La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por la firma de acuerdos de paz entre la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-, que incluye el cese al fuego bilateral y definitivo, la dejación de armas, garantías de seguridad y el mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz, los cuales han sido firmados por el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño.-

Señor presidente:

Por medio del presente proyecto de declaración queremos manifestar el beneplácito de este Cuerpo por la firma de acuerdos de paz entre la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-, que incluye el cese al fuego bilateral y definitivo, la dejación de armas, garantías de seguridad y el mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz, los cuales han sido firmados por el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño.

Para comprender la importancia de la implementación de estos acuerdos de paz debemos marcar al menos algunos aspectos que hacen a la historia de este conflicto.

En 1948 comienza una guerra sangrienta que dura hasta 1965, a este período se lo conoce como la “época de la violencia”. En 1958 el poder se distribuyó entre los dos poderosos partidos tradicionales dejando fuera de la participación política a los demás grupos de presión. Como consecuencia de esto, y también motivados por la exclusión social y la distribución desigual de las tierras, se formaron las dos guerrillas más importantes de Colombia; las FARC y el ELN (Ejército de Liberación Nacional). Estas dos guerrillas juntas controlan hoy día aproximadamente, con sus más de quince mil guerrilleros, la mitad de la superficie de Colombia.

En aquellos primeros años las FARC “se constituyeron de manera espontánea para defenderse de la violencia oficial de un gobierno conservador minoritario que mediante la violencia quería perpetuarse en el poder”, explica Eduardo Pizarro Leongómez, investigador especializado en el conflicto armado y hoy embajador de Colombia.

Pero el mito fundacional de las FARC se fecha en 1964, cuando 16.000 soldados tomaron la población de Marquetalia. Querían aniquilar los restos de milicias liberales que se habían refugiado ahí y que constituían un "bastión revolucionario" con su propia organización de gobierno. Entre ellos estaba Pedro Antonio Marín, apodado Manuel Marulanda en honor a un líder comunista caído en combate. Este se convertiría en el jefe máximo de las FARC hasta su muerte en 2008, y pasaría a la historia con otro alias: Tirofijo.

En los ochenta también surgen las primeras relaciones con el narcotráfico. Al principio con una especie de impuesto sobre los cultivos de coca, y más tarde negociando con los crecientes cárteles de la droga. Aunque las FARC siempre han negado participar del negocio del narco (más allá de esos gravámenes que en 2003 representaban el 30% de sus ingresos, unos 600 millones de dólares), tanto en Colombia como en Estados Unidos se han iniciado procesos contra miembros de la guerrilla por tráfico de estupefacientes. Tanto los secuestros como la vinculación al mundo narco le han granjeado a las FARC descrédito y pérdida de apoyos en el mundo. Esos dos puntos son parte importante de las negociaciones que el Gobierno lleva desde hace tiempo con la cúpula de la guerrilla, que se ha comprometido con la condena al narcotráfico y la reparación de las víctimas.

El estudio Una Verdad Secuestrada , publicado en 2013, calculaba que las FARC eran responsables del 37% de los casi 40.000 secuestros producidos entre 1970 y 2010. Por detrás de las FARC están las redes criminales, el ELN y los grupos paramilitares con un 7% de los casos (un 12% en las zonas rurales).

Paralelamente, esta investigación arroja que el 84% de los secuestros de la guerrilla fueron extorsivos, contra un 12% que tenían motivaciones políticas. Entre 1996 y 2005, cuando se cometió la aplastante mayoría de los secuestros de esas cuatro décadas llegaron a tener más de 400 policías y militares secuestrados.

Este conflicto armado afectó sistemáticamente los derechos humanos de la población civil, especialmente a los de las personas que vivían en zonas rurales. En este sentido, Amnistía Internacional se manifestó respecto a lo que el conflicto armado interno generó en la población:

Todas las partes del conflicto eran responsables de crímenes de derecho internacional tales como homicidios ilegítimos, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, amenazas de muerte y delitos de violencia sexual. Los grupos guerrilleros y los paramilitares seguían reclutando a niños y niñas como combatientes.

Hasta el 1 de diciembre, la Unidad de Víctimas había registrado 7,8 millones de víctimas del conflicto, entre las que había casi 6,6 millones de víctimas de desplazamiento forzado, más de 45.000 víctimas de desaparición forzada y aproximadamente 263.000 homicidios relacionados con el conflicto; la gran mayoría de las víctimas eran civiles.

Según cifras de la ONG colombiana CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), 204.000 personas fueron desplazadas a la fuerza en 2014, frente a las 220.000 del año anterior.

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) registró 35 homicidios y 3.481 desplazamientos forzados en 2015. La situación de las comunidades indígenas del departamento del Cauca, muchas de las cuales hacían campaña por el reconocimiento de sus derechos territoriales, era particularmente grave.

El 6 de febrero de 2015, Gerardo Velasco Escué y Emiliano Silva Oteca, del Resguardo Indígena de Tóez, fueron sometidos a desaparición forzada después de que unos hombres armados no identificados les dieran el alto cerca de la vereda de La Selva, en el municipio de Caloto, departamento del Cauca. Dos días más tarde, la comunidad halló sus cadáveres con señales de tortura en el municipio de Guachené. El 5 de febrero se había distribuido en la zona y en los municipios vecinos una amenaza de muerte del grupo paramilitar Águilas Negras que anunciaba que había llegado “la hora de la limpieza social en el norte del Cauca”.

El 2 de julio, dos pequeños artefactos explosivos hirieron a varias personas en Bogotá. Las autoridades atribuyeron el ataque al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN). Un total de 15 personas —muchas de ellas defensoras de los derechos humanos y activistas estudiantiles pertenecientes al movimiento social Congreso de los Pueblos— fueron detenidas, aunque sólo se presentaron cargos contra 13 de ellas. Algunas autoridades relacionaron a estas 13 personas con las explosiones de julio y con el ELN, pero finalmente sólo tres fueron acusadas de “terrorismo” y de pertenecer al ELN. Las otras 10 fueron acusadas de delitos de armas.

Preocupaba que esas actuaciones pudieran haber sido utilizadas para socavar el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos. En el pasado, algunos miembros del Congreso de los Pueblos habían recibido amenazas de muerte y habían sufrido hostigamiento por su labor de defensa de los derechos humanos. En enero, Carlos Alberto Pedraza Salcedo, uno de los líderes del Congreso de los Pueblos, fue víctima de homicidio en Bogotá.

El pasado jueves 23 de junio, en la ciudad de La Habana, Cuba, el presidente de la la República de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-, Rodrigo Londoño, firmaron acuerdos de paz para el fin del conflicto. La firma de estos acuerdos contaron con la presencia de seis presidentes latinoamericanos: el anfitrión Raúl Castro; el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; de Chile, Michelle Bachelet; de República Dominicana, Danilo Medina; de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, y de México, Enrique Peña Nieto. Así también se hizo presente el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon.

Cabe mencionar que estos acuerdos incluyen el cese del fuego bilateral (con el compromiso mutuo para que en un plazo máximo de 180 días desde el acuerdo final de paz haya terminado el proceso de dejación de armas), la deposición de armas (se realizará el 30% en un plazo de 90 días a partir del acuerdo final, un 30% a los 120 días de la firma del acuerdo final y el 40% a los 180 días), garantías de seguridad y la firma definitiva de estos acuerdos.

Este procedimiento estará bajo monitoreo y verificación de un grupo de observadores de las Naciones Unidas que tendrán como función coordinar la recepción del armamento de las FARC y así también el cumplimiento de los compromisos asumidos en la firma de los acuerdos.

Por los fundamentos expuestos, y porque consideramos que la firma de estos acuerdos de paz son fundamentales para que el pueblo colombiano pueda terminar con un conflicto armado de más de cinco décadas, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción de este proyecto de declaración.-