La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el “Programa UBA XXII” de educación en contextos de encierro que es desarrollado desde 1985 por la Universidad de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal.

Señor presidente:

A partir del retorno de la democracia en 1983, la Universidad Pública adquirió un rol esencial como garante del derecho a la educación. En 1985 se firmó el primer convenio entre la Universidad de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal mediante el cual se creó el Programa UBA XXII que tuvo como finalidad garantizar el acceso a la formación universitaria curricular y extra curricular de personas que se encuentran privadas de su libertad.

Posteriormente, en 1993 y como consecuencia del interés que despertó esta iniciativa y debido a la gran cantidad de personas que buscaban la posibilidad de estudiar, el Programa de Estudios de la Universidad de Buenos Aires en el Servicio Penitenciario Federal pasó a depender de la Secretaria Académica de la Universidad.

Este Programa permite a las personas privadas de su libertad ejercer un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución Nacional y en diferentes tratados internacionales tales como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como así también en la propia Ley de Ejecución Penal.

Desde sus comienzos hasta el día de hoy, el Programa fue creciendo y ampliándose con la ayuda de la comunidad universitaria y con el esfuerzo de aquellas personas que reclamaban una herramienta para transformar su realidad. A fuerza de voluntad adecuaron los espacios del servicio penitenciario para que este fuera acorde a un ámbito de estudio.

Quienes pretendían estudiar dentro de un contexto de encierro atravesaron diferentes momentos de tensión, debates y logros en el camino de ejercer su derecho llegando incluso a canalizar sus reclamos mediante huelgas de hambre y así lograr que las autoridades penitenciarias escucharan sus pedidos. A pesar de ello, lograron dar un paso adelante frente a los obstáculos que iban presentándose. Tales progresos se ven

reflejados en diferentes estadísticas, las cuales son contundentes: según un estudio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria de la Nación hasta el año 2015 la tasa de reincidencia de las personas que estudian es de un 15% frente a un 40% de los que no lo hacen, es decir que el 85% de las personas que estudian en un contexto de encierro no vuelven a la cárcel.

A su vez, gracias a esta herramienta igualadora e inclusiva, a lo largo de 30 años más de 3.000 alumnos participaron en diversas actividades académicas, mientras que más de quinientas personas obtuvieron un título universitario durante el cumplimiento de su pena. Es importante destacar que este programa otorga la posibilidad de estudiar las carreras de Abogacía, Letras, Filosofía, Contador Público, Administración de Empresas, Psicología, Sociología y Trabajo Social, además de diferentes talleres y actividades educativas.

La educación es un derecho que hace a la condición del ser humano, posibilitando el desarrollo de un lazo de pertenencia a la sociedad y la transmisión y recreación de la cultura. Independientemente del contexto en el que se encuentra la persona que quiera ejercer este derecho el Estado debe garantizarlo y proveer todos los medios necesarios para que los ciudadanos puedan acceder a la educación.

Iniciativas como estas dan muestra de que el avance como sociedad es posible y sin lugar a dudas reivindica valores que todos debemos compartir, a la vez que dan muestra del rol fundamental que tiene hoy la Universidad Publica llevando la educación a lugares donde históricamente era inimaginable. Tenemos el compromiso y el deber de acompañar este tipo de medidas y destacar su importancia en la comunidad.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.