La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio y profunda preocupación por la designación del señor Raúl Ramírez como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha Contra el Narcotráfico de la Provincia de Córdoba, ya que integró entre 1976 y 1984 el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia, más conocido como D2, donde se perpetraron violaciones a los Derechos Humanos.

Señor presidente:

El actual Fiscal de Instrucción del fuero de Lucha Contra el Narcotráfico de la Provincia de Córdoba, Raúl Ramírez, integró entre 1976 y 1984 el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia D2, sitio creado como división especial para perseguir y reprimir lo que se consideraba un tipo diferenciado de delito definido genéricamente por el terrorismo de Estado como “subversión”.

Bajo el supuesto delito de “subversión” se perseguía, secuestraba, torturaba y desaparecía a ciudadanos y ciudadanas en función de su opinión, afiliación y/o activismo político o gremial. La lista de víctimas incluyó en Córdoba y todo el país a menores de edad con militancia estudiantil, política y religiosa.

A lo largo del territorio argentino funcionaron, durante la dictadura militar (1976-1983), más de 500 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Muchos se hallaban integrados en la trama urbana de las ciudades y daban lugar a una siniestra pero significativa coexistencia de normalidad y terror.

El del Departamento de Informaciones D2 se ubicó en una casona en la esquina de Mariano Moreno y Caseros de la ciudad de Córdoba, sede que fue utilizada como Centro Clandestino de Detención y Tortura, y, paradójicamente, también fue el lugar donde los ex detenidos debían firmar la “libertad vigilada”.

Ramírez trabajó como policía, luego como funcionario político y finalmente Fiscal de Instrucción, y nunca trascendió su paso por el D2 hasta que, recientemente y gracias a una investigación del periodista Dante Leguizamón, trascendió públicamente esta información. El dato surge de la investigación judicial realizada en 1997 por el fiscal de instrucción Juan Marcelo Sanmartino para quien la Policía confeccionó una lista de los efectivos que pasaron por esa dependencia cuando el Departamento de Investigaciones D2 era el brazo represor de la Policía de la Provincia de Córdoba.

En la lista de integrantes del D2 durante la última dictadura que consta en el Poder Judicial, además de figurar el nombre de Ramírez, aparecen represores como Carlos Yanicelli, quien ha sido condenado por crímenes de lesa humanidad en varias causas, incluyendo la “Megacausa La Perla” cuya sentencia se conoció el pasado 25 de agosto del corriente año.

Entre el 2000 y el 2005, Ramírez formó parte de la policía de Córdoba como titular de la División Asuntos Internos y luego como jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas. En enero de 2013 quedo a cargo de la coordinación de la Lucha Contra el Narcotráfico para posteriormente pasar a la Dirección de Planificación Estratégica y Capacitación del Ministerio de Seguridad provincial. El 27 de setiembre de 2013 fue nombrado Secretario de Políticas de Seguridad del Ministerio de Seguridad. Hasta que, en el año 2015, la legislatura le dio el acuerdo para alcanzar su actual cargo dentro del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba como Fiscal de Instrucción Penal.

En el concurso de antecedentes y oposición que rindió ante el Poder Judicial, como en las entrevistas de que se realizan a los aspirantes a ocupar el cargo que detenta actualmente como Fiscal, Ramírez omitió mencionar su paso por el D2, arguyendo ahora que sólo estuvo unos pocos meses y no tuvo ningún cargo jerárquico en el mismo. Sin embargo, el ocultamiento de esa información representa desde ya una falta grave que se suma a su ya gravísima participación en el ex Centro Clandestino de Detención y Tortura conocido como D2.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración. Muchas gracias.