En una reunión informativa, la Comisión de Legislación del Trabajo que preside Martín Tetaz (UCR), comenzó el debate sobre tres proyectos que proponen reformas a la Ley de Contratos de Trabajo. “Son tres expedientes vinculados a reformas del Art. 276 de la Ley de Contrato De Trabajo, que tiene que ver con la actualización y repotenciación de créditos laborales”, explicó Tetaz.

Las tres iniciativas en discusión fueron las presentadas por los diputados Verónica Razzini (PRO), Jorge Ávila (Encuentro Federal) y Martín Tetaz (UCR).

Desde la Cámara Argentina de Comercio, Esteban Mancuso, consideró que “todo el espectro empresario encuentra prioritaria la actualización de los créditos laborales”.  

En representación de IDEA, Pablo Venarotti, explicó que “desde septiembre del 2022 venimos con una evolución en materia de intereses laborales fluctuantes que dificultan la conciliación”. 

“La conciliación es uno de los modos más utilizados para dar en tiempo más rápido una solución a las partes, por el contrario, la extensión de los procesos judiciales, en materia de intereses o actualización agrava dicha circunstancia por cada año que pasa”, concluyó.

En ese marco, Edith Pelli, presidenta de Idea Pyme, señaló que “hay situaciones en las que ponemos en riesgo nuestras empresas por la falta de legislación” y reclamó “falta de previsión”. Además, la empresaria Pyme invitó a “dejar de lado el concepto de que trabajadores y empresarios estamos en dos veredas diferentes, estamos diciendo que las reglas de juego tienen que ser justas para ambas partes”.

El abogado laboralista César Arese destacó que “no se trata de potenciar ni degradar los créditos laborales sino de otorgar una justa composición a través de una ley del Congreso”. En coincidencia, su colega Esteban Carcavallo explicó que “se hace muy difícil encontrar una variable que permita transitar a lo largo del tiempo y sin dificultades el problema de repotenciación adecuada”.

En contrapartida, desde el Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales (FAOS), Rodrigo Argiz, cuestionó las iniciativas porque “proponen analizar cómo abordar el incumplimiento al pago de indemnizaciones y de créditos que, por su naturaleza, tienen carácter alimentario”.