La Comisión de Derechos Humanos y Garantías, que preside la diputada Sabrina Ajmechet (PRO), dictaminó de forma mayoritaria para que se declare cada 20 de marzo como Día de Duelo Nacional en homenaje a las víctimas de violaciones de los derechos humanos durante la pandemia. “Me genera una gran satisfacción que estemos todos los bloques dándole la importancia y la centralidad que este tema merece para todos”, expresó Ajmechet.

Por su parte, el bloque de Unión por la Patria presentó su propio dictamen que homenajea a las víctimas e incorpora el reconocimiento a quienes fueron trabajadores esenciales. Además, este dictamen propone que la fecha de duelo sea cada día 7 de marzo en honor a la primera víctima de la pandemia.

Previamente, la comisión recibió a especialistas e instituciones quienes relataron cómo han acompañado en los casos de violaciones a los Derechos Humanos, en el marco de la gestión de la Pandemia de COVID-19.

“Después de meses de trabajo, en los que hemos recibido a familiares de víctimas de derechos humanos fallecidos en la pandemia, queríamos seguir trabajando esta cuestión desde la perspectiva de otros derechos humanos que también fueron vulnerados en la pandemia”, explicó la titular de la comisión.

Paula Insani, representante de Padres Organizados, expresó que “muchos chicos mostraron síntomas de depresión y ansiedad durante la pandemia”. Y cuestionó que “aún no podemos saber el impacto en un país sin datos, no ha habido una sola evaluación de lo actuado de parte del Estado”.

Por su parte, Valentino Díaz Fontau fundador de Estudiantes Organizados explicó cómo logró enfrentar el encierro: “Sentí que las promesas vacías ya no alcanzaban, entonces, comenzamos a organizar manifestaciones, dijimos 'queremos ser esenciales'”. “Creo que la educación es la única herramienta capaz de transformar el país, por eso pasamos de la protesta a la propuesta”, concluyó Diaz Fontau.

En representación de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, señaló que “la pandemia y algunas de las medidas para abordarla tuvieron efectos devastadores en la población”. A la vez que cuestionó “la concentración de facultades en las fuerzas de seguridad” que “devino en múltiples excesos”.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Macarena Sabin Paz y Victoria Darraidou, explicaron que “muy tempranamente señalamos que el Estado es responsable, que el duelo es un derecho”.

Además, argumentaron que “lo que ocurrió es un trauma social, y la posibilidad de elaborar el duelo, de ritualizar las perdidas, no podía quedar a instancias de la gestión de lo individual”.

También participaron Analía Marsella integrante del Movimiento Ciudadano 20M; Pablo Maciel, de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP); Sybil Rhodes de UCEMA – CADAL; y, Pedro Lynn de ATE Capital.