En ese sentido, la presidenta de Legislación Penal, Rodríguez Machado (PRO), plantéo la idea de “tomar el proyecto original del Ejecutivo denominado "Ley Antimafias", y “tomar todas las sugerencias”. Tambien sugirió la posibilidad de unos días generar un despacho ya que “la provincia de Santa Fe, entre otras, merecen que se expida un texto de coincidencias, por lo pronto razonables, para proponer posibles modificaciones al Código Penal”.

En tanto, el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, José Glinski (UxP) , manifestó “encontrar un marco normativo que mejore la persecución del crimen organizado”. “Tenemos que darle herramientas a los tres poderes para que mejore su performance”, señaló. Pero sin embargo, aseveró que “es un proyecto que le otorga más facultades al Poder Ejecutivo sobre el judicial, aumenta penas, flexibiliza la figura de asociación ilícita pero el temor es que persiga cuestiones que no son parte del fundamento”, por eso, entre otros argumentos su bloque no acompañará la iniciativa. 

El diputado Christian Castillo (FIT) se mostró crítico del expediente porque “habilita un tipo de persecución política en la que se va a utilizar para perseguir a las organizaciones y sindicatos. No resiste escrutinio”, apuntó.

Desde la Libertad Avanza, Álvaro Martínez, aclaró que “aquí lo que se persigue es a los criminales, no a los ciudadanos. Necesitamos conocer las sugerencias de los bloques, pero espero que podamos tratarlo prontamente, porque tenemos que darle solución a todos los argentinos ante esta problemática”.

El diputado Manuel Aguirre (UCR) aportó el análisis de que “la lucha es trasnacional, por eso que creo que para concretar esto, la única manera de combatir las mafias es trabajar en conjunto”. Al mismo tiempo, solicitó conceptualizar y caracterizar “que es mafia para a partir de allí avanzar en una iniciativa y cambiar de filosofía en cuanto al derecho penal e ir a un sistema funcionalista”.

Asimismo, el diputado Oscar Agost Carreño (HCF), agregó que es un “tema que hay que discutirlo porque son nuevos formatos criminales”, y en ese sentido, su bloque incorporó un proyecto porque considera relevante añadir la “definición de mafia en el proyecto que estamos tratando y la creación de una fuerza de seguridad de élite”. 

En otro orden, la comisión puso en tratamiento la incorporación del artículo 23 bis sobre secuestro de armas de fuego, municiones o explosivos. “En los casos en que se hubieren secuestrado armas de fuego, municiones o explosivos, la autoridad judicial interviniente deberá, transcurrido el plazo de SEIS (6) meses desde su incautación, resolver el decomiso y envío a la autoridad competente para su destrucción, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 25.938”.

El material incautado será restituido a su titular registral cuando éste o sus dependientes no tuvieren vinculación con el hecho objeto de la incautación y la pérdida o robo del mismo haya sido debida y oportunamente denunciada ante la autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos. 

Al respecto, el autor del proyecto, diputado Matías Molle (UxP), expresó que el expediente “es simple, posee dos artículos y nace de una experiencia concreta”, en la que como ex director del RENAPER “muchos gobernadores tenían las armas en depósito provinciales y eso implica un riesgo y un gasto. La mayoría de estas armas de fuego son de jurisprudencia provincial, afirmó y, por ese motivo, “esta ley va  empezar a reducir todos estos riesgos y que las armas se destruyan efectivamente”.

En coincidencia, la diputada Marcela Campagnoli (CC), sostuvo que “adhiero al proyecto de Molle, las armas que desaparecen vuelven al circuito ilegal y ahí radica el problema”. Además, propuso que una vez que se “tramita la pericia de esa arma inmediatamente salga del juzgado y vaya al RENAR” y que sea prorrogable a pedido del juzgado.

Por su lado, Gabriela Brower de Koning (UCR) , también se mostró de acuerdo “con la finalidad del proyecto porque es importante contemplar medidas necesarias y urgentes para neutralizar el desvío que se genera de estas armas hacia circuitos ilegales”. Y planteó contemplar que el proceso penal “no tenga ningún tipo de vicio”.