Durante el encuentro expusieron Claudia Careaga y Cecilia De Vicenti, familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Guillermo Pérez Rosinblit, de Abuelas de Plaza de Mayo; Paula Eugenia Donadío y Virginia Franco, de H.I.J.O.S Capital; Verónica Torras, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); y Miguel Ángel D´ Agostino, sobreviviente del Centro Clandestino de Detención “Club Atlético”.

En primer lugar, Claudia Careaga relató su historia de la desaparición forzada de su madre durante la dictadura y, también el posterior secuestro de su hermana. “Estuvimos muchos años buscándolas y recién en 2005 pudimos recuperar sus restos que aparecieron en las costas de Santa Teresita en diciembre de 1977. Fueron enterrados como NN y recuperados por el equito de antropología forense”, detalló. Luego, criticó la visita de diputados a los represores a la cárcel de Ezeiza.

También representando a familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Cecilia De Vicenti, sostuvo que “la desaparición era no saber adónde estaba tu familiar, no saber qué le pasaba y no tener ninguna noticia”. En ese sentido, explicó cómo fue que Alfredo Astiz hizo para infiltrarse en la iglesia y el posterior secuestro de su madre. “Mi papá se murió sin saber y mis hijos no tuvieron abuela”, relató.

En tanto, Guillermo Pérez Rosinblit, de Abuelas de Plaza de Mayo, contó cómo fue el secuestro de su familia en el local que tenía su padre en Martínez, provincia de Buenos Aires, y llevados a un centro de clandestino en Morón. “Mi abuela tiene 104 años y todavía está esperando saber qué es lo que pasó con su única hija, dónde están sus restos y quién es responsable de su deceso”, manifestó, al tiempo que agregó: “Y, yo vivo en un constante duelo, eterno, hasta no saber cuándo, cómo y dónde están los restos de mis padres, que continúan desaparecidos”.

“Tenía un año de edad cuando fui secuestrada y fui llevada al Centro Clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde torturaban y desaparecían gente”, comenzó su exposición Virginia Franco, de H.I.J.O.S Capital. “Lo que me preocupa es qué va a pasar con los responsables de nuestro secuestro, si vamos a tener que caminar por las calles nuevamente con ellos, no entendemos cuál es la estrategia del gobierno con respecto a esto. Esto genera impunidad”, remarcó.

También de H.I.J.O.S Capital, Paula Eugenia Donadío comentó su historia familiar. “Mi mamá pudo declarar en el año 2013 ante un Tribunal por que los organismos de DDH, los sobrevivientes y el pueblo argentino definió que la vía para no repetir esos crímenes, vivir en una democracia plena y que nos sirva a todos, era juzgar los crímenes de lesa humanidad”, subrayó.  

Verónica Torras, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), hizo hincapié en que “este tema no es una cuestión partidaria ni de los organismos de DDH; esto tiene que ser un compromiso del conjunto de la sociedad argentina, del conjunto de las fuerzas políticas y sociales de este país”, enfatizó.

Como último orador, Miguel Ángel D´ Agostino, sobreviviente del Centro Clandestino de Detención “Club Atlético”, solicitó que la Cámara de Diputados pueda llevar adelante una investigación sobre lo ocurrido con los legisladores.

Una vez finalizada las exposiciones de los integrantes de los organismos de DD.HH. los legisladores avalaron el proyecto de resolución del diputado Pablo Yedlin (UxP) de pedido de informes al poder ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la ley 26691, de "preservación, señalización y difusión de sitios de memoria del terrorismo de estado". María Celeste Ponce, de La Libertad Avanza, rechazó la iniciativa.