La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar beneplácito, ante el desarrollo del juicio oral y público denominado “Mega Causa La Perla- Campo La Ribera” que el día 25 del mes de Agosto del corriente concluirá en sentencia hacia los responsables de crímenes de Lesa Humanidad en la Provincia de Córdoba en el período 1975-1979.

Señor presidente:

La Constitución Nacional de la República Argentina y los Tratados Internacionales con su misma jerarquía, exaltan profundamente los valores de la democracia. Es por esto, se entiende que la legitimidad de la misma depende en cuanto se respeten los principios de autonomía e inviolabilidad de la dignidad de las personas; pues deben interpretarse a los mismos como intereses especialmente tutelados ante acciones y omisiones que los afecten.

Durante la década de los setenta y principios de los ochenta, el aparato gubernamental de nuestro país ejerció sistemáticamente prácticas tipficadas por nuestro orden jurídico como de lesa humanidad, llevando en su seno una de las modalidades más reprochables de violación a los derechos humanos: el terrorismo de Estado.

Impulsados por la indiferencia a toda pretensión de legitimidad y legalidad en el ejercicio del poder, y sustentados en la violencia; sus responsables, amparados en estructuras estatales y paraestatales, ejecutaron un Plan Sistemático de exterminio sobre nuestra población.

La Provincia de Córdoba no fue ajena a este proceso, y fruto de años de trabajo mancomunado de la sociedad civil, es que se dio inicio en el año 2012 a uno de los procesos más emblemáticos de juzgamiento a los responsables por tales delitos en su historia.

El Juicio de la Mega Causa La Perla se sustenta en 22 expedientes acumulados que involucran la comisión de delitos de lesa humanidad sucedidos entre 1975 y 1979 en la Provincia de Córdoba. En el mismo se juzgan acciones relativas a la ejecución de un plan sistemático de exterminio, del cual resultaron 716 víctimas con participación en organizaciones políticas, estudiantiles, sociales, culturales y sindicales; la mayoría jóvenes menores de 30 años al momento de los hechos.

Los delitos investigados, se ejecutaron en los Centros Clandestinos de Detención, tortura y exterminio de “La Perla”, “Malagueño- La Perla Chica” y “Campo La Ribera”; así también en la Unidad D2 y diferentes dependencias de la Policía de la Provincia de Córdoba. Delitos como la privación ilegítima de la libertad, tortura, sustracción de menores, abusos sexuales, homicidios calificados y agravados, violaciones a la propiedad privada entre otros, serán tenidos en cuenta para juzgar a los responsables.

En total, se encuentran imputadas 43 personas, que en ejercicio de funciones militares, policiales o civiles, fueron piezas clave para los métodos de exterminio y negación de la condición humana de las víctimas. A su vez se recopilaron testimonios de 581 personas, realizándose más de 200 audiencias.

Es digno de destacar que este proceso, por sus magnitudes y por los hechos que de su seno se desprenden, quedará grabado en la historia de nuestra sociedad como un ejemplo de justicia y memoria que seguramente guiará acciones similares al respecto y consolidará aquellas que se encuentran en curso.

Es por esto que en ejercicio de las atribuciones representativas surgidas de la soberanía popular, este órgano debe repudiar cualquier acción que atente contra de los Derechos Fundamentales; y reconocer el arduo trabajo de la sociedad argentina a los fines que NUNCA MÁS sucedan hechos aberrantes como los juzgados en dicho proceso.

Por los motivos expuestos, solicito a los Señores Diputados, acompañen el siguiente proyecto de resolución.