El objeto de la ley es el establecimiento del régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los 14 años de edad. Su finalidad es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social.
Según el dictamen, en los procesos penales seguidos contra niños, niñas o adolescentes, regirán todos los principios, derechos y garantías que surgen del sistema procesal acusatorio. 
Asimismo, las sanciones aplicadas en ningún caso pueden implicar una interrupción de los estudios. A los fines de la escolaridad obligatoria, deberán implementarse programas específicos de manera coordinada con el sistema educativo de la jurisdicción. 
El texto también establece que el plazo máximo de las penas privativas de la libertad respecto de personas adolescentes será de 15 años.
El adolescente, además, deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, con personal que cuente con capacitación especializada en el trato con jóvenes en conflicto con la ley penal.
Según explicó la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO), presidente de la Comisión de Legislación Penal, el dictamen de mayoría alcanzó 77 firmas, impulsado por el oficialismo y los bloques aliados. 
Por otra parte, la diputada Margarita Stolbizer (EF) presentó un dictamen de minoría y las bancadas de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda adelantaron que también presentarían despachos de minoría.
Durante su discusión en el plenario, la diputada Roxana Reyes (UCR), titular de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, consideró que un nuevo Régimen Penal Juvenil “era una asignatura pendiente de este Congreso”.
“Tiene una misión que es resocializadora, educativa, de contención, es llegar a tiempo para que aquellos jóvenes que entraron en conflicto con la ley penal puedan tener la oportunidad de la resocialización”, explicó.
Por su parte, el diputado Christian Castillo (FIT) argumentó su rechazo al proyecto impulsado por el oficialismo. “Hay toda una presentación del tema como si la clave de la inseguridad urbana estuviera dada por las acciones de niños, niñas y adolescentes. La evidencia en países donde se ha bajado la edad de punibilidad demuestra que no disminuye la cantidad de delitos, sino que incluso han aumentado”, justificó. 
En tanto, el diputado Germán Martínez (UxP), objetó que “este tema no está lo suficientemente maduro para que hoy podamos dictaminar”. “Entiendo que haya un deseo de avanzar en el dictamen, pero después de las reuniones informativas, nos están faltando etapas de procesamiento de esa información”, reclamó.
Durante el plenario, la diputada Marcela Campagnoli (CC) explicó los alcances del dictamen de mayoría: “Se crea un Régimen Penal Juvenil con garantías procesales, garantías que hoy los jóvenes de 16 a 18 no tienen, como la defensa en juicio y el derecho a ser oído. Hoy hay un régimen tutelar donde el menor queda a total disposición del juez, donde el juez puede detenerlo sin dar argumentos”. 
En ese sentido, Campagnoli sostuvo que “en este proyecto se busca una mirada socio-educativa, no punitiva”.
Desde el bloque de Democracia para Siempre, el diputado Fernando Carbajal dijo que "resulta difícil la discusión pública en estos contextos: se tiran al voleo supuestos datos sobre la comisión de delitos por parte de menores que no tienen ningún tipo de basamento científico y a esto le sumamos discursos cargados de odio hacia los delincuentes”. 
“Esto no quita que la necesidad de discutir la reforma del régimen penal juvenil es un tema en el cual ha existido consenso democrático hace muchos años”, agregó Carbajal. 
La diputada Margarita Stolbizer (EF) adelantó que presentaría un dictamen de minoría y criticó el despacho de mayoría: “Tenemos un proyecto, por lo menos, desprolijo, contradictorio. Si un problema tiene el dictamen al que se ha llegado es justamente la dificultad de implementación en las provincias”.