La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso de la Nación avaló hoy el Decreto de Necesidad y Urgencia que deroga la intervención transitoria de la empresa agroexportadora Vicentin, dispuesta por un DNU del Poder Ejecutivo firmado en junio pasado.

Por medio de videoconferencia, el titular de la Bicameral, diputado nacional Marcos Cleri (FdT), se refirió al Decreto de Necesidad y Urgencia 636 del Poder Ejecutivo, rubricado el 31 de Julio del 2020, por el cual se deja sin efecto el DNU 522, suscripto el 9 de Junio del mismo año, que dispuso la intervención transitoria de la sociedad Vicentin S.A.I.C por el término de 60 días.

“Estamos a favor de la validez del DNU 636. El decreto del PEN deroga el decreto 522 dejando sin efecto la intervención, y asimismo, avanza con las causas para recuperar las acreencias del Estado", indicó.

“Con la intervención de Vicentin se buscó certeza y tranquilidad para los acreedores de la empresa que está concursada y en cesación de pago desde el 4 de diciembre de 2019", así como también “empezar a coordinar el accionar del Estado en sus organismos para buscar una solución sustentable", aseguró el diputado oficialista.

Cleri también se refirió a la creación de una Comisión Bicameral para investigar las deudas que tiene la empresa cerealera Vicentin con el Banco Nación, que ya cuenta con media sanción del Senado de la Nación y aseguró que “en Diputados lo estaremos tratando en la brevedad”.

A su turno, el diputado del PRO Pablo Tonelli afirmó: “Estamos de acuerdo con el DNU 636”, admitiendo que los fines de la intervención hayan sido loables, el método fue una gran equivocación".

“El DNU 522/20 fue ilegal e inconstitucional, por lo cual lo mejor que podía hacer el Presidente de la Nación era derogarlo”, subrayó.

Por su parte, la senadora del Frente de Todos María Teresa González consideró que “sin la presentación del balance 2019 no se puede llegar al diagnóstico absoluto del estado de situación de la empresa, por lo tanto, no podemos conocer el pasivo real”.

Luego, el diputado Omar De Marchi (PRO) sostuvo: “Vamos a darle dictamen favorable al DNU 636”, aunque señaló que "la única manera capaz y eficiente para una reactivación relativamente rápida es la inversión privada. El Estado está virtualmente quebrado y debemos generar el clima para esa reactivación económica".

La diputada Lucía Corpacci (FDT) se refirió a “la gran estafa de Vicentin al Banco Nación” y denunció: “Hubo autoridades que fueron cómplices y son responsables de la situación de miles de trabajadores”.

En tanto que el diputado Luis Petri (UCR) expresó: “Nunca tratamos el DNU de la intervención de Vicentin, que era inconstitucional e inconsistente. Lo primero que se violó fue el federalismo y lo segundo, la injerencia de un poder sobre otro poder del Estado".

Respecto a la intervención de Vicentin, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (FdT) argumentó: “Hay una ley que permite la intervención de una empresa como una medida excepcional al derecho de propiedad. Fue una medida constitucional, republicana y reglamentada”.

En relación a la derogación de un DNU que había sido dictado hace menos de dos meses, la legisladora oficialista explicó: "Ocurrieron acontecimientos durante ese período y a lo largo de este tiempo el proceso de vaciamiento de la firma Vicentin ha sido escandaloso, sumado al desprendimiento de los asociados de sus bienes privados".

A modo de cierre, Fernández Sagasti expresó: "El único fin que tenía el Estado para la intervención de Vicentin fue asegurar las fuentes de trabajo y evitar el despojo a productores que entregaron sus granos y fueron proveedores de servicios y fueron estafados".

Finalmente, la diputada Romina del Pla (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), quien no integra la bicameral, manifestó: “El tema Vicentin no está cerrado, ahora viene la defensa de los puestos de trabajo; y el Frente de Izquierda va a defender que la salida para todas las empresas en situación similar pasa por la expropiación y puesta en gestión bajo los trabajadores".