En el marco de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, los funcionarios expusieron sobre las iniciativas del Poder Ejecutivo que modifican el Código Penal y Procesal Penal Federal en temas referidos a crimen organizado, resguardo del orden público, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas. 
A su vez, en conjunto con la Comisión de Seguridad Interior, explicaron la creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual.

El jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Monfroni, expuso sobre crimen organizado al que calificó como “irrupción de bandas de narcotráfico”, pidió atacarlo “con los instrumentos correspondientes” y abordar el tema de “una manera completa y no parcializada”. 
“Previmos una especie de asociación ilícita que no es exactamente que abarca determinados delitos que utilizan estas mafias, sino que se amplían”, aclaró. 
“La característica de esta ley es que hay una pena por la pertenencia a la organización y hay una pena que resulta de la comisión de la aplicación del tipo penal más grave que haya cometido un miembro de la organización a todos, como existe en Italia”, añadió. 
A su vez, explicó que está prevista una extinción de dominio con orden judicial y que el dominio “pasa inmediatamente de la organización o del miembro de la organización que lo tiene en su poder, al dominio del Estado nacional”. 
“Si esa persona resulta inocente el Estado tiene que indemnizarla con la reposición del valor del bien y es bastante mejor que retenerlos porque ya no tienen el mismo valor que cuando se los incautó”. “Son reglas de toda lógica que existen en todas partes del mundo. Necesitamos que se reestablezca el orden en la sociedad”, agregó el funcionario.  
En tanto, el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto, expuso sobre legítima defensa, reincidencia y reiterancia. “Proponemos una ampliación significativa del marco de la legítima defensa y el cumplimiento del deber. Muy frecuentemente nos encontramos con policías, gendarmes y prefectos que son encarcelados por intervenir en un hecho ilícito con el argumento de que hubo excesos en la legitima defensa y estos excesos frecuentemente son opinables”, dijo. “Algunas veces los jueces hacen una valoración del miembro de las fuerzas de seguridad como si estos estuvieran en un tablero de ajedrez y, a veces, hay disparates judiciales”, continuó. 
Respecto a los delitos de atentado a la autoridad, el funcionario manifestó que “tiene penas de cumplimiento no efectivo en Argentina y debe ser de los pocos países que se le tira en la cabeza una piedra o se amenaza a un policía sin que ocurra nada”. “Podría tener una condena condicional, en el mejor de los casos y proponemos una pena de 4 a 6 años de cumplimiento efectivo”, añadió.
En cuanto a reincidencia y reiterancia, Soto sostuvo “no está reglado qué pasa con el que comete delitos reiterados y sale en libertad”. “Los jueces no ven los hechos y causas anteriores, solo ven un expediente y con eso evalúan y deciden la libertad. No valoran otras cuestiones o situaciones especiales. Lo que se necesita es que se regulen estos casos con pautas objetivas, que es determinar un mayor aumento o evaluación del peligro de fuga o del peligro de obstaculización del proceso”, puntualizó. 

En conjunto con la Comisión de Seguridad Interior, los funcionarios también expusieron sobre la creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual –Ley 26.879– modificaciones.
Fernando Soto explicó que se trata de un sistema que “permite comparar la huella genética con el perfil genético de un imputado” y consideró que “es un sistema que se utiliza hace muchísimos años en todo el mundo”. Asimismo, el funcionario reconoció la experiencia de la provincia de Mendoza en cuanto al registro genético para la investigación de delitos penales.
“Esto va a traer certeza en una investigación, certeza sobre quien participó de un hecho, permitir identificar restos y, a su vez, exonerar a quien no tiene responsabilidad”, añadió.