La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por el centésimo aniversario de la asunción del Dr. Hipólito Yrigoyen, primer Presidente electo mediante el voto universal, secreto y obligatorio en nuestro país, hecho ocurrido el 12 de octubre de 1916.

Señor presidente:

El 2 de abril de este año se cumplieron 100 años de la elección de D. Hipólito Yrigoyen como Presidente de la Nación. Y el 12 de octubre próximo se conmemorarán los 100 años de su asunción. Este evento fue la cristalización de unos de los objetivos fundacionales de la Unión Cívica Radical: fortalecer las instituciones a través del voto popular para que las mayorías estén representadas.

Distintos historiadores han estudiado en profundidad aquellos años que marcaron un notable punto de inflexión en el discurrir de nuestras instituciones. La democracia comenzó a cobrar un sentido palpable para una sociedad argentina inmersa entonces en profundas transformaciones, dejando de ser mera palabra, una vaga noción presente más en los libros de filosofía que en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Hoy damos por sentado que la representación de las mayorías es prerrequisito para todo sistema que se considere democrático. Casi tenemos naturalizada esa idea, perdiéndose de vista que no siempre ha sido así. No lo era, por caso, para la clase política que asumió el liderazgo de la organización institucional con posterioridad a la guerra de la Independencia y la subsiguiente guerra civil desatada, luego de la cual las provincias acordaron el texto de la Constitución de 1853, a la que se sumó años más tarde la provincia de Buenos Aires. Los distintos gobiernos que siguieron a la sanción de la Ley Fundamental asumieron sobre la base de la lucha facciosa en el mejor de los casos, cuando no producto del fraude. En ningún caso a través de elecciones libres. La asunción de Yrigoyen, en 1916 -luego de que la Unión Cívica Radical depusiera su política de intransigencia frente al régimen oligárquico (“El Régimen” a secas, como lo apostrofaba Yrigoyen) y de abstención electoral como repudio al fraude sistemático-, es el evento que cambia nuestra historia política. Pasamos de ser un sistema basado en el elitismo a una democracia basada en la voluntad popular.

Sin embargo, el aniversario no quiere evocar solo la figura de Yrigoyen y el surgimiento del radicalismo como primer partido popular moderno y democrático, sino además reivindicar a aquellos jóvenes que valientemente confrontaron, primero por la fuerza y después con la política, contra un sistema refractario a las mayorías. El enfrentamiento por la fuerza culminó con la revolución del 4 de febrero de 1905, tras las de 1890 y 1893, una muestra clara del hastío de las clases populares y de los crecientes

contingentes de clase media contra el gobierno. La Ley Sáenz Peña fue la respuesta política, estableciendo el sufragio secreto y obligatorio. La asunción de Hipólito Yrigoyen es, nuevamente, el resultado de esta lucha en sus distintas fases históricas.

Los logros y objetivos pasados de un partido político, sin embargo, no son en sí mismos valiosos sino en la medida que iluminan el presente. 1916 plantea dilemas que siguen siendo vigentes hoy, comprometiéndonos como legisladores y defensores de la Constitución. En tanto nuestra Constitución consagra que el “sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio”, convierte aquel objetivo levantado por aquellos jóvenes, en el deslinde de los siglos XIX y XX, en una obligación a ser garantizada por cualquier partido político que se precie de democrático y popular.

En definitiva, señor presidente, el primer centenario de la asunción de Yrigoyen al poder nos interpela en dos sentidos: por qué somos legisladores y para qué lo somos. Somos legisladores porque jóvenes militantes del pasado pelearon apasionadamente por un ideal en pos del alumbramiento y fortalecimiento de las instituciones democráticas. Algo evidente hoy, pero que no lo era un siglo atrás para una clase política aferrada al privilegio y al conciliábulo de elite.

Y somos legisladores para efectivamente cumplir con aquellas metas del radicalismo, compromiso para nosotros todos, sea cual sea nuestra filiación partidaria. No es un objetivo de la Unión Cívica Radical, sino una obligación de todas las agrupaciones con representación de la sociedad.

Por las razones expuestas es que solicito el apoyo de mis colegas al presente Proyecto de Declaración.