La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar sobre los puntos que abajo se detallan relativos a los pasivos ambientales de la empresa YPF S.A., REPSOL YPF S.A. y/o REPSOL YPF GAS S.A.

1. Si se han realizado auditorías ambientales o de gestión de YPF S.A. y/o REPSOL YPF GAS. S.A. que hayan tenido como finalidad o resultado la detección de pasivos ambientales producidos por la actividad de dichas empresas. En caso afirmativo, detalle cuáles son los pasivos ambientales identificados.

2. En qué áreas de concesión hidrocarburífera se encuentra cada uno de los pasivos ambientales identificados.

3. Detalle los daños ambientales producidos en cada caso en los ecosistemas afectados y si los mismos constituyen un riesgo para la salud de las poblaciones cercanas.

4. En caso de que se hayan determinado las causas que generaron esos pasivos ambientales brinde dicha información.

5. Existen pasivos ambientales que estén afectando territorios ocupados por comunidades indígenas? En caso afirmativo, brinde toda la información al respecto.

6. Se ha instrumentado algún plan integral de remediación, saneamiento o recomposición? En caso afirmativo, detalle en qué consiste dicho plan, costos y formas de financiación.

Señor presidente:

El 3 de Mayo de 2013 se cumplió un año de la sanción de la Ley N° 26.741, llamada de soberanía Hidrocarburífera. En la reunión plenaria de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales y de Energía y Combustibles, el 17 de abril de 2012, en el Honorable Senado de la Nación, el viceministro de Economía y Finanzas Axel Kicilofff y el Ministro de Planificación Federal e Inversión Pública y Servicios Julio de Vido reconocieron la existencia de pasivos ambientales.

El concepto de pasivo ambiental es sinónimo de "deuda". Una deuda que se tiene por efecto de una determinada degradación en alguno de los componentes del ambiente -suelo, agua, aire, flora y fauna- y que en algún momento se debe erogar.

En la Cuenca del Golfo San Jorge y luego de más de cien años de intensa actividad, actualmente se producen impactos en el ambiente que alteran la estructura y función de los recursos y ecosistemas naturales. Pero esto no es exclusivo de esta región: los daños al ambiente ocurren en las provincias de las cinco cuencas petroleras del país.

Las decisiones políticas tomadas respecto a la estatización de YPF representan para nuestro país un desafío para abrir el debate hacia la discusión respecto al modelo de desarrollo que deseamos. La implementación de un plan de transición energética hacia una matriz ambiental y socialmente sustentable, sostenido con aportes de la potencial recuperación de la renta hidrocarburífera, deberían ser parte del debate. No debería encerrarse únicamente en si el Estado debe intervenir o no en el control de los hidrocarburos o la recuperación de la renta petrolera, como condición excluyente de cualquier otra medida. La amplitud e integralidad de aristas, por sus profundas implicancias sociales y ambientales, debería aunarnos en este debate. Esto no solamente mejoraría considerablemente el modelo energético que tenemos y queremos, sino que también apuntalaría qué país aspiramos construir para nuestra generación y las venideras; este sería efectivamente un ejercicio de soberanía energética.

En los últimos meses hubo graves accidentes en Neuquén, el diario Página 12 da cuenta el 2-2-13, de "cuatro derrames en sólo once días y, en dos casos, el hidrocarburo llegó hasta el río Colorado (cuenca compartida por cinco provincias), que involucran a Petrobras y a YPF" indicando que, según un informe oficial, sólo en la cuenca del río Colorado, las petroleras produjeron 1982 "incidentes ambientales" durante 2011 y derramaron 429.000 litros de petróleo, a los cuales hay que añadir la explosión e incendio de un pozo de gas en el ejido urbano de la localidad de Plottier en Neuquén (empresa Pluspetrol); por último, un derrame petrolero que produjo mortandad de peces en Catriel (Río Negro), que es motivo de una protesta de comunidades indígenas.

En 1998 el Programa de Naciones Unidas (PNUD) publicó un informe ambiental sobre la contaminación petrolera en Añelo y Pehuenches, cercanas a Loma La Lata. Se evaluaba en casi mil millones de pesos/dólares el pasivo ambiental generado por la actividad petrolera. El estudio titulado "Emergencia ambiental, hidrocarburos, compensación y desarrollo sustentable en la provincia de Neuquén" analizaba el daño ecológico producido por las petrolerasYPF SA, San Jorge y Pérez Companc en una extensión de 550.280 Has., correspondientes los yacimientos Huantraico, Chihuido de la Sierra Negra y Puesto Hernández, ubicados en el Departamento Confluencia. El relevamiento había sido pedido tras los derrames de crudo producidos en marzo de 1997 en Rincón de los Sauces, que contaminaron el Río Colorado, dejando a la población sin abastecimiento de agua potable y obligando a interrumpir el riego de áreas cultivadas.

En 2001 se publicó un estudio pedido por las comunidades Paynemil y Kaxipayiñ y la Confederación Mapuche de Neuquén donde se cuantificaban los daños ambientales: 630 mil m³ de suelo contaminado con altas concentraciones de cromo, plomo, arsénico, naftaleno, pireno y compuestos aromáticos en capas de hasta seis metros de profundidad. En tanto las aguas registraron valores de metales pesados, hidrocarburos y fenoles que superaban los valores legales. Los resultados de los estudios clínicos realizados a 42 personas, sobre un total de 98, detectaron síntomas de intoxicación crónica por hidrocarburos: vértigo, debilidad, nerviosismo, dolor de extremidades y dermatitis. También reflejaban manifestaciones e intoxicación con metales pesados como: irritabilidad, cefalea, insomnio, fatiga e interrupciones de embarazos.

Otro caso complejo es el del Parque Nacional Calilegua, en Ledesma, Jujuy. Desde la creación del Parque hasta el presente, diversas autoridades han tratado, sin éxito, de controlar y regular la actividad hidrocarburífera. Allí, el "Pozo 3", que se encuentra a escasos 100 metros fuera de la jurisdicción del Parque, permanece inactivo desde hace tres décadas y presenta una fuga de agua de formación que escurre hacia el arroyo Yuto y, a través de este, al interior del área protegida.

Estudios realizados por el equipo de fiscalización determinaron que por cada 100 litros de agua vertida, llegan al arroyo Yuto 10 kilogramos de aguas de formación a elevadas temperaturas (Baldo y Nicolossi, 2009). Al respecto Baldo alerta que el "efecto ecotóxico es muy grande sobre la biota acuática y terrestre del Parque por la acción misma de la sal y de metales pesados que contiene, además de los gases tóxicos y las elevadas temperaturas con la que surge. El impacto se extiende a un área mucho más amplia, ya que el arroyo Yuto continúa más allá de la jurisdicción del PN Calilegua y tributa la Alta Cuenca del Río Bermejo.

Son varios los casos de contaminación producida por la actividad hidrocarburífera de REPSOL -YPF y la responsabilidad por el saneamiento de los mismos podría extenderse al Estado Nacional al expropiar el 51 % de las acciones de dicha empresa.

Consideramos de gran importancia contar con la información requerida, por lo que solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo esta iniciativa.