La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y 2014 del Reglamento para que por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como “PAMI”, y demás organismos competentes en la materia, informen a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación acerca de diferentes aspectos relacionados a la prestación de servicios de PAMI, de acuerdo a los siguientes puntos:

1. Régimen actual de cobertura de medicamentos y tratamientos y razones de recortes totales o parciales en la cobertura de los mismos;

2. Situación actual de los fondos y pagos para la provisión de medicamentos, servicios de internación, traslados y emergencias, servicios médicos de alta complejidad;

3. Situación actual de los fondos y pagos para prestaciones especiales tales como elementos ortopédicos, prótesis, marcapasos, entre otros servicios especiales;

4. Situación actual de los fondos y pagos para prestaciones sociales tales como el programa de voluntariado, UPAMI, cobertura de vivienda y alimentos, residencias geriátricas, subsidios económicos, y otras similares.

Señor presidente:

Argentina cuenta con un sistema de salud público y universal. El PAMI es la principal obra social que atiende a jubilados, pensionados, personas mayores de 70 años sin jubilación y ex combatientes de Malvinas, abarcando un universo de 4,5 millones personas mayores.

El PAMI, y otros organismos prestadores de servicios orientados a adultos mayores, sufrieron en esta última década un incremento sustancial de su universo beneficiario, ya que la cantidad de jubilados y pensionados se duplicó desde 2003, creciendo de 3.195.954 a los actuales 6.450.690, lo que representa un aumento del 102%.

La cobertura de enfermedades crónicas pasó de atender a 10.000 personas por mes en el 2007, a atender 1.500.000 en el 2015, lo que permitió acceder a las medicaciones para tales enfermedades a aquellas personas mayores que cobran la jubilación mínima.

Por su parte, aquellas medidas tendientes a garantizar la seguridad económica entre los adultos mayores lograron la disminución de la pobreza en ese sector social, que descendió del 27,2% al 2,3% en los últimos diez años.

Bajo el paraguas discursivo de la “herencia recibida”, el Gobierno Nacional actual viene planteando que la situación financiera del PAMI es alarmante, a pesar de lo cual ha manifestado que no habría ninguna prestación en riesgo, y que la totalidad de las prestaciones que los afiliados requiriesen estaría garantizada.

Sin embargo, la Confederación Farmacéutica Argentina anunció que las farmacias prestadoras del convenio PAMI en todo el país “se verán obligadas a suspender el crédito a los afiliados del Instituto en virtud de la ruptura de la cadena de pagos”, asegurando que el atraso en los cobros en algunos casos “se remontan al mes de febrero” pasado. En un comunicado, la Confederación señaló que los medicamentos no se venderán con descuentos a los afiliados del PAMI porque las farmacias “se ven imposibilitadas de hacer frente a sus compromisos con los proveedores y se enfrentan al corte de su capacidad de aprovisionamiento de medicamentos”.

La medida de los farmacéuticos complica la situación de los jubilados y pensionados afiliados al PAMI, que desde comienzos de año empezaron a tener que pagar medicamentos que hasta el 10 de diciembre de 2015 eran gratuitos. El listado incluye alrededor de 160 remedios de “consumo extendido” entre los afiliados, según reconocieron públicamente las actuales autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Entre ellos se destacan algunas variantes de la amoxicilina, compuesto utilizado para enfermedades respiratorias, o productos conocidos como Alplax Digest o Bronquisedan.

En tanto, otros fármacos perderán la cobertura total. Esos remedios, según el mencionado comunicado, "fueron excluidos de la lista luego de que el citado análisis revelara la existencia de un grupo de medicamentos cuya evidencia médica disponible no resulta suficiente para determinar beneficios clínicos significativos".

Estos cambios ya comenzaron a regir y los medicamentos excluidos de la cobertura del 100% mantendrán descuentos, que serán de entre 50% y 80%. Así los beneficiarios del PAMI quedan a merced de las empresas farmacéuticas sobre el valor de los remedios necesarios para asegurar su salud y bienestar.

Entendemos que el derecho a la salud integral es un derecho humano fundamental del cual el Estado es el principal garante. Más aún cuando se trata de una población vulnerada como los adultos mayores, quienes han aportado a la economía nacional con su fuerza de trabajo durante décadas y merecen una vejez digna y saludable.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de resolución. Muchas gracias.