El Senado y Cámara de Diputados...

LEY PARA FIJAR LA DIETA SALARIAL DE LOS DIPUTADOS Y SENADORES NACIONALES

Artículo 1°: La dieta de los legisladores nacionales (Diputados y Senadores), al igual que los salarios de los máximos funcionarios del Poder Ejecutivo, Presidente y Vice Presidente de la Nación, del Poder Ejecutivo de las provincias y de los miembros de la Corte Superior de Justicia de la Nación, equivaldrán a 4 (cuatro) veces el importe del salario mínimo, vital y móvil, vigente nacionalmente. Al mismo tiempo el importe no podrá superar el mayor salario de convenio colectivo vigente en el ámbito nacional. Los niveles salariales del personal superior del Estado nacional se escalafonarán, en orden descendente, a partir del tope salarial antes indicado.

Artículo 2º: Las dietas y salarios mencionados en el Artículo 1º de esta ley serán incompatibles con cualquier otro ingreso económico, público o privado, derivado de jubilaciones o pensiones o de rentas de explotaciones privadas de cualquier índole. Por lo tanto, mediante declaración jurada ante los organismos públicos empleadores, su importe deberá ser descontado de la dieta o salario correspondiente.

Artículo 3º: Queda expresamente prohibida toda partida de fondos reservados en el ámbito de la Nación como así también todo adicional liquidado como gasto de representación o similares.

Artículo 4º: Tanto el patrimonio, su origen, como los ingresos de los legisladores y funcionarios comprendidos en esta ley serán de público conocimiento mediante declaración jurada pública. La declaración jurada se renovará anualmente y en ella deberán constar ingresos y egresos de todo orden, a saber: tarjetas de crédito, cuentas bancarias, gastos de viaje y evolución patrimonial con detalle de origen de fondos.

Artículo 5º: De forma.

Señor presidente:

La dieta salarial de un Diputado de la Nación es en la actualidad de 70.667,10 pesos netos (incluyendo 10 mil pesos de “gastos de representación”).

De acuerdo con los datos publicados por el INDEC para el primer trimestre de 2016, la remuneración neta promedio de los trabajadores registrados se calcula en 14931 pesos, ¡cinco veces! menos que el sueldo de un legislador. Si se tomaran en consideración los bajísimos salarios del 40% de los trabajadores no registrados, la diferencia se incrementaría de manera brutal. El promedio salarial de la clase trabajadora no supera el 40% de la canasta familiar.

A esto hay que agregar la extendida corrupción de funcionarios y legisladores que han engrosado sus patrimonios de manera fabulosa, y los desfalcos del patrimonio público a través de negociados de la patria contratista que involucran a todos los bloques capitalistas que ejercen o han ejercido el poder ejecutivo nacional o a nivel provincial, como se evidenció de manera escandalosa recientemente con el caso López. Es evidente que al régimen político de la patria contratista siguió el de la patria privatizada, y lo que hizo fue ampliar la corrupción de un Estado al servicio de los capitalistas y de la banca acreedora.

De acuerdo al programa del Frente de Izquierda un diputado nacional debe ganar igual que un trabajador calificado. Por eso hemos propuesto que se equipare al monto de cuatro (4) salarios mínimo, vital y móvil. Este importe es similar al de un director de escuela con 20 años de antigüedad, según qué provincia, pero la relación con el salario mínimo establece un compromiso de los legisladores con toda la estructura salarial vigente, y en particular una relación con el monto de los más necesitados.

La disposición que relaciona el salario de los funcionarios con el salario mínimo no implica meramente una cuestión moral de por sí trascendente; no implica sólo un estado barato -cuestión tan necesaria a la sociedad-, implica que los miembros de ese Estado no estarán apartados en su condición material de existencia de la condición de las grandes masas populares. De tal modo que los representantes políticos y públicos en general sean una avanzada del resto de la población y no una excrecencia arribista.

El Salario Mínimo Vital y Móvil, actualmente en 6810 pesos, pasará a ser desde el 1° de septiembre de 2016 7650 pesos, y recién en enero de 2017 alcanzará los 8060 pesos. Lo que plantearía al mes de agosto de 2016 un ingreso mensual de 27.240 pesos para un Diputado Nacional. Vale la pena señalar que un director de un turno de colegio secundario de la CABA, está en la actualidad, sin antigüedad, en los 13.514 pesos mensuales. Cinco veces menos que el ingreso actual del Diputado Nacional.

El contraste entre los ingresos de un legislador o funcionario público con los ingresos de la enorme masa de trabajadores que están por fuera de convenio, contratados en negro o de manera precaria, es un aún más brutal. El Estado argentino admite un 40% del trabajo en negro y por lo tanto de la economía de esos sectores en negro y la consiguiente evasión impositiva y social. Más aún, es el mismo Estado que paga en negro a sus trabajadores y pacta contratos en negro de falsa “locación” de servicios: un verdadero fraude laboral contra los trabajadores. La Justicia tampoco juega papel alguno en el juicio y castigo a los empleadores en negro que reproducen en la práctica condiciones de esclavitud.

Hay políticos que se oponen a esto, aduciendo un hipócrita igualitarismo social: plantean que hay que nivelar para arriba y no reducir el ingreso actual del Diputado. Por supuesto que tienen razón, pero nada se hace en ese sentido. La bancada del Frente de Izquierda, en cambio, ha presentado un proyecto de llevar el salario mínimo del trabajador al nivel de la canasta familiar, que hoy supera los 20 mil pesos. Pero ese proyecto no ha entrado a la agenda que existe en la Cámara de Diputados, donde los proyectos que plantean exención de impuestos para los grupos empresarios o que propugnan nuevos pagos de la deuda externa a la usura financiera son rápidamente puestos a debate y votación, como sucedió con el pago a los fondos buitre aprobado por los bloques mayoritarios a comienzos de este año; pero los que tratan las cuestiones de la clase obrera y los explotados del país se postergan una y otra vez, o son anulados mediante el veto presidencial como sucedió con la ley de prohibición de despidos.

Lejos está de nosotros plantear un proyecto de venganza social. La propuesta que hacemos tiene un carácter socialista. Se trata de impedir que el Diputado formalmente elegido por el pueblo, o los funcionarios del Poder ejecutivo o Judicial, se alejen socialmente de la base social popular que los ha votado.

El hecho que los diputados cobren una dieta salarial ha sido históricamente un progreso, por el cual pelearon los trabajadores. Antes sólo podían ser elegidos para los parlamentos aquellos que tenían una cierta fortuna bajo la forma del voto censitario. E incluso cuando se impuso, -por presión de las luchas de la clase obrera y los trabajadores- el sufragio universal, los parlamentarios no cobraban ingreso alguno, porque la política era considerada un privilegio de las clases propietarias de los medios de producción. Éstas no necesitaban de ingreso salarial de subsistencia ya que sus ingresos provenían de las ganancias y rentas de la explotación económico-social de los trabajadores. La historia demuestra que en la propia Revolución Francesa los diputados del Tercer Estado, que venían de las provincias al París revolucionario, no podían costearse estadías extendidas porque no tenían ingresos para alquilar, alimentarse, vestirse y sobrevivir. Los obreros cartistas británicos que lucharon por el derecho a elegir sus representantes a los parlamentos costeaban en forma colectiva, a través de colectas de las tradeunions los gastos de éstos. Es un derecho obrero y popular que los diputados cobren un ingreso que les permita subsistir mientras ejercen sus funciones políticas en los parlamentos.

Pero impuesto este derecho popular, los poderes económicos de esta sociedad dominada por el Capital operan para corromper a los diputados, por alejarlos de las bases sociales y los mandatos que recibieron con el voto popular. Se trabaja porque los parlamentarios se transformen en una casta burocrática -alejada del pueblo trabajador- bien pagada. Es más: se la adula y se la invita a la vida social de las clases propietarias para que se sientan integradas a las mismas, como parte de la cooptación para que sean sus voceros políticos.

Es una práctica común, reconocida ampliamente, que la gran mayoría de los parlamentarios son electos en base a promesas a las masas populares que luego no cumplirán cuando asumen sus bancas.

Esto es inherente a la esencia misma de un Estado que no responde a los intereses de la mayoría trabajadora. Sólo se podrá superar cuando sea la clase obrera y los explotados los que gobiernen, cuando haya un gobierno de los trabajadores.

En ese régimen un legislador electo por el pueblo cobrará un ingreso igual al de un trabajador calificado, no tendrá privilegios especiales y podrá ser revocado por sus electores, si no cumple con el mandato con el que fue electo.

Esa lucha, pasa hoy, elementalmente, porque un legislador tenga un salario igual al de un trabajador calificado. En este caso hemos propuesto que sea igual a cuatro (4) salarios mínimo, vital y móvil. La actualización y el aumento del salario mínimo vital y móvil nacional de los trabajadores significarían automáticamente un aumento también en la dieta salarial de los Diputados.

Desde luego esta disposición debe extenderse al Senado como lo establece el artículo 1°. Para sorpresa del pueblo argentino los gastos del Senado superan a los de la Cámara de Diputados, a pesar de que su número es un tercio de los diputados, lo que refuerza la necesidad de una investigación y publicidad de todas las cuentas y registros contables del conjunto del Congreso. Quienes deben votar el presupuesto nacional y ejercer el control político de su ejecución tienen que empezar por la transparencia de sus propias cuentas. El mismo criterio es extensivo a los máximos funcionarios del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

El hecho de que todo funcionario gane lo que gana un trabajador es un paso revolucionario que, apoyado en la apertura de libros de las empresas, abre el camino para terminar con la corrupción que anida en la base del sistema de confiscación del producido del trabajo ajeno. El secreto comercial y bancario forma parte de un sistema de conspiración económica contra consumidores y trabajadores que se traslada a la conspiración de las camarillas de Estado. Los gastos reservados tienen el mismo carácter. La propuesta de esta ley de la declaración jurada pública de bienes e ingresos ataca ese andamiaje en punto a la conducta de los funcionarios públicos.

Nuestra propuesta no es declamativa: los Diputados del Frente de Izquierda, descontamos efectivamente de la dieta legislativa una suma igual al salario de un trabajador calificado, para nuestra subsistencia particular. El resto de los ingresos los donamos voluntariamente para ayudar a sostener las luchas del pueblo trabajador.

Llamamos a los señores Diputados a acompañar este proyecto, como un paso de ruptura con este sistema corruptor.