La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo Nacional a que, en cumplimiento del compromiso asumido en las cláusulas Quinta y Sexta del Convenio de Transferencia de los Servicios Ferroviarios de Transporte de Pasajeros Interurbanos entre la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional de fecha 8 de febrero de 2007, que fuera ratificado por Resolución nº 522/2007 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y por Ley provincial 13.705 del citado Estado Provincial:

1. Revierta el proceso de despidos de los trabajadores en relación de dependencia con la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial, empresa dependiente de la Provincia de Buenos Aires.

2. Arbitre todas las acciones a fin de lograr el restablecimiento del servicio ferroviario de pasajeros en todas aquellas localidades en las que fuera suspendido.

Señor presidente:

“La provincia de Buenos Aires transferirá la empresa Ferrobaires a la Nación”, rezan los titulares de los medios periodísticos.

La Agencia de Noticias estatal Telam, el 20 de julio pasado, aporta detalles: “La Unidad Ejecutora del Plan Ferroviario Provincial, Ferrobaires, será transferida por el gobierno de Buenos Aires a la órbita de la Nación, según acordaron el ministro de transporte nacional, Guillermo Dietrich, y el titular de la cartera de infraestructura bonaerense, Edgardo Cenzón. El acuerdo prevé la creación de una Unidad Operativa (UOT), que gestionará el traspaso de la empresa de trenes bonaerense y que se reunirá por primera vez el lunes de la semana próxima. La UOT tendrá representantes de Nación y Provincia y dispondrá de un plazo de 180 días para definir la absorción por parte del organismo nacional de la empresa bonaerense. La mesa de trabajo, que tendrá dos representantes de Nación y dos de la Provincia, hará operativo el traspaso de los activos de la empresa.”

Ese acuerdo responde, como bien lo cita la crónica periodística, a un proceso de traspaso iniciado en el año 2007 a través del Convenio de Transferencia de los Servicios Ferroviarios de Transporte de Pasajeros Interurbanos firmado por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y por el Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios el día 8 de febrero de 2007.

La desesperante realidad que viven trabajadores de la empresa Ferrobaires, que tienen residencia en la provincia que represento, producto de estar recibiendo telegramas de despido choca violentamente con el compromiso, y seguramente con la buena voluntad, que tuvieron los firmante de ese convenio.

En dicho Convenio ambas partes se comprometían -además de extremar esfuerzos para no abandonar ningún servicio de pasajeros- a preservar las fuentes laborales.

La transcripción de las cláusulas Quinta y Sexta, corrobora tan apreciación:

“QUINTO: Establécese que toda acción que se instrumente no afectará el mantenimiento de las condiciones laborales del personal de la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial, a cuyos efectos las partes se comprometen a asegurar su estabilidad.

SEXTO: Las partes se comprometen a aunar esfuerzos en miras a:

a) No suprimir ninguno de los ramales que se encuentran consignados en el presente;

b) Ampliar los servicios de manera tal de coadyuvar a la reactivación y mejoramiento del sistema ferroviario de la Provincia de BUENOS AIRES y de propender a la prestación de un servicio seguro y confiable;

c) Determinar durante el período de transferencia, de conformidad entre las partes, el plan de inversiones a realizarse.”

Seguramente aparecerán argumentos legalistas que dictaminarán que ello no puede tomarse como una obligación expresa sino que sólo se trata de un compromiso político.

Pero quienes llegamos a representar a los ciudadanos en el Congreso Nacional como consecuencia de la actividad política debemos exigir que esos compromisos se cumplan. Si no, seremos funcionales a la creciente degradación que dicha herramienta constitucional viene sufriendo por méritos propios de muchos dirigentes.

Por ello, es necesario que se revierta la decisión de despedir trabajadores. La situación de precariedad de las fuentes de trabajo en nuestro país no resiste aportes negativos por parte de los organismos del Estado.

Y, además, se deben agotar todos esfuerzos para que los servicios ferroviarios vuelvan a correr por el interior del país. Es necesario que al analizar su viabilidad se la estime a partir de su rentabilidad social, laboral y medioambiental. Y no desde un frío análisis económico financiero.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente Proyecto de Resolución.