La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su preocupación ante la creciente situación de criminalización de la protesta, cercenamiento a las libertades democráticas y violación a los derechos humanos que se vive en la provincia de Jujuy, expresadas en la detención de la diputada del Parlasur Milagro Sala por participar de un acampe, los despidos y suspensiones persecutorios a trabajadores estatales y del Ingenio La Esperanza, los juicios contra trabajadores de empresas como Aceros Zapla por ejercer su derecho a huelga y la detención de tres integrantes de la directiva del SEOM por reclamar mejores condiciones de trabajo para los municipales.

Asimismo, rechazar la aplicación de un nuevo Código Contravencional que permite que en los barrios populares la policía haya ganado más poder, habilitando a sistemáticas razzias, allanamientos y detenciones de jóvenes. Asimismo rechazamos la aplicación del Protocolo antipiquetes y de toda la legislación reaccionaria que se utiliza para judicializar la protesta de los trabajadores.

Señor presidente:

Traemos a consideración de esta Cámara un proyecto de resolución expresando nuestra profunda preocupación ante la creciente situación de criminalización de la protesta y cercenamiento a las libertades democráticas que se vive en la provincia de Jujuy.

Como parte del triunfo de Cambiemos, en diciembre asumió el gobierno jujeño una fórmula conformada por Gerardo Morales de la UCR y Carlos Haquim del Frente Renovador. Sin demoras, se procuraron una justicia sumamente adicta: ampliaron de cinco a nueve los miembros del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia para tener una mayoría automática. Convertida en un apéndice, la justicia comenzó actuar.

Mariano Miranda, ex apoderado de la UCR, ahora devenido en fiscal de Estado emprendió la cacería contra Milagro Sala, diputada por el Parlasur que realizaba un acampe junto al movimiento que lidera. Al revés de lo que se difunde, no fue detenida por ninguna acusación relacionada con hechos de corrupción sino por participar de una protesta, por “tumulto”. En su momento ya nos pronunciamos por su libertad entendiendo que sentaba un precedente muy peligroso de criminalización de la protesta social.

También trabajadores del Estado sufren persecución ideológica y despidos, como es el caso de los despidos en la Secretaría de Agricultura Familiar, o el caso del Ministerio de Educación donde hubo despidos de trabajadores por el mero hecho de ser afiliados a ATE.

Pero no se detendrían allí. La justicia también decidió impulsar el juicio oral contra Julio Mamani y sus compañeros del Sindicato de Aceros Zapla: el fiscal del caso pidió que se eleve la causa por “compulsión a la huelga”, delito netamente político.

También el gobernador Morales decidió avanzar sobre el Ingenio la Esperanza y proyecta realizar unos 800 despidos. Para eso comenzó con las suspensiones de 17 referentes, entre ellos Silvio “Choper” Egüez, miembro de la Comisión Directiva del sindicato.

Mientras tanto, se impuso un nuevo Código Contravencional y en los barrios populares la policía ha ganado más poder, habilita a sistemáticas razzias, allanamientos y detenciones de jóvenes. A su vez, los trabajadores de cooperativas se encuentran sin trabajo porque está frenada la obra pública.

Hace pocos días un nuevo hecho volvió a mostrar el carácter de la Justicia jujeña: se detuvo a tres integrantes de la directiva del SEOM (Sindicato de Empleados y Obreros Municipales). El domingo 15 de mayo fueron detenidos Adrián Mirkin y Santiago Saillant, y al coordinador de prensa Álvaro Sandoval por participar de un reclamo de mejoras en las condiciones de trabajo de los empleados municipales que terminó en un enfrentamiento con la policía provincial. El fiscal Gustavo Araya que dictó las órdenes de detención es el mismo que libró una de las tantas imputaciones contra Milagro Sala. Luego de una movilización en la provincia por su libertad, así como el pronunciamiento y viaje de referentes de organismos de derechos humanos, políticos y sindicales a los tribunales jujeños, fueron liberados. Recordemos que uno de ellos, Álvaro Sandoval, se encontraba internado por un deterioro de sus condiciones de salud. También fueron sometidos a duras condiciones en su lugar de cautiverio.

No podemos permanecer en silencio ante este gobierno decidido a terminar con cualquier reclamo obrero o popular. Jujuy hoy es territorio de presos políticos usados como rehenes para extorsionar a todos los que están sufriendo un ajuste que todo indica que se acrecentará.

Creemos que hay que encender esta alerta y pronunciarse inmediatamente por la libertad de Milagro Sala, contra la persecución a los dirigentes del SEOM, el cese de los despidos y la persecución en Aceros Zapla, contra los ataques a los obreros del Ingenio La Esperanza, por la derogación del Código Contravencional y el Protocolo antipiquetes, y toda legislación reaccionaria que sea utilizada para judicializar la protesta de los trabajadores.

Por las razones expuestas es que solicito a mis pares que sea aprobado el presente proyecto de resolución.