El Senado y Cámara de Diputados...

Art 1.- Las jubilaciones que obtengan los nuevos beneficiarios, a partir de sanción del presente proyecto de ley, deberá ser equivalente al 82% móvil sobre el salario del trabajador que ocupe igual cargo y función a la que ocupaba el beneficiario al momento del cese de su función activa.

ARTÌCULO 2º. Se extiende a todos los jubilados y pensionados, hayan iniciado o no juicio, el reajuste de haberes dispuesto por la Corte Suprema en el caso Badaro.

El reajuste incluye la retroactividad, la que se pagará en tres cuotas bimestrales a partir de la sanción de esta ley.

ARTÌCULO 3º. La Anses recalculará los haberes jubilatorios tomando los coeficientes de actualización que surgen del fallo Badaro. El reajuste que surja se pagará, a partir de la sanción de esta ley, con retroactividad al momento que se otorgó la jubilación.

ARTÌCULO 4º. Se fija el haber mínimo en un valor equivalente a la canasta básica para los mayores de 65 años, estimada por la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, el que se actualizará dos veces por año, según la variación operada de acuerdo a los índices de salarios que publica el Indec, o el Ripte (Ministerio de Trabajo), el más favorable entre los dos.

ARTÌCULO 5º. Se derogan todas las disposiciones en las normas legales en vigencia que contradigan el contenido de la presente ley.

ARTÌCULO 6º. La presente ley comenzará a regir, a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial

ARTÌCULO 7º. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.-

Señor presidente:

El presente proyecto consagra el 82% por ciento móvil para todos los jubilados y pensionados. En la actualidad, los haberes jubilatorios representan apenas el 40 o 50 por ciento del sueldo de los trabajadores en actividad y se deterioran aún más con el tiempo, como resultado del proceso inflacionario. El 75 por ciento de los jubilados cobra la jubilación mínima – hoy en 4.959 pesos y a partir de septiembre en 5661 pesos- que representa apenas una cuarta parta de la canasta familiar. Es decir, un ingreso de indigencia.

La tendencia, a través de las sucesivas reformas jubilatorias llevadas adelante por los diferentes gobiernos de turno y consagrada bajo el actual gobierno con la llamada “ley ómnibus”, fue transformar a la jubilación en una suerte de plan asistencial. Esto significa una desnaturalización completa de la jubilación, que no es otra cosa que un salario diferido. Y como tal, debería permitir al jubilado seguir conservando un nivel de ingresos similar al que le hubiera correspondido si continuara activo.

Con el 82% móvil, que vincula en forma automática el haber de los pasivos al de los activos, se restablece este principio básico, que fue pisoteado y destruido. Venimos asistiendo a una confiscación sistemática de las jubilaciones. El gobierno kirchnerista no revirtió el congelamiento y retraso creciente que fueron sufriendo los haberes jubilatorios en los noventa y dejó intacta la herencia del menemismo. Esto último revela el achatamiento que se ha operado en las categorías hasta el extremo que, como lo señalamos más arriba, tres cuartas partes de los beneficiarios cobran la mínima. Todo esto sentó las bases al actual gobierno de Cambiemos para que apunte contra las jubilaciones en el marco del ajuste que está en marcha contra los trabajadores.

Lo anteriormente descripto ha provocado la multiplicación de los juicios de jubilados que actualmente el gobierno de Macri ha buscado cerrar con la recientemente aprobada “Ley Ómnibus” que otorga solo una cuarta parte de lo que les corresponde a los jubilados que fueron a juicio.

La “Ley Ómnibus” y mal llamada “reparación histórica” a los jubilados incluye una serie de quitas y un retroceso en los derechos adquiridos por los jubilados otorgados en fallos con sentencia firme de la Corte Suprema que fueron desconocidos, como el fallo Badaro, que se ha convertido en un caso testigo y un punto de referencia para el resto de los juicios en curso. El mencionado fallo, ordena actualizar la jubilación del demandante y fija una serie de coeficientes y procedimientos para efectuarla. Sumado a esto, es importante mencionar que la inmensa cantidad de jubilados queda afuera de la Ley. Se puede decir, sin necesidad de eufemismos, que a los jubilados se los sigue sentenciando a muerte.

En respuesta a esta situación, nuestro proyecto plantea extender el reajuste de los haberes dispuesto por el fallo Badaro a todos los jubilados, hayan o no hecho juicio al Estado. Plantea que la jubilación deberá ser equivalente al 82% móvil sobre el salario del trabajador que ocupe igual cargo y función a la que ocupaba el beneficiario al momento del cese de su función activa

El proyecto, asimismo, plantea el pago de las retroactividades que correspondan, de modo de resarcir a los jubilados por las diferencias que acumulan en el monto de las jubilaciones pasadas y por el perjuicio económico que se les ha ocasionado.

Los recursos del Anses, como es conocido, son superavitarios. Esto, a pesar de que a dicho organismo se le fueron recortando implacablemente sus bases y fuentes de financiamiento. Menem- Cavallo redujeron los aportes patronales, a lo que se une el desfalco que representó la jubilación privada. La masa extraordinaria de fondos que fue a parar a las AFJP terminó volviendo fuertemente devaluada al Estado 14 años después. Ello, si tenemos en cuenta las comisiones leoninas que cobraron las administradoras, la desvalorización operada de los recursos administrados por ellas, -inflación y devaluaciones mediante- y el manejo discrecional y maniobras inescrupulosas a expensas de la plata de los futuros jubilados. Otra de las fuentes del desfinanciamiento del Anses proviene de la proliferación de las sumas en negro -no remunerativas- sobre las cuales las patronales están eximidas de efectuar las contribuciones previsionales, y que no se toman en cuenta a la hora de calcular el beneficio jubilatorio que le corresponde a cada trabajador. No nos podemos olvidar obviamente del trabajo en negro y precario, el cual implica sustraer una masa significativa de ingresos al sistema previsional y, lo más grave, condenar a millones de argentinos a quedar privados y desprovistos de algún tipo de cobertura.

Durante la década kirchnerista no se ha alterado este cuadro. Las sumas no remunerativas son moneda corriente en los convenios colectivos que son homologados en el Ministerio de Trabajo. Por otra parte, el propio Estado es el principal empleador en negro. Los docentes y los trabajadores estatales son la mejor muestra de este hecho. Los Kirchner han mantenido la rebaja de los aportes patronales decretada por Cavallo y le han agregado, de su propia cosecha, una segunda rebaja. Es el caso de la incorporación de nuevo personal, consistente en una disminución de las cargas patronales en un 50 por ciento para el primer año y de 33 por ciento para el segundo. En cambio, a los trabajadores que pasaron al Estado se les aumentó el descuento de 7 a 11 puntos. El kirchnerismo se ha jactado de la incorporación de 2 millones de jubilados, facilitando la jubilación de aquellos que no reunían los 30 años de aporte. Pero esto fue costeado por los mismos jubilados, al desconocer el reajuste en sus haberes. Un acto elemental de “justicia distributiva” hubiera consistido en gravar al capital responsable del trabajo en negro y crear un fondo especial dirigido a reparar semejante confiscación. En lugar de ello, se distribuyó la pobreza buscando que sean los trabajadores y jubilados los que paguen los costos de la crisis a través del ajuste, los despidos masivos, y los tarifazos.

No hay ningún impedimento presupuestario para otorgar el reajuste que aquí se propone. Los recursos actuales, y los que se deberían restablecer y que fueron sustraídos al régimen previsional, asegurarían el flujo de fondos necesario para una recomposición sustancial de las jubilaciones, en los términos que se exponen en el presente proyecto. Si esto no ocurre, es porque la plata de los jubilados ha sido usada para otros destinos, empezando por el pago de la deuda externa y siguiendo por el subsidio a los capitalistas. El “desendeudamiento” pregonado por el anterior gobierno ha sido a expensas del “endeudamiento” con el Anses y de otros organismos públicos, como el Banco Central. La defensa de esta política ha sido llevada al extremo de que la presidenta Cristina Kirchner vetó en 2010 una ley del 82 por ciento aprobada por el Congreso, incluso cuando su versión final resultaba una versión mutilada de lo que aquí planteamos. En efecto: los filtros y recortes que fue sufriendo el proyecto original en el trámite parlamentario hicieron que quedara reducido al reajuste del haber mínimo en apenas un 30 por ciento por encima del vigente en aquel momento.

Tanto el gobierno anterior como el actual sostienen que el establecimiento del 82% arruinaría al Anses, cuando dicho organismo viene siendo literalmente esquilmado a favor de los usureros.

La Anses fue la principal perjudicada por la manipulación de los índices del Indec a partir de 2007. Mientras a los acreedores externos y a los bancos se les mantenían las deudas en dólares, las deudas con el Anses –pesificadas- se actualizan según la inflación oficial. El 60 por ciento del Fondo de Garantía que el Anses tiene supuestamente destinado a “atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público” está invertido en títulos públicos de dudosa cobrabilidad, y que son calificados como bonos basura en el mercado. Otra parte de ese fondo de garantia es invertido en acciones de empresas y préstamos subsidiados al gran capital. Ahora se apuestan a rematar dichas acciones. Mientras el gobierno acelera la devaluación de la moneda, pesifica la cartera del Anses para facilitar la dolarización de los especuladores.

Esta orientación estratégica es patrimonio común del oficialismo y la oposición que sostiene y defiende el pago de la deuda externa, la principal fuente de saqueo del país. Sergio Massa, al frente del Anses, en su calidad de director ejecutivo hasta fines de 2007 y luego de jefe de gabinete, fue el encargado de implementar esta política.

El principio del presente proyecto plantea el siguiente principio: Primero, los jubilados y demás derechos de los trabajadores.

Este proyecto se complementa con otras iniciativas. En particular, la imposición de un salario mínimo que cubra la canasta familiar-hoy de 22.00 pesos- que forma parte de la agenda parlamentaria que impulsa una bancada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda en el Congreso. Al atar la jubilación al salario, éste último pasa a convertirse en el eje de una transformación social integral del país sobre nuevas bases sociales, que privilegie a los que viven de su trabajo. Este proyecto apunta, asimismo, a contribuir a la deliberación y movilización de los trabajadores por esta reivindicación, y ayudar a superar el vacío dejado por la burocracia sindical que en sus diferentes vertientes no encara una lucha de conjunto o directamente es hostil a este reclamo.

Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento del presente proyecto.