La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su repudio por la decisión del gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, de proponer un proyecto de modificación de la Ley N° 8008 de Ministerio Público, que restringe la información judicial a la prensa, cercenando así el derecho a la libre información y a la libertad de expresión garantizados por la Constitución Nacional.

Señor presidente:

El gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo y el procurador general de la Corte, Alejandro Gullé, promueven una modificación a la Ley Nº 8008 de Ministerio Público, que busca restringir la información judicial a la prensa. La modificación establece, en su artículo 7, la prohibición a los fiscales de hablar con los medios de prensa y dispone que la información “será proporcionada por oficinas habilitadas al efecto por la Procuración General”. Además, estipula sanciones para los funcionarios que no acaten esa orden.

La iniciativa encuentra fuerte resistencia de entidades periodísticas y otros sectores de la sociedad, que aseguran estar frente a un “cepo judicial” que impactará negativamente en el “normal flujo” de datos e información. Debemos expresar nuestro repudio a esta medida que afecta la libertad de expresión y el derecho a la información de todos los ciudadanos.

El Sindicato de Prensa de Mendoza rechazó la reforma y aseguró que el intento del gobernador de Cambiemos “configura una ley mordaza por el control que se apunta a establecer sobre lo que se da a conocer. La embestida es contra el libre ejercicio del periodismo y, fundamentalmente contra el derecho de la sociedad a estar informada de todo lo que le concierne saber, conculcando, de tal manera, garantías constitucionales y Pactos Internacionales”.

Los trabajadores del sector periodístico entienden que la ley "afecta la transparencia que deben exhibir ante la sociedad en relación a las causas que investigan" e "interpone un escollo al desenvolvimiento de los periodistas en busca de información directa y veraz de boca de los protagonistas de la investigación".

Por su lado, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su preocupación por la iniciativa por el “cepo judicial”, ya que a su entender “implicaría una grave restricción al trabajo de los periodistas y un virtual condicionamiento de la garantía constitucional de la publicidad de los actos de gobierno”.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) también se expresó al respecto y comparte la preocupación de medios de comunicación y periodistas de la provincia de Mendoza. En su comunicado, manifiestan que “El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos –uno de los tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución– garantiza el derecho a “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”. Similar término consigna el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos”.

Queremos expresar también nuestra solidaridad con los trabajadores de prensa de la provincia de Mendoza, ya que el normal desarrollo de su trabajo corre el riesgo de ser perjudicado a partir de esta decisión política que generará distorsiones indebidas al ejercicio del derecho de informar. A esto se suma el perjuicio directo para la ciudadanía en lo que respecta a su derecho de recibir información.

Tal como ya lo señaláramos, esta modificación de la ley restringe a los fiscales y periodistas en su trabajo cotidiano. Las causas judiciales deberán someterse entonces a una especie de “filtro” y de “control político”, que inevitablemente se traducirá en una pérdida de la calidad, la oportunidad y la cantidad de la información producida por este órgano del estado, que afectará el derecho a la información que le asiste a la población de la provincia de Mendoza.

Esta pretendida reforma va en contra de la tendencia actual y del propio criterio de la Corte Suprema respecto de hacer más transparente y fluida la comunicación judicial. Sin duda también daña la libertad de expresión ya que esta interferencia del flujo informativo se torna aún más perjudicial en los casos en que se produzcan hechos policiales o investigaciones judiciales que conmocionen a la sociedad. Nada justifica impedir el diálogo entre fiscales y periodistas, en un marco de profesionalismo y respeto.

De esta manera, queremos dejar constancia de nuestro repudio a la decisión política del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo (UCR-Cambiemos), que impulsa esta ley que acota el acceso de la prensa a información judicial y fija sanciones para los funcionarios que incumplan la normativa.

Sostenemos que esta decisión se traduce en una embestida contra el libre ejercicio del periodismo en momentos donde se torna más que imperioso defender la libertad de expresión.

Por esta y otras razones que expresare en su oportunidad es que solicito a mis pares me acompañen en el presente Proyecto de Resolución.