El Senado y Cámara de Diputados...

IGUALACIÓN DE DIETAS Y HABERES DE LEGISLADORES Y FUNCIONARIOS POLÍTICOS CON EL SALARIO DOCENTE

Artículo 1°.- Iguálese el monto total de las dietas y/o haberes que perciben los/as legisladores nacionales y todos los/as funcionarios/as políticos/as de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación con el salario que percibe mensualmente un/a docente que trabaja 36 horas cátedra, con 20 años de antigüedad, en la provincia de Buenos Aires, o el equivalente a dos salarios iniciales docentes en la misma provincia.

Artículo 2°.- A partir de la vigencia de la presente ley, los/as legisladores nacionales y funcionarios/as políticos/as del Poder Ejecutivo y Legislativo de la Nación sólo podrán percibir aumentos en sus dietas y/o haberes en el mismo momento y en la misma proporción a los aumentos que registren los haberes que percibe un/a docente, según lo estipulado en el artículo 1º de esta ley.

Artículo 3°.- Invítese a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley nacional, igualando las dietas y/o haberes de sus legisladores y funcionarios políticos de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1° y 2° de la presente ley.

Artículo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

Traemos a consideración de esta Cámara un proyecto de ley que tiene por objeto la igualación de dietas y haberes de los legisladores y funcionarios políticos con el salario percibido por los trabajadores docentes que en estos días encabezan una de las primeras negociaciones paritarias del 2016, en las que se intenta establecer un piso para la negociación salarial del resto de los trabajadores.

Al respecto, cabe señalar que a pesar del decreto que suspende la difusión de estadísticas oficiales -como las referidas a los índices de precios o a la situación del empleo-, es sabido que medidas como las que favorecen el incremento del dólar en más de un 40% así como la baja de las retenciones a los exportadores agrícolas -entre otras- han favorecido en los últimos meses un nuevo salto en la inflación y una suba escandalosa en el costo de los alimentos e insumos de primera necesidad. Con el fin de mantener para las patronales los beneficios de los que ya gozaban bajo la década kirchnerista, también la rebaja de los subsidios a las empresas de servicios como la luz, el gas, el transporte y los peajes se tradujo en el anuncio de tarifazos de hasta el 500%, que afectarán más aún el bolsillo de miles de familias en los próximos meses. Como si fuera poco, mientras el salario sigue perdiendo su poder de compra, miles de empleados estatales y privados siguen siendo arrojados directamente a la calle en todo el país.

Esta situación contrasta nítidamente con la que viven los funcionarios políticos y legisladores nacionales, cuyas condiciones de vida nada tienen que ver con las del pueblo trabajador. Recientemente, sin ir más lejos, se dio a conocer la noticia de que el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, cobró su primer sueldo bruto con un 30,06% de aumento respecto al percibido en 2015 por Cristina Fernández de Kirchner, pasando de los $100.624 que cobró durante ese año la ex jefa de Estado a los $131.421,89 percibidos en el mes de enero por el actual mandatario. Pasado a sueldo neto, esto significa que el Presidente de la Nación cobra de bolsillo $77.855,65, casi 13 veces más que el salario mínimo, vital y móvil fijado hoy en los $6.060.

Por su parte, según el Ministerio de Modernización de la Nación, los ministros de Gabinete del gobierno actual percibieron durante su primer mes de gestión un sueldo bruto de $115.842, mientras que los secretarios cobraron $106.104 brutos y los subsecretarios $94.432. Como también sucede con los/as diputados/as y senadores/as nacionales, que perciben según su antigüedad entre $60.000 y $70.000 mensuales de bolsillo, a estos montos ya abultados hay que sumar numerosos privilegios -como los canjes de pasajes, montos en efectivo para viáticos y gastos de representación-, que en cifras también superan varias veces a las que percibe mensualmente cualquier trabajador, que como la mayoría de la clase obrera del país no alcanza a cubrir con su salario siquiera el costo de la canasta familiar.

Al respecto, destacamos que según la Dirección General de Estadísticas y Censos dependiente del Ministerio de Hacienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para una familia que alquila y está compuesta por un matrimonio con dos hijos la canasta básica total (que establece el ingreso mínimo requerido para no ser pobre) era en diciembre de 2015 de $15.739,48. Sin embargo, si se considera que este cálculo comprendía ítems subestimados -como en transporte y vivienda, entre otros-, debemos afirmar que su costo, ya para ese entonces, era en realidad aún mayor. También otro estudio realizado por la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado del Instituto Nacional de Estadística y Censos calculaba que para diciembre de 2015 el ingreso mínimo mensual que debería tener un/a trabajador/a era de $15.677.

Si como estipula la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 116, el "salario mínimo vital, es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión", tenemos que concluir que los cálculos de las canastas hoy superan fácil y ampliamente los $16.000 mensuales arriba señalados y que para los trabajadores/as que tienen carga de familia este salario no debería por lo tanto inferior a dicho monto.

No obstante esto, los ingresos de la gran mayoría de los/as asalariados/as están bien lejos de alcanzar en la actualidad esos valores. Así lo revelan, por ejemplo, las estadísticas del INDEC en su Encuesta Permanente de Hogares del segundo trimestre de 2015, según la cual la mitad de la población relevada en esa fecha tenía ya ingresos menores a los $6.500 mensuales para el principal ocupado de la familia. Según esta misma encuesta, el ingreso total de la mitad de las familias encuestadas era de $10.170 mensuales. La "emergencia estadística" implica que no haya datos actualizados, pero considerando el escenario actual resulta evidente que la situación de carestía alcanza a gran parte del pueblo trabajador.

De más está decir que este panorama es aún más crítico para el 53% de los trabajadores que sufre algún tipo de precarización laboral (como sucede con buena parte de los trabajadores estatales que hoy son acusados de "ñoquis" por los funcionarios del Gobierno) y para el 33% de los empleados que siguen sin estar registrados (como sucede con la amplia mayoría de los peones rurales y los empleados de comercio). Claramente, la situación es todavía más alarmante para quienes se encuentran directamente desocupados y para la amplia mayoría de los jubilados del país. Lo demuestran por ejemplo los anuncios recientes del gobierno nacional, que establecen una "suba" en las jubilaciones y asignaciones familiares que no alcanza siquiera a recomponer el ya escaso poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2015 con el nuevo salto en la inflación.

De acuerdo a esos anuncios, el monto a abonar desde de marzo de este año a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo pasará de los $837 a $966. Se trata de una verdadera miseria para familias que, en la enorme mayoría de los casos, sufren las consecuencias de la informalidad laboral, del trabajo no registrado o precario, o directamente del desempleo. Si se la compara con el costo de vida per cápita familiar para enero de este año, estimado en $2.408 según los datos difundidos para la Ciudad de Buenos Aires por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), no cabe menos que señalar que esta cifra continúa cuanto menos siendo irrisoria.

En el caso de las jubilaciones, el gobierno anunció que las mismas aumentarán en marzo de 2016 en un 15,35%, por lo que la jubilación mínima pasaría a equivaler a los $4959, es decir, 26 veces menos que el monto neto percibido por el Presidente de la Nación y muy por debajo incluso de las últimas estimaciones difundidas por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, que señalan que el valor de la canasta básica para los jubilados sería hoy de $8.940. De acuerdo con la actualización anunciada, y considerando que el 70 % de los jubilados cobran el haber mínimo, puede deducirse que sus ingresos en marzo serán apenas algo más de la mitad de esta canasta.

Los abultados sueldos de los funcionarios políticos, diputados y senadores nacionales, se convierten en este marco en una verdadera provocación para la mayoría de la población. Y este hecho se agrava si consideramos que las medidas de ajuste y devaluación apuntan a seguir disminuyendo el poder adquisitivo de los asalariados.

La intención de imponer un techo del 25% en las paritarias nacionales, declarada ya por los empresarios, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, es parte de este plan que busca descargar la crisis sobre los trabajadores y el pueblo. Una de las primeras en realizarse son, como es sabido, las paritarias docentes. Para ilustrar nuestro cuestionamiento -y dado que con la menemista Ley Federal de Educación, vigente en este aspecto, se eliminó la escala salarial a nivel nacional trasladándola a los distritos-, tomamos entonces como referencia que una maestra de grado con 10 años de antigüedad percibe hoy en la provincia de Buenos Aires $7594 de bolsillo por cargo, es decir solo el 10% de lo que cobra por mes un legislador nacional.

¿Por qué un/a diputado/a o funcionario/a político/a puede cobrar por mes hasta trece veces más de lo que percibe un/a maestro/a de grado que tiene a su cargo entre veinte y treinta niños/as y cuya tarea es de gran importancia, puesto que hace a la educación de nuestros hijos e hijas? La explicación es sencilla. Para garantizar normas favorables a los intereses de los grandes empresarios, banqueros, terratenientes y operadores de bolsa, es necesaria una casta especial de políticos profesionales, que viva como los altos gerentes de las grandes empresas y a la que no le tiemble el pulso a la hora de gobernar y legislar en favor de los grandes capitalistas y grupos económicos. Muestra de ello -aunque no la única- es la conformación actual del gabinete de ministros del Presidente Mauricio Macri, integrado casi en su totalidad por gerentes de las multinacionales, bancos y representantes de las patronales agrarias.

Esta alevosa desigualdad entre un pequeño grupo de funcionarios políticos que viven como ricos y millones de trabajadores y pobres que no llegan a fin de mes, tiene el único objetivo de perpetuar este régimen social basado en la explotación. Un sistema en el que sean los/as trabajadores/as quienes garanticen las enormes ganancias capitalistas y paguen también sus inevitables crisis, como busca imponerse ahora con medidas de ajuste, tarifazos, inflación y "cepo" salarial.

Los privilegios de los que gozan los/as diputados/as, senadores/as y funcionarios/as políticos/as contrastan con las condiciones de vida, las necesidades y los padecimientos de la amplia mayoría del pueblo pobre y trabajador. Por eso, constituye una gran falacia que para justificar tales privilegios se sostenga que quienes ocupan cargos políticos deben cobrar sueldos millonarios para "ejercer su función", como si el trabajo de un/a obrero/a, de una empleada doméstica o de un/a maestro/a de grado no valiera nada, y la "función pública" fuera algo para "especialistas".

Hoy en la Provincia de Buenos Aires, un/a docente con 20 años de antigüedad y 36 horas cátedra percibe de bolsillo $15.938, lo que representa aproximadamente tres veces el salario mínimo -aunque según datos difundidos recientemente por el sindicato docente SUTEBA, el 50% de los maestros de esta provincia no llega a percibir más de $10.000 de bolsillo por mes-. Siguiendo con lo anterior, de aprobarse el presente proyecto de ley, el monto total de las dietas y/o haberes de los/as legisladores/as nacionales y de todos/as los/as funcionarios/as políticos/as debería equipararse con ese salario mínimo. A la vez, esta medida mínima debería acompañarse de otras, como la revocabilidad de los cargos y/o mandatos por parte de los electores.

Por todo lo expuesto, se solicita a las y los señores diputados la aprobación del presente proyecto de ley.