Invitada a la Comisión, la secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales, Graciela Aleñá, habló sobre la situación del sector: “El problema nos atañe a todos. Hay una neutralización y paralización de las obras que tiene Vialidad Nacional, a la fecha son 62 obras, y se suma la falta de presupuesto y el desfinanciamiento”. “Para que una obra con peaje hoy funcione tenemos que hablar de 10 mil pesos de peajes”, puntualizó. 

Julio Aralde, secretario general de la Federación de Personal de Vialidad Nacional, expresó que  “Vialidad Nacional tiene presencia federal en todas las provincias y es necesaria, como ente regulador, para la organización y ordenamiento de las políticas viales dentro del país”. “Hay una mala política de inversión, no hay mantenimiento; las rutas no están en condiciones”.

Desde la Federación de Personal de Vialidad Nacional, el secretario Gremial, Fabián Cattanzaro, dijo que “la convocatoria a esta comisión da cuenta de la problemática del sector. Vialidad es el organismo que ejecuta casi el 80% del presupuesto de obra pública en Argentina y tuvo un recorte del mismo porcentaje. A eso se suma la subejecución presupuestaria, sobre un presupuesto de 600 millones de pesos hoy se han ejecutado 280 millones”.

Respecto al proyecto que crea el observatorio de la obra pública en el ámbito del Ministerio de Economía, como un “espacio de participación, destinado a contribuir a la evaluación y mejora continua del marco normativo, de las prácticas, herramientas y procedimientos de planificación, así como de la contratación, ejecución física y financiera de las obras públicas que lleve adelante el ministerio y sus entes descentralizados”. La autora del proyecto, diputada Liliana Paponet (UxP), explicó que se trata de “dinamizar, fomentar la obra pública y la transparencia. El objetivo es poder reactivarla dándole mayor eficiencia en la ejecución del gasto”.

En cuanto al proyecto del diputado Julio Cobos (UCR) de creación del Registro Nacional de Protección a las Personas, Medioambiente y Bienes establece “las condiciones de seguridad que deberán cumplir las presas, diques y embalses, definiendo las obligaciones y responsabilidades de sus titulares, la creación de un registro nacional con la finalidad de proteger a las personas, al medio ambiente y a los bienes”. Cobos comentó que el objetivo es “resguardar la vida de las personas”.

El Ingeniero civil especializado en geotécnica, Oscar Varde, explicó el expediente: “El tema seguridad de presas es dominante y transversal”. “Los daños que podría causar la falla de una presa, sea de defensa o de embalse, es tremenda”. “Es un tema dinámico que necesita control porque el cambio climático hace cambiar la hidrología”.

En otro orden del temario, los diputados analizaron una serie de pedidos de informes al Poder Ejecutivo Nacional referente a obras específicas y a nivel nacional.