Las declaraciones se dieron en el marco de una reunión conjunta de las Comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior, encabezadas por los diputados del PRO Laura Rodríguez Machado y José Nuñez, respectivamente, con el objetivo de debatir los proyectos de creación del Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, así como también, de “Ley Antimafia”, con el fin abordar de manera integral el fenómeno del crimen organizado en nuestro país.

En su exposición, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, respaldó el proyecto de Ley, y en ese sentido indicó que “no tenemos que tener miedo de llevar a cabo reformas importantes”.

Asimismo, pidió “no quedarse cortos con el alcance la Ley”, para que “a otras provincias no les suceda lo mismo que transita Rosario”. Y en esa línea, sugirió, por ejemplo, legislar sobre el "aislamiento pleno de una persona que está en la cárcel y que, desde ahí, manda a matar a inocentes para mantener su poderío criminal y para que se retroceda con una política pública”.

Además, el mandatario provincial se refirió a la situación que vive la ciudad de Rosario y explicó: “En Santa Fe tenemos un problema de violencia estructural y crimen organizado”. “Al crimen organizado hay que golpearlo rápidamente y para ello se necesitan muchas herramientas para luchar contra el delito y contra una violencia perenne”, puntualizó.

A modo informativo, Pullaro informó que, hasta el día de hoy, “en Rosario se han contabilizado 49 homicidios dolosos”, mientras que, en el 2023, para esta fecha “ya teníamos 129”, en relación “al avance que hemos logrado, a través de la implementación de herramientas de política criminal”. 

En cuanto a la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos, el Gobernador resaltó: “Es inteligente e importante este tema y sirve para resolver muchos casos”. "Nos vendría muy bien contar con esta herramienta en nuestra provincia ", especificó.

Finalmente, se expresó respecto al objetivo de la Ley que “está basada en políticas implementadas en EE.UU e Italia”: “Esta norma permite vincular a cualquier miembro que comete el delito con las organizaciones criminales en su conjunto y así poder erradicarlas del territorio”. De esta manera, consideró: “Se va a permitir ir contra los individuos y contra la organización en su conjunto logrando que baje la violencia y el delito”.

En la misma línea, Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe,  enfatizó: “Es un imperativo contar con herramientas de investigación y persecución penal amplificadas para este tipo de organizaciones”. “Compartimos la necesidad de contar con la Ley Antimafia”, remarcó.

En cuanto a las cuestiones procesales, el Ministro indicó que "coincidimos con el espíritu y la necesidad del proyecto”, pero -puntualizó- “creemos que es insuficiente para una política criminal que aborde las mafias".

Al respecto, Marcelo Aebi, doctor en criminología y profesor de la Universidad de Lausana, Suiza, avaló la “Ley Antimafia”, pero propuso “algunas ideas para mejorar el proyecto”: “Si se crean organismos especializados, es fundamental disponer de un presupuesto acorde, establecer mecanismos de control y transparencia para prevenir cualquier instrumentalización de estos organismos con fines políticos”. Además, -detalló- “debemos fortalecer la protección de testigos en los casos de crimen organizado”.

Por su parte, Rocco Carbone, investigador independiente del CONICET y doctor en Filosofía (Universidad de Zurich, Suiza) precisó que “no todas las organizaciones son mafiosas”, al tiempo que definió a “la violencia mafiosa” como “un medio para obtener beneficios que serían imposibles conseguir de manera legal”. Y, respecto a la norma, señaló: “Esta norma tiene muchas imprecisiones”.

Luego, Kevin Nielsen, vicepresidente de la Asociación de Pensamiento Penal, realizó algunas observaciones respecto al paquete de reformas criminales: “Hay profundas ambigüedades en relación a las conductas que se quieren punir, así como también, la norma define que se entiende por vinculación con una organización criminal, sin especificar qué es una organización criminal, es decir que no se la conceptualiza”.

Además, participaron del plenario Jorge Baclini, abogado especializado en Derecho Penal y Garret Edwards, director de Investigaciones Jurídicas de la Fundación Libertad.