La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar que vería con agrado la creación de juzgados especializados en violencia de género en el ámbito de los poderes judiciales de las distintas provincias del país que cuenten, como mínimo, con un fiscal especializado en violencia de género.

Señor presidente:

Nuestra Carta Magna, en su artículo 75 inc. 23, a partir de la reforma del año 1994, establece la necesidad de: “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta constitución por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad”.

Asimismo, el manual de legislación sobre la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas incluye entre sus recomendaciones que las leyes “ha[n] de establecer la creación de tribunales especializados o procedimientos judiciales especiales que garanticen la tramitación oportuna y eficiente de asuntos de violencia contra la mujer”.

La Ley Nacional de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, que es de orden público, garantiza en su art. 3 todos los derechos reconocidos por la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer; la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer; la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, especialmente en lo relativo a: “a) una vida sin violencia y sin discriminaciones (…) h) gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad; (…) j) gozar de acceso gratuito a la justicia en casos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley (…)”.

La creación de un juzgados especializados en violencia de género ofrecerá, sin lugar a dudas, un espacio que se encuentre en condiciones de abordar con mayor celeridad y eficacia esta problemática, tomando en cuenta las características especiales de los casos de violencia familiar y pudiendo prevenir situaciones que podrían llevar a la muerte de la víctima de no tomarse las medidas adecuadas.

La violencia constituye una innegable realidad, que atenta de forma directa contra valores y derechos fundamentales. No es un problema circunscripto al ámbito privado, sino que se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige contra las mujeres por el hecho mismo de serlo.

Esta problemática debe ser analizada de manera integral e interdisciplinaria, ya que la violencia una vez manifestada afecta todos los aspectos de la vida de la víctima.

La existencia de juzgados especializados permitirá, entre otras cosas, evitar que exista una multiplicidad de expedientes judiciales frente a un mismo caso de violencia, lo que produce la tan lamentada re victimización y la dilación de los procesos en el tiempo.

Cabe destacar que el Estado argentino suscribió la convención de Belem do Para, que en su artículo 7º reza: “Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia (…)”.

Existe una obligación internacional de sancionar aquellos casos donde exista violencia por razones de género. La creación de juzgados especializados puede dar respuesta a esta necesidad, ya que estos pueden ocuparse única y prioritariamente de esta temática.

Por todo ello, solicito a mis pares acompañen con su firma el presente proyecto.