En relación a los puntos de la Ley Ómnibus en materia de Educación, el secretario de esa cartera, Carlos Torrendell, aseguró que “el paradigma central detrás de esta propuesta es una política educativa participativa y federal”. “Necesitamos una mejor articulación de políticas educativas”, señaló, al tiempo que afirmó: “Proponemos caminar hacia una justicia educativa”.

Al respecto, el funcionario indicó que “es necesaria una educación de calidad”, y que -enfatizó- “la confianza es un elemento central en la política educativa”, por lo cual consideró fundamental poder “articular la libertad educativa”. Luego, Torrendell afirmó que “la educación presencial es clave”, pero -aseveró- “es cierto que debe estar integrada con el entorno virtual, ya que enriquece la experiencia de nuestro chicos, jóvenes y adultos”. 

En esa línea, y ante las inquietudes de algunos legisladores, el titular de la secretaría de Educación, aclaró que “se ha hecho una modificación por la cual se habilita una presencialidad con posibilidad de virtualidad desde el segundo ciclo de nivel primario” y que, uno de los objetivos de las normas, es "alcanzar una política de alfabetización integral progresiva”. Además, informó que “no hay ninguna política encaminada hacia un sistema de vouchers educativos".

A su turno, Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano expuso sobre la Ley de los “Mil días”, incluida dentro del paquete de normas de la denominada “Ley Ómnibus”, y manifestó: “Es una ley fundamental para el futuro de nuestra patria”. “Se trata de priorizar la atención y el cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia”, puntualizó, al tiempo que añadió: “La emergencia son los niños pobres y sus madres en situación de vulnerabilidad”.

Por otra parte, y en la misma línea, mencionó que otra de las políticas promovida es una norma que “se orienta a la búsqueda activa de las embarazadas” para que tengan los controles necesarios durante su embarazo.

Luego, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, defendió el plan cultural comprendido en el proyecto denominado “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”: “Esta ley es una condición necesaria”. “Libertad, transparencia, eficiencia y progreso son los verdaderos valores que queremos promover”, ponderó.
Finalmente, a modo de cierre el funcionario nacional expresó: “Con estas normas buscamos exportar más cultura argentina al mundo”.

Posteriormente, expuso Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura, quien defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y explicó los objetivos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en materia de obras.

“Nosotros no venimos a mejorar -o a mejor administrar- las estructuras de este sistema. Venimos a cambiar el sistema de estructuras. Esto es importante entenderlo de esa forma porque sino no se entendería el por qué de la cantidad y la intensidad de los cambios que el Poder Ejecutivo está proponiendo”, dijo.

“Queremos cambiar este sistema perverso de estructuras y esto implica un cambio cultural que requiere una claridad en el planteo, una perseverancia en el tiempo y medidas y reglas que realmente cambien al sistema”, señaló Ferraro. El titular de la cartera de Infraestructura explicó que “el cambio es para volver a ser un país normal” donde “el empresario vuelva a ser empresario, en el sentido mejor definido de la palabra”. 

“Nuestra vocación es que el Estado se retire de todo lo que pueda hacer el sector privado y ocupe un rol orientador, animador y, por supuesto, retirar todos los obstáculos para que pueda funcionar correctamente la creatividad del sector”, definió. 

Asimismo, el ministro Ferraro describió los incentivos tributarios y aduaneros del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y aseguró que el proyecto “es como un acelerador de la toma de inversiones”. “Estamos hablando de inversiones de cientos de millones de dólares que están hoy decididos a invertir en el país si existe este marco jurídico que estamos planteando en el proyecto”, añadió. 

 “Cuando hablamos de infraestructura, de inversiones, estamos hablando de un país grande de vuelta. En los últimos diez años, el promedio de inversión en el Presupuesto de obra pública fue del 1% del PBI, nosotros necesitamos al menos 5 puntos del PBI para volver a poner la infraestructura en valor. Es imposible si no participa el sector privado. Ese país es el que tratamos de idear y de acelerar con el proyecto”, concluyó.

Durante la tercera jornada de debate, también expuso el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, quien resumió los alcances de la norma en materia comercial como “un cambio de paradigma” que tiene dos ejes principales: “Desregular el comercio interior y la integración real al mundo”.

“Hemos eliminado Precios Justos que era un mecanismo casi de coerción, donde se obligaba a las empresas a imponer cantidades y precios, llevando a faltantes”, dijo Lavigne. “El principal problema de la competencia en Argentina es el propio Estado, que significa regulaciones absurdas como en el cupo de la carne y en el mercado aerocomercial”, añadió.

Por último, expuso ante los diputados el secretario de Finanzas, Pablo Quirno. El funcionario explicó los alcances del proceso de regularización de activos. “Aquellos individuos que regularicen activos por un monto menor a 100 mil dólares no pagan nada e inclusive no tienen que depositar estos bienes en una cuenta especial”, argumentó.
Por otra parte, Quirno también abordó el régimen de adelanto de bienes personales. Según el secretario de Finanzas, esta iniciativa implica que “se puede adelantar el pago de bienes personales de todos los periodos fiscales hasta la fecha de caducidad que opera al 31 de diciembre de 2027”.

Las exposiciones se dieron en el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales que presiden los diputados, Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza), José Luis Espert (Avanza Libertad) y Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), respectivamente.