La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del organismo que corresponda, se sirva informar sobre los siguientes puntos relacionados con la empresa de servicios de transporte UBER.

1. Situación registral y legal de la empresa.

2. Si la misma se ha radicado en la Argentina.

3. Condiciones legales del servicio, respecto del:

- Seguro de transporte de pasajeros;

- Cuadro tarifario;

- Comisión obtenida por UBER, destino de la misma y si ésta es alcanzada o no por nuestro sistema impositivo.

Señor presidente:

La empresa multinacional Uber bajo el pretexto de las “nuevas tecnologías” se ha instalado en nuestro país sin atender las regulaciones vigentes del transporte de pasajeros e incluso incumpliendo normas de las distintas jurisdicciones nacionales y provinciales.

Estas irregularidades incurren en una competencia desleal con aquellos servicios que cumplen con las normativas vigentes. La actividad del Taxi en nuestro país se encuentra ordenada y regulada de manera ejemplar en todos los distritos. Entre sus muchas ventajas podemos enumerar la Verificación Técnica Vehicular, los relojes de taxímetros homologados, los seguros tantos para los conductores como para los pasajeros, la capacitación de los choferes que deben poseer licencia profesional y realizar los controles periódicos, la contratación de ART, cargas sociales, obra social para los trabajadores, etc.

Por todas estas razones el servicio del Taxi traslada alrededor de 1.200.000 personas por día, solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en condiciones de seguridad tanto para los pasajeros como del resto de los ciudadanos.

La empresa Uber no solo no tiene ninguna responsabilidad con los choferes, sino que no pagan seguros y delegan la responsabilidad sobre lo que pudiera suceder en el espacio público a los choferes, a los que sí se ocupa de cobrarles un canon. Ni siquiera es claro cuáles son los requisitos para que los choferes -a los que llama “socios” a fin de evitar la legislación laboral de nuestro país- puedan prestar el servicio público de transporte de pasajeros. Por todo esto es que no puede permitirse que en nombre de las “nuevas tecnologías” se avasallen derechos laborales, garantías constitucionales y que se ponga en peligro la seguridad tanto de los pasajeros como de los transeúntes.

Las nuevas tecnologías deben ser consideradas para mejorar la calidad de vida de los argentinos y asegurar el respeto de todos sus derechos y garantías. No para servir de excusa para la explotación por parte de multinacionales, que carecen de inversiones reales y a largo plazo. Nuestro país tiene cifras alarmantes de informalidad laboral a pesar del período de mayor crecimiento económico de nuestra historia. Más de uno de cada 3 trabajadores carecen de derechos elementales como el de estabilidad, sindicalización, cobertura médica, seguro o jubilación. Este tipo de empresas que ni siquiera muestran respeto por la normativa vigente, deben ser controladas y reguladas por el Estado para beneficio de todos los argentinos.