La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y 2.014 del Reglamento para que por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y demás organismos competentes en la materia, informen a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación acerca de diferentes aspectos relacionados con las denuncias que el Movimiento Campesino de Santiago del Estero - Vía Campesina y el Movimiento Nacional Campesino Indígena han efectuado, respecto al nuevo ataque armado a la comunidad indígena guaycurú de Bajo Hondo (Provincia de Santiago del Estero), acontecido el día 24 de septiembre del corriente año, por parte de una banda armada que ingresó en tres camionetas de la empresa Manaos, y cuyo saldo fue una persona herida de bala, la quema de ranchos y vehículos, la muerte de animales y varios disparos contra las familias, de acuerdo a los siguientes puntos:

- Acciones desarrolladas por el Estado Nacional a los fines de aportar al esclarecimiento de los hechos denunciados por las organizaciones campesinas y la consecución de justicia para las víctimas

- Acciones desarrolladas por el Estado Nacional para garantizar la integridad física y los Derechos Humanos de los y las integrantes de la comunidad indígena guaycurú de Bajo Hondo

- Acciones desarrolladas por el Estado Nacional para proteger el derecho a la tierra y la vivienda de las y los integrantes de la comunidad indígena guaycurú de Bajo Hondo

- Acciones desarrolladas por el Estado Nacional para proteger las propiedades y bienes de las y los integrantes de la comunidad indígena guaycurú de Bajo Hondo

- Beneficios estatales de cualquier tipo que reciba la empresa Manaos y el empresario Orlando Canido, incluyendo incentivos fiscales, créditos y subsidios

Señor presidente:

Según denuncian el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) Vía Campesina y el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el pasado sábado 24 de septiembre a las 9 horas, tres camionetas de la empresa Manaos de Orlando Canido, cargadas con quince personas armadas con pistolas y rifles, entraron nuevamente a los tiros a la comunidad indígena guaycurú de Bajo Hondo, provincia de Santiago del Estero.

De acuerdo al comunicado de las mencionadas organizaciones, la banda armada empezó a perseguir a las familias de la comunidad, que se tuvieron que refugiar en el monte con sus hijos e hijas, mientras veían como prendían fuego a las viviendas y a los vehículos de la comunidad. En esta secuencia de tiros, dispararon a los vehículos y Pedro Campos, un miembro de la comunidad, recibió un balazo en la pierna y se encuentra pendiente de operación para extraerle la bala.

Después de prender fuego a los ranchos y viviendas de la comunidad (que habían sido reconstruidas tras otro ataque ocurrido en el mes de julio), la emprendieron contra los animales vacunos, matando a seis e hiriendo a más de catorce. Pasaron por el pozo, destruyeron el brocal y lo envenenaron nuevamente. Incluso atacaron a los dos policías que debían cuidar a las familias y que se encontraban en la orilla del campo. Después de esto, se retiraron del territorio comunitario. Al cabo de un rato, se hizo presente una comitiva policial que hasta el momento, afirman las organizaciones campesinas, no actuó para detener a los responsables.

El modo de actuar violento y mafioso de Orlando Canido, el dueño de Gaseosa Manaos que en varias ocasiones se ha presentado en el campo comunitario queriéndose adueñar del mismo, ha sido públicamente denunciado durante años, con aporte de pruebas, filmaciones, denuncias, etc. Las comunidades y organizaciones llevan meses denunciando el incremento de la violencia, la presencia de bandas armadas, los amedrentamientos en las rutas, las muertes de animales y cortes de alambre y el Poder Judicial aún no interviene, garantizando la impunidad de los autores materiales e intelectuales de estos hechos de violencia.

Las organizaciones campesinas vienen denunciando desde hace tiempo los atropellos que sufren tanto sus miembros y adherentes, como campesinos independientes. Esos ataques se vienen dando en forma sistemática desde hace más de una década, traduciéndose en desalojos compulsivos e ilegales a quienes hace decenios ocupan y trabajan parcelas de tierra. Además, a esta situación se agregan detenciones ilegales, torturas, amenazas de muerte e intimidaciones con el solo objeto de que abandonen sus tierras para así procurar a grupos poderosos que quieren instalar en dichas tierras para el abastecimiento de sus empresas.

Desde mediados de los años ’70, y con mayor fuerza durante la década del ’90, en el ámbito rural ha crecido el agro-negocio. Los cambios tecnológicos, la implantación de la semilla transgénica y el aumento de precio de los commodities en el mercado mundial, han contribuido a un proceso de agriculturización haciendo necesario, a su vez, por la misma lógica productiva, mayores extensiones de tierra. Lo que trae como consecuencia el desmonte de extensas superficies, y el atropello sobre comunidades campesinas e indígenas quienes tradicionalmente habitan esas tierras.

Según un informe de Observatorio de Comunidades Campesinas de Santiago del Estero, esa Provincia argentina es la que mayor proporción de población campesina tiene. Alrededor del 40% de la población de la Provincia vive en el campo por lo que en los últimos años se ha intensificado la violencia en los casos de conflictos por la tierra en la región. En este marco, consideramos que es de crucial importancia dar cuenta de los conflictos vinculados con la creciente judicialización y desalojos de dichas comunidades.

El Papa Francisco ha sintetizado en la consigna “Tierra, Techo y Trabajo” lo que Argentina ha suscrito en los tratados internacionales de Derechos Humanos. Entendemos necesario que esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación se pronuncie institucionalmente repudiando estos hechos aberrantes en una expresión de solidaridad con las comunidades afectadas que sólo desean vivir tranquilas y producir alimentos sanos en sus tierras, así como también un reclamo de justicia para que se termine de una vez con la impunidad.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de resolución. Muchas gracias.