La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Instar al Ministerio de Trabajo a que intervenga para que los 36 trabajadores de la empresa petrolera San Antonio Internacional despedidos -mientras regía un acuerdo de suspensión de despidos establecida en la Resolución 365 de dicho Ministerio- sean reincorporados, anulando su despido. También se encuentran 10 delegados, que han sido separados arbitrariamente de sus puestos de trabajo y de sus funciones por la empresa, que ha anunciado que iniciará procesos de desafuero. Para ellos se plantea que el Ministerio de Trabajo tome la resolución de su inmediata reinstalación y pago de los salarios haciendo cumplir las garantías de sus fueros gremiales.

Señor presidente:

La industria petrolera está subsidiada con sumas millonarias, por el mecanismo del sobreprecio que se paga por el petróleo y el gas en boca de pozo, respecto a sus valores internacionales. Fue una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno y el Ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren. En enero se definió que este subsidio no sería menor a cinco mil millones de dólares y que se aplicaba para impedir los despidos. Esta medida le dio continuidad a similares medidas adoptadas durante el gobierno de Cristina Kirchner. Pero ya en 2015 las compañías petroleras subsidiadas despidieron a mil trescientos trabajadores. En 2016, con el gobierno de Mauricio Macri, los despidos en esta industria subsidiada ya llegan a cuatro mil bajo distintas modalidades de discontinuidad del contrato laboral. Y persisten amenazas de decenas de miles de despidos que las petroleras manifiestan que van a aplicar (se dice que YPF licenciaría a 1000 trabajadores en el Sur).

Claramente, entonces, el subsidio apunta a sostener la enorme renta petrolera de las compañías petroleras y no la actividad industrial, porque siguen quitando equipos de producción y perforación, en los campos petroleros.

Los despidos han provocado medidas de acción de parte de los trabajadores, como el paro general de todo Comodoro Rivadavia del 6 de mayo, que logró que Pan American Energy volviera a poner en producción equipos que había retirado.

Las paritarias provocaron más crisis: ya que se inició el intento de modificar el régimen laboral y provocar una rebaja salarial y aumento de la precarización y explotación laboral. Formalmente ridículo si el problema es que despiden por baja de producción. Mientras los subsidios siguen en pie.

Los mecanismos de saqueo de recursos naturales y humanos, de la privatización de YPF de los años noventa, de su reafirmación en la última década, son ahora recuperados en un nuevo ciclo de remate de los hidrocarburos y valorización de capitales parásitos, que lleva como condición la rebaja salarial, mayor flexibilidad laboral y despidos.

En este camino, en el marco de las paritarias y luego de un paro nacional petrolero, los secretarios generales de los sindicatos petroleros, sin dar a conocer a los trabajadores y sin un verdadero debate en asamblea, firmaron la resolución ministerial 365, del 26 de julio. Allí se establece una comisión de “productividad” para eliminar derechos, aumentando el riesgo de accidentes y avanzar hacia las 8 hs de jornada, que implica rebaja salarial, sin compensación alguna.

Esa comisión iba a funcionar desde el 8 de agosto pero la empresa San Antonio Internacional, contratista de YPF, se adelantó a la misma. El 27 de julio, envió telegramas de suspensión sin goce de sueldo por 30 días, para 202 trabajadores petroleros de Chubut y Santa Cruz, efectivas a partir del 1° de agosto. San Antonio Internacional ‘podía’ suspender sólo hasta el 5% del personal amparándose en esta resolución. Es decir que San Antonio Internacional violó las normas acordadas. El 28 de julio, el Ministerio de Trabajo apercibe a la empresa, para que deje sin efecto las suspensiones, pero la empresa no acata. A partir de esto, los trabajadores adoptaron medidas de fuerza, que es su derecho. La empresa San Antonio Internacional despidió a 48 trabajadores por esto, con el argumento de que esa lucha estaba afuera de la ley. Pero los trabajadores adoptaron esta medida amparados en la Resolución ministerial que exhorta a las empresas a no despedir por 30 días. Los telegramas de suspensiones hasta la fecha siguen en pie. Las empresas quieren que los trabajadores absorban los costos de esta crisis. San Antonio Internacional es en realidad un primer paso de prueba de los monopolios que operan en la actividad, pero quieren extender este operativo a todas las compañías petroleras. Estos trabajadores han defendido el trabajo y el trabajador de esta industria en el país.

La empresa maniobra para confundir: un día afirma ante el Sindicato que levanta las suspensiones y cuando se presentan a trabajar los compañeros no se les permite tomar funciones. El gobierno se somete y deja pasar la prepotencia patronal. En la vecina ciudad petrolera de Caleta Olivia, el gobierno envío la gendarmería y la policía a reprimir. En tanto los telegramas de 36 despidos de trabajadores y la separación (sin goce de salario) de 10 delegados continúan. Los 30 días en los que supuestamente no podían despedir vencen el 10 de septiembre. Es necesario que esta Cámara de Diputados se pronuncie a favor de este Proyecto de Resolución para frenar esta prepotencia del capital extranjero. De lo contrario no sólo se estará cometiendo una arbitrariedad contra los trabajadores, sino que se abrirá el camino para nuevos despidos en esta industria estratégica para los argentinos.

Por estas razones solicitamos a los señores diputados la aprobación del presente proyecto.