La presidenta de la Comisión cabecera, Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), informó que se trata de la última reunión informativa sobre este tema y el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert (LLA) leyó informe del Ejecutivo sobre el costo fiscal de la iniciativa en la que se “proyecta un 0.34%  del PBI en el Presupuesto Nacional”. 

En tanto, Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explicó que "La evaluación de los proyectos en trámite tienen que hacerlo, a través de los principios que derivan del derecho internacional, de los derechos humanos en casos especialmente para Argentina". "La edad no debe ser menor a los 14 años y debe estar más cerca de los 18, aspecto que ya es cumplido por Argentina y se recomienda no reducirlo. Tiene que haber un régimen diferenciado de adultos y de menores". 

Emilio García Méndez, abogado, ex Director Regional de UNICEF para Latinoamérica, realizó un repaso de la historia "recién en el 2005 se permitió una ley no corporativa. Los proyectos tienen una concepción equivocada de política de infancia y política criminal, los únicos que no veo que estén equivocados son los de la CC y el de la diputada Reyes”, aportó. 

Por su parte, Marina Chiantaretto, procuración penitenciaria de la Nación, explicó que “la faz penal nunca adecuó la normativa penal a la convención de los derechos del niños, niñas, adolescentes por eso la Argentina tiene dos condenas: el caso Bulacio y el caso Mendoza”. Asimismo, subrayó que “la nota de especialidad debe traducirse como la obligación del Estado de un trato diferenciado o esencialmente diferenciado al de los adultos, no es menos penas porque esencialmente deber ser diferenciado”.

Damián Muñoz, defensor público oficial ante los Tribunales Orales de Menores Nº2 de CABA, consideró que no “está claro de que hablan los proyectos, que se propone, a que sujeto está dirigido y mucho menos a las víctimas que se pretende resguardar”, “Celebro que se analicen los proyectos pero el Estado no se está ocupando y no dialogan con las patologías duales, con los consumos problemáticos los proyectos no se están haciendo cargo de estas cuestiones centrales”, afirmó.
 
Carmen Ibarra, fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción 3 de Responsabilidad Juvenil de La Plata, provincia de Buenos Aires, consideró que el “gran desafío es sacar una ley que sea con un enfoque interdisciplinario, donde nos den las herramientas a los operadores del Poder Judicial, y que nos permita que los jóvenes terminen con la infracción a la ley penal, que puedan incluirse en la comunidad de una forma armónica, porque no nos olvidemos que los jóvenes infractores son el futuro de nuestro país”. 

Alejandrina Barry, legisladora de CABA (mandato cumplido), integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos: “Dentro de este proyecto no hay ni una sola política que ataque las causas sociales e impida que los pibes sean víctimas del narcotráfico. No solo estoy hablando de derechos básicos como la alimentación sino también de derechos integradores sociales que en cada barrio se construyan polideportivos, centros culturales, bolsa de trabajo”. 

Carola Bianco, profesora adjunta regular de sociología jurídica, secretaria de investigación docente de la maestría en DDHH de la UNLP, expresó que “El régimen penal juvenil tiene que estar pensado desde la perspectiva del paradigma restaurativo, y para eso va a requerir sí o sí de un trabajo con la comunidad y la víctima que requiere de un sistema de protección integral. Tiene que cambiar las prácticas del modelo anterior, pasar de ser un objeto de protección a un sujeto de derechos, es decir un sistema de protección reforzado”, aportó.

Por último, Rocío Alconada Alfonsín, abogada del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, habló de las principales problématicas del encierro como el suicido, los consumos problématicos y salud mental. Además. expuso que “una ley de responsabilidad penal es necesaria y urgente pero debe estar basada en los principios de razonabilidad, de proporcionalidad, y última ratio, debe tener prevención y mirada restaurativa.