La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Repudiar el intento de golpe institucional que se está desarrollando en la República Federativa del Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff. Manifestar asimismo la solidaridad de esta Honorable Cámara con los trabajadores y el pueblo de este país hermano, que asimismo resisten el ajuste y los ataques a sus condiciones de vida

Señor presidente:

El presente proyecto de resolución tiene por objeto repudiar el intento de golpe institucional que se está desarrollando en la República Federativa del Brasil contra la presidenta Dilma Rousseff, así como manifestar la solidaridad de esta Cámara con quienes resisten este proceso, así como el ajuste y los ataques a sus condiciones de vida.

En este sentido, advertimos que la aprobación del proceso de impeachment (juicio político), que ha sido impulsado por los partidos de la oposición brasilera de derecha con el aval de los grandes medios de comunicación y de las grandes corporaciones empresarias -como la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP)-, constituiría claramente un golpe institucional que tiene por finalidad profundizar el ataque sobre las condiciones de vida de los trabajadores y el pueblo pobre brasilero y el desguace y la entrega del patrimonio nacional al capital internacional.

Este proceso político, que utiliza los dispositivos judiciales y mediáticos para perpetrar un golpe institucional, debe considerarse asimismo como parte de una ofensiva de la derecha a nivel regional que, de salir triunfante en Brasil, podrá fortalecer sus políticas más reaccionarias en el resto de Latinoamérica.

También cabe destacar que el pedido de impeachment que impulsa la oposición brasilera alega que existe un “crimen de responsabilidad administrativa” por parte de la presidenta Rousseff, a quien se acusa no de corrupción sino de autorizar gastos públicos que no estaban previstos en el presupuesto votado por el Congreso de este país, comportamiento que justificaría la destitución de casi todos los gobiernos federales, estaduales y municipales del Brasil de los últimos años, así como de cualquier otro gobierno de cualquier otro país.

Señalamos también que entre las fundamentaciones más reaccionarias de la votación que tuvo lugar el pasado 17 de abril en el Congreso brasileño, se pudo escuchar a diputados del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que integraban hasta hace unos pocos meses la coalición de gobierno del PT, como así también a diputados como Jai Bolsonaro del Partido Social Cristiano, quien dedicó su voto positivo al impeachment en nombre de los militares dictadores del ’64 y en particular en nombre de quien fuese el torturador de Dilma Rousseff, Carlos Alberto Brilhante Ustra, primer militar en ser condenado por delitos de lesa humanidad.

No perdemos de vista tampoco que los hechos de corrupción que implican tanto al gobierno del PT como a la oposición derechista brasileña son intrínsecos al régimen político de este país, en el que los principales referentes políticos de los partidos tradicionales están implicados en manejos fraudulentos con dinero del Estado, como lo muestran los distintos pedidos de investigación que pesan sobre Eduardo Cunha, uno de los impulsores del impeachment.

Tampoco perdemos de vista que este proceso de golpe institucional se da en momentos en los que la economía brasilera atraviesa catorce meses seguidos de caída, tratándose de la crisis más aguda desde 1929. Ejemplo de ello son los datos aportados por el propio Ministerio del Trabajo de Brasil, que indican que el mes de marzo fue el duodécimo mes consecutivo de pérdidas de empleo, llegando al 1,8 millón de puestos de trabajo perdidos en los últimos dos meses. De concretarse el golpe institucional en curso, ya se evalúa que el próximo gabinete de gobierno de Michel Temer estará integrado por banqueros y empresarios, lo que muestra la orientación política y económica de mayores ajustes que se propone este proceso.

Es por estos motivos, y por los que desarrollaremos oportunamente, que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.