El intendente de la Ciudad de Rosario, Pablo Javkin, abogado y profesor Universitario, vía zoom, ratificó la necesidad de “contar con una ley que tome al crimen organizado por sus bandas en integralidad”. En esa misma línea, agregó: “La investigación integral sobre la operación de las bandas, su financiamiento, su organización y la utilización luego de personas para la autoridad material requiere una norma legislativa”.

Al hacer mención a la cantidad de homicidios por año, el Intendente de Rosario lo justificó por “la libertad que dentro de los lugares donde cumplen su prisión los jefes o líderes de las bandas pueden operar”. Luego, Javkin planteó la necesidad de contar con “una concurrencia donde no se concentre la justicia de Capital Federal y donde no se desperdicie el conocimiento de los actores locales, tanto del fuero federal, sino también en la intervención de los fiscales provinciales”.

En ese aspecto, hizo hincapié en “poder incorporar a aquellos actores estatales que terminan perteneciendo a estas bandas, tanto a fuerzas de seguridad como cualquier complicidad de actores estatales, porque evidentemente estas bandas son mixtas”. “Las causas hoy están involucrando sólo a los autores materiales y no a los intelectuales”, fustigó.

En tanto, el Intendente de Rosario instó a lograr “el fortalecimiento del estado”, pudiendo contar “con un instrumento legal que pueda combatir las bandas”. “La efectividad que tiene el estado en el esclarecimiento de homicidios, en el esclarecimiento de autoridades intelectuales inmediata, combinado con el control lento de las prisiones está teniendo un impacto provisorio en el primer cuatrimestre de una reducción de casi 60% de los hechos que hemos tenidos en el año anterior”, detalló.

Para concluir, Javkin puntualizó que “el peso de las organizaciones carcelarias ya no sólo tiene una vinculación con el mercado ilegal de drogas, sino que incluso amenazan las propias instituciones estatales para intentar negociar mejores condiciones de cumplimiento en prisión”.

Al describir cómo se tramitan las causas en el fuero federal y de la fragmentación de los hechos, Enrique Andrés Font, profesor titular interino de Criminología y docente investigador categoría I, de la Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional de Rosario, manifestó que “el anteproyecto que está en discusión no es realmente una ley antimafias, sino más bien una ley dirigida a abordar violencia por parte de pandillas o grupos desorganizados que organizados”.

Sobre el proyecto en sí, Font aclaró que “no hay casi preocupación por la participación del estado en el fenómeno del crimen organizado. Tampoco aparece, claramente, el vínculo con la financiación de la política que es clásica en las leyes antimafias”. “Pensamos leyes que aumentan las poblaciones penitenciarias sin pensar que hacemos con las poblaciones penitenciarias”, criticó.

Al puntualizar en el caso de Rosario, especificó que “es un fenómeno de clanes familiares, con fuerte anclaje local y con muy rústica organización. Es un crimen organizado muy violento y muy rústico. Es una violencia que precede al negocio, que construye identidad y reconocimiento de estas bandas”.

Gabriel Ganón, especialista en Derecho Penal, Derechos Humanos y Criminología, y ex Defensor General de Santa Fe, analizó que “uno de los problemas que debemos resolver es que la determinante del crecimiento de la violencia en Rosario ha sido, necesariamente, el pésimo funcionamiento de la administración de justicia, que continúa funcionando de esta pésima manera, dejando impune 7 de cada 10 homicidios que se cometen”.

“Esta ley que ha sido anunciada con bombos y platillos es absolutamente innecesaria, porque no nos da respuestas a preguntas que venimos haciendo hace muchísimo tiempo, como por ejemplo cuántos de esos homicidios aún se encuentran impunes y por qué no han sido encontrado los autores materiales; quiénes son los agentes estatales: policías, jueces y fiscales, que han fracasado en la investigación y castigo de los culpables, entre otras cuestiones”, consideró Ganón.