En una sesión especial, la Cámara de Diputados devolvió al Senado el proyecto por el cual se modifica la Ley 26.122, de Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), de Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes. 

En defensa del dictamen de mayoría, Mónica Litza (UxP), aseguró que “de ninguna manera están mal los DNU” y consideró que el problema “no es el instrumento, es cómo se han usado”. “No todos los DNU fueron iguales, algunos ampliaron derechos y otros vinieron a destruir el Estado”, remarcó.

Desde el bloque de Encuentro Federal, el diputado Miguel Ángel Pichetto expresó que “cada uno de los gobiernos ha utilizado este instrumento en exceso”. “Quiero que tengan en claro que esta iniciativa no es contra el gobierno ni contra el presidente de la Nación”, añadió. 

Asimismo, Pichetto sostuvo que los DNU son “un elemento necesario e imprescindible en la resolución de la crisis económica que vive el país”. “Es importante que tengamos un nuevo instrumento que determine que ambas Cámaras le den el aval”, afirmó.

En representación de Democracia para Siempre, el diputado Fernando Carbajal aclaró que “no somos enemigos de los decretos de necesidad y urgencia”. En tanto, hizo hincapié en que “venimos a buscar un punto de solución hacia el futuro, donde nadie pretende limitarle facultades al presidente, queremos empezar a transitar el camino de la normalidad institucional”. “Los DNU tal como han funcionado no han respetado el espíritu de la Constitucion”, puntualizó.

Al anticipar que no acompañaría el dictamen de mayoría, la diputada Paula Omodeo, de CREO, resaltó que “con esta ley buscan generar un clima de incertidumbre, están buscando el oportunismo electoral”. En esa línea, ponderó que “primero están los argentinos, después está la especulación política”.

Por el bloque de La Libertad Avanza (LLA), el diputado Nicolás Mayoraz sostuvo que “quieren desestabilizar al gobierno, generar la mayor inseguridad jurídica que puedan y lo hacen a través de este proyecto de ley”. “Nuestro dictamen de rechazo tiene, obviamente, consideraciones políticas, porque en parte tiene que ver con la inseguridad jurídica que se genera a partir del mecanismo que están queriendo instaurar”, añadió Mayoraz, al tiempo que subrayó que "lo que pretenden ahora va en contra de la Constitución".

Desde la bancada del PRO, la diputada Patricia Vásquez indicó que "no venimos a debatir la facultad constitucional de dictar o no un DNU”. “Acá venimos a discutir una intencionalidad política de limitar el Gobierno constitucional y democráticamente electo, con una supuesta discusión jurídica”, declaró. 

Posteriormente, el diputado Martín Tetaz (UCR) consideró que "lo razonable sería tener este debate en el 2026”, al cuestionarlo como “oportunista”. De esa manera, y en contra del dictamen que vino del Senado, el legislador aseguró: “Es una reforma que transfiere todo el poder a la Cámara de Senadores”.

En otro aspecto, el diputado Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), aseguró que “su temor es que sea tildado de inconstitucional, de error técnico”, al señalar que “eso se podría haber evitado con una redacción más atinada”.

Desde el Frente de izquierda, Vilma Ripoll manifestó el apoyo al proyecto, al plantear la necesidad de “poner un límite al gobierno”; mientras que Marcela Pagano (Coherencia), sostuvo que esta norma busca “reconstruir y volver al equilibrio”, ya que “no es un debate ideológico sino moral”.

Osvaldo Llancafilo (Mov. Pop. Neuquino) dijo que “no está bien que sea una forma de gobernar mediante los DNU”, aunque resaltó que “tampoco está bien que haya un factor de oportunidad política”. “Estamos de acuerdo con que la ley se revise, pero no estamos de acuerdo en que se haga a 20 días de una elección legislativa”, subrayó.

Durante la sesión especial, además, se aprobó la designación de la terna que estará al frente de la Defensoría de los derechos de las niñas, niños y adolescentes por 156 votos afirmativos, 44 negativos y 4 abstenciones, tras un concurso público realizado por la Bicameral del Defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En otro orden temático, la Cámara de Diputados también avaló un cronograma de tratamiento del proyecto de ley de Presupuesto 2026 y un pedido de informes al ministro de Economía, Luis Caputo, sobre las negociaciones llevadas adelante con el gobierno de los Estados Unidos.

También se aprobaron un conjunto de emplazamientos para el martes 14 próximo: a las comisiones de Asuntos Constitucionales y, Peticiones Poderes y Reglamento a realizar una reunión conjunta para tratar pedidos de informe al Jefe de Gabinete de Ministros; a las comisiones de Pequeña y Mediana Empresa, Justicia, Energía y Combustible, Finanzas y Presupuesto y Hacienda para tratar en conjunto los expedientes sobre emergencia en Pymes; a una reunión conjunta de las comisiones de Discapacidad y Asuntos Constitucionales para dictaminar sobre el proyecto que propone reformar la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis); a una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Comercio para dictaminar sobre el proyecto que propone derogar el decreto que habilita la importación irrestricta de maquinarias y equipos usados; a las comisiones de Deportes, Comunicaciones e Informática, Presupuesto y Hacienda a realizar una reunión conjunta informativa con invitados, y a una reunión conjunta, de las mismas, para dictaminar el día martes 21.

A continuación, obtuvieron media sanción la ley que prevé anular la suspensión prevista en el Decreto 681/25 sobre emergencia en materia de discapacidad; la ley que declara la Emergencia y financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; la creación del Programa Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y Otras Demencias (PLEA), y la declaración de Héroe Nacional al Brigadier Estanislao López “Patriarca del Federalismo Argentino”, defensor de los ideales federales y republicanos. 

Por último, se aprobó la convocatoria a brindar informes a funcionarios nacionales y un proyecto de declaración que insta al ministerio de Defensa nacional a adoptar medidas para la recomposición presupuestaria del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).