El plenario de las Comisiones empezó a debatir dos proyectos de ley para que Aerolíneas Argentinas pase a manos privadas, uno presentado por el diputado nacional del PRO, Hernán Lombardi y, el otro, por su par de la Coalición Cívica, Juan Manuel López. Además, durante la reunión informativa expusieron José Rolandi, vicejefe de Gabinete; Franco Mogetta, secretario de Transporte; y Hernán Gómez, subsecretario de Transporte Aéreo.

El diputado Lombardi (PRO), como autor de uno de los proyectos, remarcó sobre la norma que “venimos a cambiar un modelo y un sistema”, el cual consideró que cuenta con dos herramientas, “la regulación de nuestros cielos y, lo otro, es la propiedad sobre Aerolíneas Argentinas; una cosa sería impensable sin la otra”, expresó. “Tiene un sentido absolutamente federal”, ponderó al señalar que es una iniciativa que “permite mayores pasajeros en nuestro cielo, mayor conectividad y mejorará la competencia”.

Al defender su proyecto, Juan Manuel López (Coalición Cívica), manifestó que “iniciar este debate es valioso, porque no es sólo la privatización, sino qué política aerocomercial queremos para nuestro país”. “El argumento más importante con el que contamos es la poca oferta que tenemos los pasajeros”, definió. En esa línea, precisó que “Aerolíneas Argentinas no puede ser un obstáculo; si una opción es privatizarla para una mejor política aerocomercial tenemos que evaluar la privatización”.

El primer funcionario en hacer uso de la palabra fue José Rolandi, vicejefe de Gabinete, quien afirmó que “la agenda del gobierno es poder privatizar y que el Estado no tenga un rol empresario en la sociedad”. “Viendo legislación comparada del resto de los países, vimos que en Argentina no existe un criterio para la asignación de recursos entre las aerolíneas de todos los eslabones del sistema aerocomercial”, añadió.  

En esa línea, reveló que “desde el momento de su estatización, en diciembre de 2008, todos los argentinos le transferimos a Aerolíneas más de ocho mil millones de dólares. Todos los argentinos pagamos por el equivalente a 970 aviones y tenemos 80. Ese fue el despilfarro de seguir manteniendo una empresa donde nunca se le limitó el giro discrecional de fondos”, puntualizó.

Luego, realizó un resumen centrado en “el déficit crónico que Aerolíneas Argentinas presentó desde el momento de su estatización y, por otro lado, el avasallamiento que la dirigencia de la aerolínea realizó sobre todo el sector en los últimos años, que limitó la competencia, y hoy estamos en un mercado muchísimo más chico, menos eficiente y más costoso para los argentinos”, concluyó.

En tanto, Franco Mogetta, secretario de Transporte, argumentó que “queremos que Aerolíneas Argentinas compita con las mismas reglas que funcionan las otras aerolíneas, que sea lo más sano comercialmente”. En el mismo sentido, subrayó que “la finalidad es que operen más empresas para lograr mayor oferta, un mejor servicio y a un menor costo. Y que no sea un lujo volar, sino más bien una necesidad conectarse en avión por nuestro país”.

Luego, detalló algunas de las acciones que se pudieron lograr a partir de la desregulación. “Fue posible que las tarifas perforen los pisos que existían, eliminamos el sistema de audiencias públicas para nuevas rutas y agilizamos la habilitación de nuevos operadores para facilitar el acceso a los mercados de nuevas aerolíneas”, enumeró. Y, profundizó que “lo que pretendemos con la desregulación aérea es que tengamos más alternativas los argentinos para poder volar por el país y la región”.

Hernán Gómez, subsecretario de Transporte Aéreo se refirió técnicamente al índice de puntualidad aclarando que hay dos apreciaciones: una, que impacta sobre la línea aérea, y otra en el pasajero. “El concepto de puntualidad se trata así en dos reglamentaciones. Primero, en el decreto 809, del año 2024, que modifica y actualizad una regulación del año 1998 relativa a los derechos de los pasajeros, de la carga y cumple un tratado internacional de la Argentina, que es el de Montreal de 1999, relativo a los pagos adelantados por parte de compañías aseguradoras hacia pasajeros en determinadas circunstancias”, esclareció.

Y, prosiguió: “Otro decreto que ha dictado el Gobierno es el 816 del 2024, que por primera vez instaura un régimen general de infracciones sobre la aviación civil, que ya no contempla aspectos sesgados, sino que contempla por primera vez infracciones que se producen en el ámbito aeroportuario o de la navegación aérea”.  

Al termino de las exposiciones de los funcionarios hubo un intercambio de preguntas y respuestas con los diputados. Asimismo, previo a concluir la reunión, la titular Verasay informó que la idea para las próximas reuniones es que los distintos legisladores puedan proponer invitados para que expongan sobre la temática.