El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo consta de 664 artículos e implica una amplia reforma del Estado con desregulaciones, modificaciones y derogaciones de leyes en diversas áreas. Tiene por objeto “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.

Al mismo tiempo contiene “delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia durante el plazo específicamente previsto”. También, se incluye la ratificación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica 70/23 que firmó el presidente Javier Milei el 20 de diciembre y se declaran sujetas a privatización a un conjunto de 41 empresas públicas. 

En el inicio del debate, el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, explicó los lineamientos principales de los capítulos 1 y 2 del reordenamiento administrativo, y sostuvo que es una reforma del Estado “moderna que aprovecha todas las posibilidades que brinda nuestro ordenamiento jurídico”. ”No se trata de que sea un cheque en blanco ni se pretende cerrar el Congreso, se están pidiendo cosas muy específicas en un plazo corto pero es mucho más preciso y moderno que las reformas anteriores”, aclaró. 

“La ley establece objetos y principios siguiendo la técnica legislativa y se establecen 9 objetos y principios que son inspiradores después para las bases de la delegación y las facultades que se están delegando”, dijo. Respecto de la declaración de emergencia manifestó que se ha respetado “lo máximo posible incluso más si uno ve los ejemplos anteriores en los que se ha declarado la emergencia pública  porque se ha seguido lo que requiere el artículo 76, de la Constitución para poder el legislativo ejercer facultades que corresponden al Congreso”. 

En tanto, Rodolfo Barra, procurador del Tesoro, consideró que la reorganización administrativa “es una verdadera reforma del Estado” y ante “la situación grave del país, las situaciones de crisis exigen actuaciones de crisis”. 

El jefe de los abogados del Estado, además, explicó que la norma “toca algunos aspectos de nuestro ordenamiento jurídico de derecho administrativo y ahí se inserta la situación contractual. La situación del país nos colocó no sólo con una deuda externa impresionante, sino también, con una deuda interna muy grande. El Estado es deudor de todos sus contratistas”. “Hay que intervenir y empezar a solucionar, empezar a ordenar como se paga”, puntualizó.

Por su parte, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” al considerar que “se funda en la situación gravísima en que está Argentina, años de política que no condujeron a buen puerto, de retroceso cultural, social, pobreza, inflación, estancamiento y, en ese marco, se llega a esta situación donde la mayoría se expresó a favor de un cambio".

En materia judicial, sostuvo que el proyecto “se trata de un plan novedoso tendiente a un sistema procesal y penal adecuado” para que “Argentina dé ejemplo de justicia y de orden”

 “Lo que Argentina necesita es recuperar la libertad, que garantiza nuestra Constitución Nacional y pregonaban los fundadores de nuestra Patria. Hoy tenemos un régimen, en materia de justicia, que ha fracasado. En ese marco, es que se va a trabajar ansiosamente atacando a todos los males, desde la delincuencia a la corrupción, a la trata y el narcotráfico”, dijo.

Entre diversos temas, el ministro Cúneo Libarona hizo foco en la “modernización” de la justicia, defendió la propuesta de avanzar en un sistema de juicio por jurados y la realización de procesos rápidos y en plazos razonables. “Se necesita esta ley para ponernos de pie”, dijo al cierre de su exposición y remarcó que el texto busca “terminar con la enorme cantidad de delitos que hay y tener un sistema procesal idóneo””.