La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para que disponga la inmediata concurrencia del Sr. Ministro de la Salud de la Nación, Dr. Jorge Daniel Lemus, en los términos del Artículo 71 de la Constitución Nacional y del Articulo 204 del reglamento de esta Honorable Cámara, a fin de interpelarlo en relación con las razones y motivaciones de la derogación de la Resolución N° 1484 de Normas mínimas de habilitación de Establecimientos de Salud Mental de septiembre de 2015, instrumentada por medio de la Resolución 1003/2016, integrativa del conjunto de políticas públicas regresivas del actual Gobierno Nacional en materia de salud mental, y que afectan la plena implementación de la Ley Nacional N° 26.657, también conocida como Ley de Salud Mental, por la cual se desactivan los organismos instituidos por el decreto reglamentario de la citada ley; y lo previsto por el Código Civil y Comercial de la Nación en la Sección 3ra. Capítulo 2 del Libro Primero dedicado a las “Restricciones a la Capacidad”, todo de conformidad con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de jerarquía constitucional según Ley N° 27.044.

Señor presidente:

Motiva la presentación de este proyecto la profunda preocupación generada a partir de la derogación de la Resolución N° 1484 de septiembre de 2015, la cual propiciaba “asegurar el derecho a la protección de la Salud Mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental”, establecido por la Ley de Salud Mental 26.657, que esencialmente también dispone “la prohibición de creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados”.

El gobierno de Cambiemos derogó dicha resolución en la que se establecía que antes del 10 de septiembre del año corriente se debía fijar las normas mínimas para la habilitación de estos establecimientos así como el límite máximo de camas, teniendo como objetivo la reducción de las internaciones tanto en los hospitales monovalentes como en los psiquiátricos en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental.

Tal como refleja la nota publicada en Página 12 del martes 2 de Agosto de 2016, la resolución 1003/16 del Ministerio de Salud de la Nación, significa un golpe mortal a la Ley Nacional y despierta muchas críticas porque su aplicación además ahora queda en manos del director nacional de Salud Mental, Andrew Santiago Blake, confeso opositor a la norma que se debe impulsar. En este sentido, la Asociación Pensamiento Penal señala que estas medidas representan “una clara intención de obstaculizar la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental” así como también destacó que se da “el camino al empoderamiento del sector privado”. Sostuvo la entidad que “cuestionar la reducción de camas de los servicios monovalentes dilata la posibilidad de externación de los sobrevivientes de salud mental de los neuropsiquiátricos, y perpetúa y legitima el encierro y la alienación de los pacientes, cuando el Estado debiera crear políticas y disponer programas de inclusión social y atención primaria y comunitaria de las personas con este tipo de padecimiento”. En su declaración, la APP hace suyas las observaciones realizadas en su momento por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su informe “Vidas arrasadas”, referido a la “segregación de las personas en los asilos y psiquiátricos argentinos”.

Al derogar la resolución 1484, el Ministerio de Salud dispuso ahora la creación de una Comisión ad hoc que tendrá a su cargo “la elaboración de normas de habilitación de los establecimientos de Salud Mental y Adicciones”. La facultad para convocar a los integrantes de esa comisión fue delegada en el director nacional de Salud Mental, Andrew Santiago Blake, declarado ferviente opositor a la Ley Nacional de Salud Mental y a la Ley 448 vigente en la Ciudad de Buenos Aires, y siendo él un ferviente defensor del sistema manicomial.

Por último, transcribo a continuación la Declaración de la Pampa, efectuada en Santa Rosa, con fecha 6 de Agosto del corriente año, la que forma parte integrativa de los fundamentos del presente proyecto, y que fuera suscripta, entre otros, por FePRA, Madres Línea fundadora, Prea, Cels, Colegio de Psicólogos de la Provincia de La Pampa, invitados y asistentes de distintas provincias del país, la que en su parte pertinente expresa:

“DECLARACION DE LA PAMPA-

V JORNADAS NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

ADVIRTIENDO: Que en el marco de un conjunto de políticas públicas regresivas en materia de Derechos Humanos y Salud Mental que pretenden afectar la plena implementación de la Ley Nacional 26.657.

RECONOCIENDO QUE: LA LEY

*Es un logro social producto de una construcción colectiva.

*Constituye un hito histórico reconocido internacionalmente

*Se encuentra inserta en la jerarquía Constitucional que emana del Artículo 75 inciso 22; en la Reforma del Código Civil y Comercial Argentino, y leyes especiales.

*Supone la restitución de derechos que respetan la dignidad, no discriminación e igualdad de todas las personas.

AFIRMAMOS QUE: cualquier medida que pudiera contravenir el espíritu de la Ley y/o su Decreto Reglamentario.

DECLARAMOS:

*Nuestro repudio a la derogación de la Resolución de “Normas Mínimas de Habilitación de Establecimientos de Salud Mental” N° 1484 de Setiembre de 2015 y/o cualquier otra medida en el mismo sentido.

*Exigimos:

1. Se garantice la debida participación a la comunidad de conformidad con lo establecido en el Artículo 4° de la Declaración de Alma Ata de 1978 OMS y estándares internacionales de Derechos Humanos.

2. Se reactiven a la brevedad los organismos instituidos en por Decreto Reglamentario creado por Ley-CONISMA - CONSEJO CONSULTIVO HONORARIO – y otros, sin afectar su plena efectividad

3. Se revoque la Resolución 1003 del 2016.-“

La regresiva resolución se adopta además con desconocimiento del ‘LANZAMIENTO DE LA RED NACIONAL DE ÓRGANOS DE REVISIÓN`, por la cual, la Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión de la Ley Nacional de Salud Mental (ORN) lanzó la “Red nacional de órganos de revisión” como parte de los compromisos asumidos en la “Jornada de promoción de los órganos de revisión locales desde una perspectiva de participación de la sociedad civil” que tuvo carácter nacional y que se realizó el 26 de junio de 2015 en la Ciudad de Buenos Aires.

Así, miembros de los poderes ejecutivos y judiciales de las provincias, asociaciones de profesionales, referentes académicos, organizaciones de usuarios y familiares organizaciones de defensa de los derechos humanos podrán congregarse en este espacio para buscar, recibir y compartir toda la información relacionada con la salud mental desde una perspectiva de derechos.

La participación, la promoción, la cooperación y el intercambio son elementos indispensables para la conformación de órganos de revisión locales comprometidos con la implementación de la ley nacional de salud mental en todo el país.

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente proyecto.