La Cámara de Diputados de la Nación debatió en sesión especial el proyecto de ley que establece modificaciones al régimen jurídico aplicable a la Movilidad Previsional y a la Seguridad Social. La votación obtuvo 153 votos positivos, 87 negativos y 8 abstenciones.

La norma que había sido sancionada por el Congreso, obtuvo el veto presidencial y fue devuelta al Poder Legislativo. Según el procedimiento de formación y sanción de Leyes, se requieren dos tercios de los votos para rechazar el veto presidencial a la ley e insistir con el proyecto sancionado por el Congreso.

En su discurso, la diputada Vanina Biasi (Partido obrero - Frente de izquierda y de trabajadores -Unidad), cuestionó el veto presidencial al especificar que “esta ley incide poco en el equilibrio fiscal”.

Por su parte, el diputado Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) consideró que “la valoración de que hay que hacer frente a la situación de los jubilados merece un esfuerzo de toda sociedad”.

Luego, el diputado Juan Brügge (Encuentro Federal) anticipó “el rechazo de su bloque al veto presidencial”, al argumentar que “entendemos que no está fundado del punto de vista legal, de los hechos y tampoco de la realidad que pretende mostrar el Presidente a través de los números que nos tiene acostumbrado y que muchas veces no tienen un correlato con aspectos técnicos"; mientras que su par Juan Manuel López (Coalición Cívica) expresó: “No van a ganar ustedes, no vamos a perder nosotros; van a perder los jubilados que no encuentran una solución”.

En tanto, el diputado Agustín Domingo (Innovación Federal) adelantó que “la posición de su bloque va a ser la abstención”, y en ese sentido, advirtió: “No es cierto que la fórmula previsional que aprobamos en este Congreso, por una amplia mayoría, sea inviable fiscalmente”. “Muy por el contrario, lo que esa fórmula evitaba es lo que ahora es inevitable, una catarata de juicios por no respetar el empalme de una fórmula a otra”, alegó.

La diputada de la UCR Gabriela Brower de Koning aseveró: “Esta ley no solamente era justa y necesaria, sino que también era presupuestariamente responsable”. Y agregó:  "Siempre defendimos y tuvimos nuestro objetivo de generar una propuesta que sea fiscalmente responsable, pagable”. 

A su turno, el jefe de la bancada del Pro, Cristian Ritondo, pidió “sensatez y responsabilidad a la hora de legislar”, al sostener que “esta ley produciría, para este año, un déficit que seis mil millones de dólares, y quince mil para el año siguiente”. 

El legislador indicó que “se trató una ley donde no había un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso”, y en esa línea, criticó: “Lo que están planteando en los hechos es financiar con emisión, con deuda que no podemos tomar y todos sabemos que más emisión es más inflación; y más inflación es más pobreza para todos los argentinos, especialmente para los jubilados y los que menos ganas”.

Desde Unión por la Patria, Germán Martínez (UxP) anunció que “venimos a rechazar el veto”, al tiempo que su par del mismo bloque Leandro Santoro recalcó: "Las jubilaciones no son planes sociales, los jubilados son acreedores del Estado". 

Desde La Libertad Avanza, José Luis Espert, argumentó en favor del veto presidencial: “Este proyecto de ley cuesta 10 mil millones de dólares”. En el mismo sentido, Juliana Santillán definió que es “una decisión valiente y crucial del presidente Javier Milei". Y agregó: "Con el veto Milei frenó una imprudencia fiscal, la economía necesita previsibilidad, el déficit cero no se negocia". Por último, el presidente del bloque, Gabriel Bornoroni, concluyó que “están utilizando a los jubilados porque quieren desestabilizar al gobierno” e instó a sus pares a fortalecer el sistema previsional a través de la sanción de una reforma laboral. 

Al comienzo de la reunión, el pleno aceptó la renuncia del diputado radical Pedro Galimberti, y, en su lugar asumió Nancy Ballejos (Pro), quien prestó juramento ante la Cámara baja.