La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación ante el traslado de los servidores y de la información de la Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa (DiNIEE), dependiente del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, a sitios externos, así como de su personal informático, en el marco de la Ley de Secreto Estadístico N° 17.622, de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 y de lo prescripto también por la Ley de Educación Nacional N° 26.2016 y de diversas resoluciones del Consejo Federal de Educación, en cuanto a preservación de la identidad de los actores a quienes refiere la información estadística.

Señor presidente:

Hemos presentado ya varios Proyectos de Resolución y de Declaración, referidos al desmantelamiento de diversas áreas del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. En ellos expresamos nuestras preocupaciones ante el retroceso de las políticas públicas que consideramos conquistas para la inclusión educativa de la última década. También hemos formulado preguntas al respecto, con la intención de preservar sensibles programas educativos, pero también a los trabajadores encargados de sostenerlos.

En esta ocasión nos hacemos eco de las denuncias de los propios trabajadores de la Dirección Nacional de Información y Estadística Educativa (DiNIEE), que afirman que la mayor parte del personal informático de la dirección (unas 20 personas) sería trasladado, de forma inconsulta, a otra dirección, con el objetivo de brindar servicios a otras áreas del Ministerio. También nos informan que tienen pensado trasladar los servidores, con destino desconocido.

No se trata de cualquier Dirección. La DiNIEE cuenta con un centro de cómputos que conecta con los servidores de la Red Federal de Información Educativa (RedFIE) de las 24 jurisdicciones. Según comentaron sus ahora ex integrantes, la DiNIEE “ha sido la encargada de preservar y garantizar la continuidad y calidad de los relevamientos de esta información. También la responsable por el cuidado de esos datos, sensibles en muchos casos, en el marco de la Ley de Secreto Estadístico, de la Ley de Protección de Datos Personales y de lo prescripto también por la Ley de Educación Nacional y de diversas resoluciones del Consejo Federal de Educación, en cuanto a preservación de la identidad de los actores a quienes refiere la información estadística que se releva: escuelas, docentes, alumnos y familias”. Y agregaron: “Los trabajadores y trabajadoras, los servidores, sistemas informáticos y las bases de datos de la dirección, han sido y son una pieza clave para garantizar ese trabajo”.

El Sistema Federal de Información Educativa se conformó en 1996 para garantizar la homogeneidad y comparabilidad de los datos educativos en todo el ámbito nacional, y actualmente cuenta con un parque tecnológico del cual hasta hoy se desconoce su futuro.

El traslado del personal informático y de los servidores fue informado verbalmente por Baltazar Quinterno, nuevo director de informática que aún no cuenta con una designación formal y de quien se desconocen antecedentes técnicos profesionales que acrediten idoneidad para ocuparse de un área tan crítica y relevante para el Ministerio.

Se trata de servidores de aplicaciones, de bases de datos, de servicios WEB, de archivos, de reserva y de acceso remoto que están en salas acondicionadas para ese fin en el Palacio Sarmiento. La información en cuestión es la de los Relevamientos Anuales, los Censos Docentes -incluido el CENPE2014 (Censo Nacional del Personal Docente y no docente del sistema educativo) y el Sistema Integral de Información Digital Educativa -SinIDE- que releva la información nominal de los estudiantes del sistema, con sus recorridos escolares y calificaciones, entre otros datos sustantivos. En un sistema federal -como el de nuestro país- contar con información comparable por todas las jurisdicciones es indispensable para el planeamiento y el gobierno de la educación. Producir los registros administrativos anuales y los censos de docentes y establecimientos llevó 10 años de trabajo incesante desde la recuperación democrática: recién en 1994 se llevó a cabo el primer censo docente -manteniendo desde entonces la frecuencia decenal- y en el año 1996 se iniciaron los Relevamientos Anuales. La medida del ministro, que además no se plasma en ninguna resolución, pone en riesgo el resguardo de los datos personales de alumnos, docentes y establecimientos del sistema que la Ley de Educación Nacional (26206) le asigna al Ministerio y a las jurisdicciones y de darse curso a esta medida se está debilitando la institucionalidad estatal y presumiblemente incumpliendo la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25326).

Por otro lado, la cuestión del traslado del personal informático de la DiNIEE a otra dirección, a los efectos de brindar servicios a otras áreas del Ministerio, implica la ruptura del vínculo entre un equipo técnico profesional y su medio de trabajo integrado tanto por los compañeros que conforman los otros equipos de la DiNIEE como por los distintos tipos de servidores. Esta medida afecta tres núcleos centrales inherentes a la producción estadística oficial que ninguna otra instancia institucional –ni aun de carácter estatal- puede sustituir: 1. El desarrollo conceptual que sustenta a los registros administrativos, los censos y los sistemas de información y se apoya en un trabajo cooperativo de larga duración entre informáticos y analistas 2. La rigurosidad metodológica ligada a la capacidad de cobertura del ministerio y de las jurisdicciones lo que permite el alcance a toda la red institucional que conforma el sistema formador de todos los niveles y modalidades. 3. La ética de la responsabilidad de los agentes que son expuestos a la obediencia a una orden verbal de modo tal que la máxima autoridad ministerial no aparece ligada a la medida.

Nos preocupa resguardar el sistema federal de estadísticas educativas que se fue consolidando a lo largo de más de 20 años, no externalizar información que el Estado debe preservar (tal como está ocurriendo con la de la ANSES) y utilizar sus producciones para mejorar la calidad educativa.

Por lo expuesto solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.