La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su profundo repudio y rechazo ante el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria por parte del Tribunal Oral N° 1 de La Plata, al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense durante la dictadura cívico militar, quien cumple con seis condenas por delitos de lesa humanidad y es además el principal sospechoso por la segunda desaparición del testigo Jorge Julio López, ocurrida hace 10 años atrás en ocasión de dictarse sentencia contra los delitos cometidos por Etchecolatz.

Señor presidente:

Traemos a consideración de este cuerpo un proyecto de resolución a fin de expresar nuestro profundo repudio y rechazo ante el otorgamiento del beneficio de la prisión domiciliaria por parte del Tribunal Oral N° 1 de La Plata, al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz.

Hace pocos días atrás, este tribunal le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria al genocida Etchecolatz, que fuera condenado en seis oportunidades e imputado en una gran cantidad de causas que aún no llegaron a juicio.

Además, sobre Etchecolatz apuntan todas las sospechas respecto a la desaparición de Jorge Julio López, quien declaró contra él en el año 2006 brindando un testimonio clave para su condena. En aquel juicio histórico López denunció que Etchecolatz dirigía y aplicaba las torturas en los centros clandestinos del denominado “Circuito Camps”.

Etchecolatz consiguió esta vez la venia de la mayoría del Tribunal Oral N° 1 de La Plata. Con los votos favorables de los jueces Castelli y Michelli y la disidencia de Arias el represor está a un paso de ir a su domicilio, porque aún tiene otras condenas por las cuales no se le otorgó este beneficio.

Los jueces que votaron a favor lo hicieron en nombre del “principio de humanidad de las penas” y porque el genocida padece “incuestionables problemas de salud” como la “hipertensión arterial de larga data”. Sin embargo, el Cuerpo Médico Forense se pronunció en contrario, señalando que estaba recibiendo “adecuada atención desde el punto de vista médico”. Lo mismo evaluaron los fiscales Molina, Schapiro y Nogueira: “puede ser debidamente asistido y tratado” en el penal de Ezeiza.

Recordamos aquí también que este 18 de septiembre se cumplen 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López y a Etchecolatz nunca se lo investigó seriamente por su responsabilidad. En el mismo sentido presentamos el año pasado en esta Cámara de Diputados un proyecto de ley a fin de disponer la apertura de los archivos, informes, expedientes y/o todo tipo de documentación que estén en poder de la Policía Bonaerense, la Policía Federal Argentina, el Servicio Penitenciario Federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense, el Ejército, la Fuerza Aérea y/o la Armada Argentina, así como los archivos pertenecientes a la ex Secretaría de Inteligencia del Estado y los organismos que la han sucedido, relacionados con la segunda desaparición forzada de Julio López.

Sosteníamos que dada la gravedad y trascendencia social que tiene la desaparición de López, no hay fundamentos para aguardar los plazos establecidos por la legislación respectiva ni ninguna restricción de otro tipo, ya que hay que saber cuál fue el destino de Julio y quiénes fueron sus secuestradores.

No es Etchecolatz el único “beneficiario” de estas resoluciones judiciales. Hace pocos días se conoció la noticia de que, a pesar de la feria judicial, la Cámara de Casación otorgó la prisión domiciliaria a Eduardo Cabanillas, condenado a perpetua en 2011 por crímenes durante el genocidio en el centro clandestino de detención Automotores Orletti. Cabanillas había iniciado una huelga de hambre declarándose “preso político” y realizó junto a represores y genocidas una campaña por su liberación. La Justicia escuchó su pedido.

Entendemos que debemos repudiar los beneficios que se conceden a genocidas como Etchecolatz, así como advertir sobre una nueva política judicial que se desarrolla en este sentido, dejando libres e impunes a los pocos genocidas que están presos por sus delitos durante el terrorismo de Estado.

Nuestra exigencia sigue siendo cárcel común y efectiva a los responsables del genocidio, así como juicio y castigo a los responsables de la desaparición de Julio López ocurrida hace 10 años, empezando por Etchecolatz.

Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.