Un plenario de las Comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; Presupuesto y Hacienda, que presiden los diputados Laura Rodríguez Machado (PRO), Roxana Reyes (UCR), Manuel Quintar (LLA), José Luis Espert (LLA) , respectivamente, recibió en una primera instancia, a funcionarios que expusieron sobre el proyecto de Régimen Penal Juvenil. 

El primero en exponer, Fernando Soto, director Nacional de Normativa y relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Público, explicó que es “una deuda con la sociedad, y desde  hace 44 años se tiene una deuda” con la ley actual. Además, recordó que todos los partidos han “propuesto modificar la edad de imputabilidad y esperemos que esta casa actualice el Régimen Penal con las características particulares y teniendo en cuenta la edad de imputabilidad”, aseguró. 

A su vez, según explicó el funcionario “las estadísticas publicadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires vienen en aumento. Todos los años en la franja de 16-17 años que son los que son punibles, pero también en los pocos datos oficiales que hay de menores de 16 años, que también viene en aumento, en las franjas que van fundamentalmente de los 13 a los 15 años de edad”.

Por su parte, Sebastián Amerio, secretario de Justicia de la Nación, manifestó que es “una demanda que tiene la sociedad y, nosotros, como Poder Ejecutivo debemos atenderla y el Poder Legislativo trabajarlas y buscar una reforma”. “Esta ley es muy superadora respecto de la ley de la dictadura militar en 1980, ya que la norma actual establece que la edad de imputabilidad vigente permite que los delitos cometidos por menores de 16 años queden impunes”.

“Su abordaje requiere una solución integral y que contemple no sólo la cuestión punitiva sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego. El objetivo es que tenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”, remarcó el funcionario. 

En tanto, Alberto Nanzer, subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, consideró a la política criminal como una “política de Estado”. “Hemos relevado información y tenemos nuestra propia convicción sobre cómo tiene que ser considerada la problemática”.

De acuerdo a Nanzer, la normativa vigente identifica “tres problemas. El primero, en la justicia, que sufre un descrédito por parte de la sociedad, en ese sentido, la edad de imputabilidad de 16 años en la legislación vigente genera un tratamiento inadecuado de casos graves cometidos por menores que la mayoría de la sociedad y el derecho comparado consideran que deberían ser imputables”. “La edad hoy genera problemas en la credibilidad de la justicia”. “El segundo problema es que el derecho penal no está del todo calzado con el derecho constitucional. Es de orden normativo el problema”, agregó. 

Por último, dijo que el “tercer problema -parte de un dato empírico- es la tasa de reiteración delictiva, que es elevada en general y es especialmente elevada en materia penal juvenil. Son muestras representativas que demuestran una tasa de 25.3% de reiterancia con el marco vigente”. “Esta cifra esconde una cifra mucho más alta”, alertó el funcionario en referencia a datos que no están contemplados.

 “La ley que queremos reemplazar es una ley rústica, que no cuenta con una diversificación punitiva. Apuntamos a encontrar formas de castigo más racionales y proporcionales para lograr resultados a menor costo y buscamos darles a jueces y fiscales un conjunto de herramientas que pueda adecuarse al perfil de los imputados en los casos que tengan que resolver”, agregó el subsecretario.