La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados comenzó el tratamiento de una serie de proyectos que abarcan distintas aristas del Código Penal como el robo de motos, la alteración de escenas del crimen, el bloqueo a empresas y las penas para delitos cometidos por funcionarios públicos.
En primer lugar, expuso la diputada Patricia Vásquez (PRO) acerca de su iniciativa para modificar el Código Penal en el Título VI -Delitos contra la Propiedad- y en el Título XI -Delitos contra la Administración Pública- frente al incremento de los hechos ilícitos realizados con vehículos y moto vehículos.
La diputada Vásquez se refirió al “obsceno crecimiento” de robos de motos. “En el 2023 tuvimos 42.333 robos de autos y 50.737 robos de motos, hay un 67% de robos de motos en el AMBA y Provincia de Buenos Aires”, dijo.
También aseguró que, en los últimos diez años, creció un 167% este tipo de delito. “En lo que va del año hubo 8.200 episodios de máxima violencia, perpetrados por delincuentes que atacan en motocicleta, con un saldo de 18 muertos”, añadió. 
“Es obvio que la seguridad ciudadana se ve amenazada cuando el Estado no cumple con su función principal de brindar protección contra el crimen”, analizó, antes de manifestar que “esto es una emergencia, no es opinable, es algo real que está pasando todos los días y que hay que frenarlo”. 
A continuación, la diputada Gabriela Brouwer De Koning (UCR) explicó su proyecto que modifica el Código Penal con la finalidad de agravar los delitos de tenencia ilegal y portación ilegal de armas de fuego cometidos por miembros de fuerzas de seguridad.  Asimismo, el texto busca incorporar como nuevo tipo penal la alteración de escenas del crimen cometidos por miembros de fuerzas de seguridad.
“Esto surge por la muerte de un adolescente, Blas Correa, que en época de pandemia iba en un auto con amigos y fue interceptado por las fuerzas de seguridad, quienes empezaron a disparar”, relató Brouwer De Koning. “En el proceso judicial se investigó y se llegó a la conclusión de que hubo manipulación de la escena del crimen. Las fuerzas de seguridad plantaron un arma para simular un enfrentamiento”, añadió.
La diputada de la UCR expuso que “hay muchísimos casos en el país” de violencia institucional, donde existe “una práctica diseñada, planificada y las fuerzas de la policía están acostumbradas”. 
“Este proyecto propone incorporar un nuevo tipo delictivo: la alteración de la escena del crimen por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad”, alegó, al mismo tiempo que dijo que “no se trata simplemente un encubrimiento, sino que ya es un atentado contra la seguridad pública”.
En tanto, la diputada Verónica Razzini (PRO) se refirió a la iniciativa de su autoría que incluye en el Código Penal la figura del bloqueo a empresas.
 “Necesitamos que la legislación se ordene y dé lugar a esta problemática que, en los últimos veinte años, se ha transformado en un modus operandi de distintas organizaciones que se apañan en el derecho a la protesta y el derecho a la huelga”, dijo Razzini.
“Bloquear empresas es un delito, pero si logramos darle una figura penal al bloque de empresas vamos a lograr poder dar orden y, principalmente, proteger a los trabajadores”, añadió.
Por último, la diputada Yamila Ruiz (Innovación Federal) presentó su proyecto que busca incrementar las penas para los delitos cometidos por funcionarios públicos.
Ruiz explicó que la iniciativa “pretende tener un gran impacto social, de transparencia y, por supuesto, para devolver al pueblo la confianza depositada en las instituciones”. Según el proyecto, un juez podría dictar penas de entre 10 a 33 años contra funcionarios públicos que hayan cometido delitos. 
“El objetivo es que los funcionarios públicos enfrenten penas más severas y desincentivar la cuestión delictiva en caso de que estén ejerciendo su mandato”, concluyó la legisladora de Innovación Federal.