Según indica el proyecto “la regulación actual del proceso penal no admite arribar a una decisión definitiva si el imputado se encuentra ausente. Esto es particularmente problemático en casos de graves violaciones a los derechos humanos ante los cuales la sociedad tiene un interés legítimo e irrenunciable en conocer la verdad. Dicho interés plantea la necesidad de que la ley procesal aplicable contenga disposiciones encaminadas a garantizar que los procesos judiciales avancen incluso cuando el acusado no comparezca ante el tribunal”.

La titular de la Comisión de Legislación Penal, diputada Laura Rodríguez Machado (PRO), destacó la iniciativa y concluyó que “hemos arribado a un proyecto, luego de 30 años, donde nuestra principal preocupación era sobre cuales delitos iban a ser incorporados, cuales iban a ser comprendidos en esos procedimientos”. 

En tanto, la diputada Margarita Stolbizer (EF), aclaró que se “trata de incorporar a nuestra legislación un instituto de aplicación absolutamente excepcional y restrictivo, no significa que nosotros vamos a incorporar el juicio en ausencia para cualquier tipo de delito”, y que esa excepcionalidad en la incorporación “está justamente vinculada con la gravedad de los delitos que se incorporan, por lo tanto, podrá darse continuidad a un juicio aún en ausencia del imputado en los casos de extrema gravedad”. 

Asimismo, afirmó que por consenso del “oficialismo de receptar” quedó acotado porque había reiteración de delitos que ya estaban incorporados en el Estatuto de Roma. El ámbito de aplicación “ha quedado restringido a los crímenes de este estatuto y ratificados en nuestro Código Penal”, explicó.

En representación del bloque Unión por la Patria, el diputado Rodolfo Tailhade, fundamentó en sentido contrario: “vamos a firmar un dictamen de rechazo al proyecto” porque “entendemos que el problema no es la falta de regulación legal sino que el problema es quienes los aplican", es decir, "los jueces de nuestro país” y “tampoco nos parece adecuado que se pueda aplicar nada más que en cinco provincias”. 

En tanto, el diputado Ramiro Gutiérrez (UxP), autor de uno de los proyectos de la temática, manifestó que acompaña, pero en "disidencia parcial" porque "representa un largo trayecto de muchos que antes que nosotros, trajeron este debate” y su "texto era más meticuloso en puntos como la extradición, qué pasa cuando el Estado argentino pone la mano con el contumaz, porque eso debe estar perfectamente tasado o qué va a pasar cuando el imputado se presenta”, diferenció.

Por su parte, la diputada Vanina Biasi (PO-FIT Unidad), presentó un dictamen de rechazo porque “es un debate profundo y plantea la vulneración de derechos constitucionales que merecen una atención mayor”. “En el debate parlamentario no se han atendido las impugnaciones a derechos constitucionales como, por ejemplo, el derecho a ser oídos y estar presentes, son 20 artículos que están siendo vulnerados de nuestra Constitución y del Código Penal”, sostuvo. 

El diputado Fernando Carbajal (DPS), acompañó el proyecto desde ese bloque y explicó que “la disidencia es por un tema técnico que tiene que ver con la reforma del Código Procesal Penal de la Nación que es un código derogado y no se puede modificar un texto derogado”. Y consideró que “es un tema que se viene trabajando hace muchos años y los problemas potenciales que tiene han sido planteados y se han buscado soluciones dentro del marco constitucional y es cierto que es un instituto, así como se está planteando, regularlo supera ese test de constitucionalidad”.