El dictamen, que se alcanzó luego de unificar dos proyectos, instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. Los legisladores se comprometieron en pedir “rápidamente” el tratamiento en la comisión de Presupuesto y Hacienda.

La norma establece, según sus fundamentos, entre otras cuestiones, que el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, “debe garantizar la universalidad de la atención de dichas personas mediante la integración de políticas, recursos institucionales y económicos afectados a dicha temática”. Y añade: “La universalidad consistirá en asegurar el acceso y la calidad de las prestaciones en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional, y sobre la base del principio de no discriminación por motivos de discapacidad”. 

La diputada Victoria Tolosa Paz (UxP) destacó que en el proyecto “la perspectiva de infancia esté presente” y celebró que “haya un miembro representante del Consejo Federal de Niñeces, Adolescencia y Familia”. Asimismo, Soledad Carrizo (UCR) advirtió que “si no logramos que las provincias adhieran a la ley, vamos a tener una asimetría muy grande con las prestaciones”.

En tanto, Karina Bachey (PRO) remarcó que “necesitamos trabajar la discapacidad de manera altruista y de vanguardia, de acuerdo a lo que nuestra sociedad está pidiendo”. “El sistema de discapacidad está muy viciado y necesitamos mecanismos de control y auditoría, tanto para quienes reciben las prestaciones como a los prestadores, gastando los recursos de forma eficiente y que lleguen realmente a las personas que necesitan la asistencia del Estado”, subrayó.

Al anticipar su apoyo al proyecto, Nicolás Del Caño, del FIT-Unidad, instó a “garantizar la universalidad de las prestaciones”. La diputada Natalia Sarapura (UCR), afirmó que “venimos a garantizar las prestaciones y definir el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad”. Nancy Sand (UxP) señaló que “esta es la forma que debemos trabajar en estos temas que son transversales”, y en ese sentido, añadió: “Como diputados, estamos honrando la representación del pueblo argentino”.

En representación de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine reiteró que “el decreto no va a salir, es un borrador que no se va a firmar, así que no tienen que preocuparse porque no se van a limitar las prestaciones”. En otro orden, propuso realizar una capacitación en lenguaje de señas, en las instalaciones de ANDIS, para “demostrar compromiso de integración y poder comunicarnos”, manifestó.

Con respecto al decreto, Daniel Arroyo expresó que “necesitamos una comunicación oficial del Ejecutivo que de cuenta de que el decreto no va a salir”.

En esa misma línea, también se avaló el proyecto de resolución que expresa preocupación por la posible desregulación del sistema de determinación de valores arancelarios de las prestaciones incluidas en el nomenclador de Sistema Único de Prestaciones Básicas de atención integral en favor de las personas con discapacidad.

Al comienzo, Arroyo, titular de Discapacidad, informó que, como se había fijado en el último encuentro, el viernes pasado se reunieron con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, quien se comprometió a revisar el proyecto de desregulación del Sistema Único de Prestaciones Básicas de las Personas con Discapacidad y, además, expresó la intención de asistir próximamente a la Comisión.