos casos son idénticos, con una diferencia de 500 kms de distancia, uno bajo responsabilidad directa del gobierno nacional, otro del gobierno de la provincia de Santa Fe.

Por eso hablamos de una generalizada habilitación represiva, que se produce en toda la Argentina cuando el gobierno de Macri apenas lleva diez meses, y esa habilitación, sin dudarlo, está en relación directamente proporcional al ajuste brutal contra las mayorías que vivimos desde hace 10 meses.

La gravedad y profundidad del problema es pasmosa. Estamos frente a un espiral de violencia generado desde el mismo Estado, cuyas consecuencias son imprevisibles.

Hoy debemos lamentablemente formular este pedido de informe así como ya hemos preguntado en otro Proyecto de Resolución sobre las diferentes responsabilidades de las respectivas reparticiones en las cinco muertes de Costa Salguero que pudieron perfectamente ser evitadas si los mecanismos institucionales hubieran funcionado como corresponde, con los controles en el lugar de Prefectura Naval y la Policía Federal, y con la mitigación del daño una vez desatada la tragedia de la primera muerte.

A diario aparecen hechos brutales, protagonizados por las policías provinciales, por la PFA, GN, PNA, y ello no es casual, es parte de una política perfectamente planificada desde lo alto del poder político que gobierna nuestro país. Planificación que pretende ser ocultada con artilugios mediáticos y cínicos argumentos estigmatizantes de las clases populares.

El súmmum de esas políticas lo encarna el Ministerio de Seguridad de la Nación que diseñó el “Operativo de Control Poblacional” denominación que a todas luces no remite a tratar de combatir la llamada inseguridad, sino a un evidente control de la población mediante el empleo de las fuerzas federales y locales.

Está claro que no se trata de proteger a la población de los hechos delictivos, se trata de “controlar” a la mayoría de la población para que acepte sin chistar la conculcación de sus derechos, de sus ingresos, de su dignidad.

El cometido del presente Proyecto es el de ayudar a esclarecer a la sociedad la verdadera naturaleza de estas políticas y cómo se pretenden ocultar desde el poder.

Por lo demás, el articulado del presente proyecto es de tal elocuencia que en manera alguna requiere ampliación de sus fundamentos.

Por dichos motivos, solicito una urgente respuesta a nuestro ámbito de contralor republicano con el objeto de escuchar a los responsables de estas políticas, los funcionarios Bullrich, Scarzello, Roncaglia y Avruj.