La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio y condena a los hechos acaecidos la noche del 29 de Julio de 1966, conocida como “La noche de los Bastones Largos” por violenta represión llevada a cabo en cinco Facultades de la Universidad de Buenos Aires.

Señor presidente:

La tan conocida como infame jornada del 29 de julio de 1966, reconocida como “La Noche de los Bastones Largos” fue uno de los episodios más oscuros de la historia de nuestro país.

La represión llevada adelante por Dirección General de Orden Urbano de la Policía Federal Argentina en cinco Facultades de la Universidad de Buenos Aires (cuyo epicentro más brutal fue la Facultad de Ciencias Exactas) marcaron el fin de una época, iniciada con la Reforma Universitaria de 1918 y que encontraría su esplendor luego de la aprobación del Estatuto Universitario de la UBA. Este período estaba signado por el cogobierno tripartito de estudiantes, docentes y graduados y la autonomía universitaria del poder político.

El 28 de junio de 1966 Juan Carlos Onganía encabezó la llamada Revolución Argentina, derrocando el gobierno democrático de Arturo Illia. Ese mismo día, la Universidad de Buenos Aires hizo una declaración llamando “(…) a los claustros universitarios en el sentido de que sigan defendiendo como hasta ahora la Autonomía Universitaria, que no reconozcan otro Gobierno Universitario que el que ellos libremente han elegido de acuerdo con su propio Estatuto, y que se comprometan a mantener vivo el espíritu que haga posible el restablecimiento de la Democracia”.

A su vez, la Facultad de Ciencias Exactas publicó una declaración firmada por más de 240 docentes, donde no se reconocería otra autoridad universitaria que no fueran las elegidas por los mismos miembros de la Facultad, comprometiéndose no solo a no colaborar con las autoridades que les fueran impuestas, sino que también abandonarían sus tareas docentes y de investigación.

Un mes más tarde, el 29 de julio, el gobierno de facto sancionó la Ley N° 16.912 de intervención de las universidades. Luego de reunirse en el rectorado, el decano la Facultad de Ciencias Exactas, Rolando García, fue a la Facultad, donde había unas 300 personas, para mantener una reunión con el Concejo Directivo. El mismo resolvió no aceptar la intervención.

Sin embargo, la Policía Federal ingresó al edificio que funcionaba en Perú 222. Ante la negativa del decano a aceptar la medida, la respuesta de la policía fue darle un bastonazo. De la misma forma, se reprimió a quienes estaban en el lugar.

La intervención de las universidades por parte del gobierno de Onganía fue una política destinada al combate de todo aquel académico que cuestionara el orden establecido y que tuvo por resultado el exilio de más de 700 profesores, quienes continuaron sus carreras en el exterior. La Facultad de Ciencias Exactas fue una de las más golpeadas, ya que el 70% de los profesores renunció a sus cargos, cumpliendo con lo prometido en la declaración firmada.

En palabras de García, “es una simplificación equivocada pensar que durante aquella oportunidad había un grupo de policías que quería romper cabezas. No, eran policías que, instigados por civiles e incluso por universitarios, intentaron —y lograron— romper el escenario”. Queda claro, entonces, que desde el gobierno de Onganía se planificaba dar por terminada la conocida “época de oro” universitaria, deshaciendo todos los logros conseguidos, en lo que puede considerarse un preludio de la hora más oscura de nuestra Nación.

Es por esto que es sumamente necesario mantener viva la memoria de este hecho, para que las convicciones expresadas por aquellos estudiantes, docentes e investigadores no queden en un momento histórico de nuestro país, sino que se resignifiquen permanentemente apuntando a que la Universidad aporte a la sociedad profesionales de excelencia, capaces de transformar el mundo en el que vivimos.

Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto.