Un plenario de las Comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados realizó la cuarta reunión informativa acerca del Régimen Penal Juvenil.

Durante la reunión de hoy, continúo la exposición de los diputados que presentaron proyectos al respecto. Paralelamente, está en debate el proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.

El primer orador de la jornada fue Ricardo López Murphy (Encuentro Federal). “Sólo dos países de América (Argentina y Cuba) mantienen un régimen con edad mínima de responsabilidad penal en 16 años”, explicó.

“El adolescente se encuentra en una etapa de evolución, por lo que corresponde, frente a un conflicto con la ley penal, que el Estado brinde alternativas suficientes en camino a su reinserción”, dijo López Murphy.

Asimismo, explicó que el texto de su autoría “busca proteger los derechos de los niños y adolescentes, por lo que no implica una baja de edad, sino la creación de un sistema de responsabilidad penal juvenil, que permita ser responsable a los adolescentes desde los 14 años”.

El diputado Diego Santilli (PRO), por su parte, citó estadísticas de delitos en la provincia de Buenos Aires. “El año pasado hubo más de 23 mil causas penales iniciadas contra menores, casi 200 homicidios entre los que están involucrados menores de 15, hay un aumento del 8% respecto del 2022. Los robos agravados en manos de jóvenes han crecido un 31% y el hurto un 14%”, enumeró.

Santilli celebró “que el Poder Ejecutivo haya mandado un proyecto” y se manifestó a favor de que se sancione un nuevo Régimen Penal Juvenil. “La justicia también debe estar esperando que esto avance: hoy es el momento de avanzar”, concluyó. Posteriormente, Santilli aclaró que su proyecto fija en 15 años la edad de imputabilidad.

La diputada Marcela Campagnoli informó sobre el proyecto de la bancada de la Coalición Cívica. “Tal como lo señalan los informes y recomendaciones de UNICEF, no hay evidencia que demuestre que la baja de la edad de imputabilidad impacte favorablemente en una mayor seguridad en la población”, señaló.

En este sentido, dijo que “en Latinoamérica los países con tasas de homicidio más elevadas son los que han fijado edades más bajas”. Explicó además que, en el proyecto de la Coalición Cívica, “la edad que se impone es de 14 años, busca fijar como principios rectores la formación integral y la reintegración de las personas menores”.

A continuación, la diputada Roxana Reyes (UCR) explicó que su proyecto “fija el límite de imputabilidad en 14 años”. “Es importante destacar que se baja la edad porque actualmente hay un universo de chicos -menores de 16- que cometen delitos y quedan sin responsabilidad penal”, agregó.

Autor de otra iniciativa sobre el tema, el diputado Manuel Aguirre (UCR) explicó que su texto parte de la prevención del delito. “El chico se ha escapado voluntariamente de quienes principalmente lo contienen, que es la familia. Tenemos que tratar de recuperarlo, yo no creo que ningún chico sea un delincuente”, explicó.

“Yo considero la responsabilidad penal del menor de los 14 a los 18 años, pero previo a aplicar la norma, tenemos que hacer un estudio de la capacidad del menor de comprender lo que está haciendo”, sostuvo.

Luego de las exposiciones de los diputados, tomaron la palabra especialistas en derecho juvenil. El abogado Germán Onco, presidente del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes de CABA, mencionó que, en el año 2023, un 30% de adolescentes ingresó en más de dos oportunidades al régimen penal juvenil.

“Creo que la baja de la edad tiene que ser a los 14 años, más que nada por una cuestión estadística, los ingresos de niños a los 13 en CABA ha sido muy escasa”, dijo Onco.

María Noel Costa, jueza de Cámara del Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba, advirtió a los legisladores que “tienen una enorme responsabilidad, tal vez por eso durante 44 años no se ha modificado la ley, porque viene ampliar el ámbito de aplicación de la ley penal”.

“Se necesita un enfoque multidisciplinario, escucho que hablan de 12, 13 y 14, realmente es un debate inmenso, incluso desde el punto de vista de las neurociencias”, reclamó.

María Lisia Tulián, jueza de Control Penal Juvenil de Niñez y Adolescencia de Córdoba, remarcó que “el derecho de los niños es a tener un régimen penal -por mandato convencional- diferenciado, que limite los alcances penales que el Estado tiene respecto de los adultos”.

“Hay una exigencia ético-jurídica de trato diferenciado favorable a los niños y adolescentes, porque no es posible tratar igual a quienes están en condiciones diferentes”, añadió.

Cynthia Britez, abogada de la Asociación Americana de Juristas, manifestó una “firme oposición” a la baja de edad de imputabilidad.

“El proyecto no considera el impacto que tiene la pena privativa de la libertad en el proyecto existencial, el daño que tiene en el proyecto de vida de un niño, niña o adolescente, sobre lo cual ha hecho referencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, manifestó Britez.

Por último, Gabriel Lerner, ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia y ex secretario de la SEDRONAR, consideró que “el proyecto del Ejecutivo arranca con una definición muy potente y muy desatinada, ´delito de adulto, respuesta de adulto´ y ya entramos en un camino que nos saca de la Convención de los Derechos del Niño”.

“Es una falacia que el delito cometido por adolescentes aumenta año a año. Hay que ir a un cambio, pero inspirándonos en una mirada que acompañe los procesos sociales y escuchando mucho a los que más conocen a los pibes”, señaló Lerner.