La Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción a un proyecto de ley que establece la creación de un nuevo Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, con el fin de poder abarcar la identificación genética de todos los delitos previstos en el Código Penal.

En la votación, el proyecto obtuvo respaldo con 146 votos afirmativos, 87 negativos y 7 abstenciones. Fue girado al Senado para su sanción definitiva.

Como miembro informante, la diputada Laura Rodríguez Machado, del PRO, explicó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. “Hay absoluta coincidencia que hay que ampliar el registro e incorporar el ADN de contacto como instrumento para que se sumen nuevos perfiles”, señaló. Asimismo, destacó que la norma “es una de las más importantes en materia de investigación criminalística desde el año 1912”.

El objetivo, según Rodríguez Machado, es que “muchas madres y muchas mujeres que han sido objeto de violaciones pueden encontrar, a través de este nuevo sistema, quienes fueron sus victimarios”. “Ahora vamos a incluir que ingresen también los perfiles genéticos de los imputados por delitos”, concluyó.

Al presentar el dictamen de minoría, Martín Soria (UxP) detalló las diferencias con respecto al de mayoría, enunciando los tres principales ejes: “Es inconveniente que sea traspasado a la órbita del Ministerio de Seguridad; la toma de muestras de ADN compulsiva sin definir prioridades en lógica criminal; y la designación sin criterios del directorio de huellas genéticas, cambiando el software nacional y gratuito creado en 2013 para reemplazarlo por uno del exterior”.

El diputado Gabriel Bornoroni, de La Libertad Avanza, afirmó que el registro genético “ayudará a transformar el país y permitirá avanzar con rapidez ante nuevos casos; así saldaremos las deudas con las víctimas”. Desde el mismo bloque, Santiago Santurio, sostuvo que “es fundamental que se identifiquen a los criminales y que vayan a la cárcel”.

En tanto, la diputada Natalia Sarapura, de la UCR, remarcó que “esta modificación no debemos entenderla solo como una iniciativa tecnológica, sino que la debemos entender, defender y aplicar como un compromiso con la justicia, seguridad y bienestar de todos los argentinos”.

Por su parte, Vanina Biasi (PO/FIT Unidad) criticó el proyecto porque “tiene como finalidad tener más instrumentos para espiar a nuestra sociedad”.

Durante la sesión, se aprobó también el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida fuera de él de fuerzas nacionales, para participar en los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas, a realizarse desde el 1º de septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025.

Asimismo, se aprobó la norma que declara a la VI Brigada Aérea como “Brigada Heroica”, en homenaje y reconocimiento al personal que participó en la Gesta de Malvinas, junto a una serie de tratados y acuerdos internacionales.

Al inicio de la sesión especial, se aceptaron las renuncias del diputado Alfredo Vallejos, que fue reemplazado por José Federico Tournier (UCR), y del Secretario Parlamentario de la Cámara de Diputados, Tomás Figueroa, siendo designado para dicho cargo Adrián Pagán.

EDUCACIÓN COMO SERVICIO ESENCIAL

Por otra parte, a las 21 horas del miércoles, la Cámara de Diputados comenzó a debatir el proyecto de ley que establece la educación obligatoria como “servicio estratégico esencial”. En la votación el proyecto obtuvo respaldo con 131 votos afirmativos, 95 negativos y 2 abstenciones y fue girado al Senado para su sanción definitiva. 

La norma, que en junio pasado logró unificar en Comisión ocho iniciativas y alcanzó el consenso entre los bloques del PRO, UCR, LLA, Innovación Federal, Encuentro Federal y Coalición Cívica, apunta a que en todos los niveles y modalidades se garantice el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades.

Al respecto, el diputado Alejandro Finocchiaro (PRO) consideró que “el proyecto pone en el centro del debate educativo a los chicos, que son el corazón del sistema educativo”. “Tenemos que lograr un equilibrio para que los chicos puedan ser educados sin cercenar el derecho constitucional de huelga de los docentes”, agregó.

“Lo que decimos es que, en caso de una medida de fuerza, la escuela debe estar abierta, los directivos tienen que ser responsables de que eso suceda y debe haber una guardia para que reciban a los chicos”, explicó.

Sobre el dictamen de minoría se expresó la diputada Blanca Osuna (UxP), quien planteó que “el agravamiento del hambre y desnutrición se traduce en la educación y los resultados”. “Los docentes están sin inversión en el Fondo Nacional de Incentivo, sin libros, sin computadoras y sin aportes para conectividad”, advirtió Osuna.

En tanto, Vanina Biasi (FIT) criticó el dictamen de mayoría. “Quieren llamar esencialidad a prohibir el derecho a huelga, pero este gobierno subejecutó todos los programas educativos, recortó los libros, recortó el FONID y recortó el 20% del salario a la docencia”, enumeró.

FINANCIAMIENTO DE UNIVERSIDADES

Otro proyecto de ley que se puso en consideración fue el de Financiamiento de Universidades Nacionales. En este caso se votó el segundo dictamen de minoría con modificaciones propuestas por la UCR y Unión por la Patria respecto a la recomposición de salarios desde diciembre 2023 hasta diciembre de 2024, de forma mensual de acuerdo a la inflación informada por el INDEC; la incorporación de dos actividades: fortalecimiento de la ciencia y técnica en las universidades; y fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria; aumento del monto de las becas, entre otras. La norma contó con el apoyo de 143 votos a favor, 77 en contra y 1 abstención.

Como miembro informante del dictamen de mayoría, Blanca Osuna (UxP) destacó que “este proyecto de ley plantea que se instruya al Gobierno Nacional de la asistencia financiera de universidades, pero además se refiere en el programa a 26 actividades específicas”.

Por su parte, el diputado José Luis Espert (LLA) explicó que “en términos reales el presupuesto educativo crecería 10%, no hay ningún ajuste". Además, señaló que “el diálogo con las universidades está vigente”. “El gobierno está gestionando y solucionando problemas heredados en educación superior”, agregó Espert. Y concluyó: “No podemos permitirnos una ley de fantasía que vaya en contra del déficit cero”. 

Por otro lado, con respecto a otro de los dictámenes de la minoría, la diputada Danya Tavela (UCR), explicó que "si queremos consolidar nuestra economía este es un tema que debemos debatir". Por la misma propuesta, Maximiliano Ferraro (CC) explicó que "establecimos criterios de distribución presupuestaria para las universidades, criterios de actualización de salarios docentes y no docentes, cuestiones que hacen a la transparencia, el seguimiento y la evaluación de los recursos"

Por último, desde el Frente de Izquierda, Christian Castillo abogó porque “este Congreso pueda permitir que las universidades puedan recomponer salarios”.