Con la participación de referentes de asociaciones de consumidores, defensorías del pueblo y áreas municipales competentes en la temática, durante la reunión informativa se analizó la modificación del Marco Regulatorio para el servicio de provisión de agua y saneamiento del área actualmente atendida por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), mediante el reciente DNU 493/2025, que faculta a la empresa prestadora al corte del suministro de agua potable por falta de pago.

Al comienzo de la reunión informativa de la Comisión, su titular, la diputada nacional Carolina Yutrovic (UxP), reafirmó que “el agua es un derecho humano y no se puede tratar como una mercancía más”. Y, al respecto, subrayó: “Que se habilite el corte del servicio por morosidad en la situación económica que están atravesando la mayoría de los hogares argentinos, la verdad que es de una gravedad inusitada y la casa de los representantes del pueblo debe hacerse eco”.

En primer lugar, Pedro Bussetti, de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), se refirió al nuevo marco regulatorio al criticar que el mismo “autoriza a AySA al corte del suministro a un usuario residencial por la mora de 60 días de una factura”. “Expresamos nuestra preocupación por este nuevo marco regulatorio, que si no entendemos mal es un DNU y por lo tanto debiera ser tratado por el Congreso de la Nación”, resaltó.

El titular de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Daniel Boada, ratificó que “es una necesidad que un servicio esencial como el agua y las cloacas sigan en manos del Estado en todo el país”. En otro aspecto, señaló que “hay una alta morosidad, pero el corte del servicio no es una herramienta que lo solucione, debido a que genera afecciones directas a personas con discapacidad, a niños, niñas y adolescentes, y a adultos mayores, con consecuencias hacia la salud”.

Luego, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinas, hizo hincapié sobre el sector electro intensivo donde consideró que “estamos desamparados porque CAMESA nos cobra lo que quiere, nos está estafando, hay que intervenir y ponerle un freno”. “Esto significa el cierre de fábricas que no pueden pagar la energía ya que le vienen suman millonarias”, expresó y en el mismo sentido, agregó: “Dicen que los aumentos son por el dólar, pero es por el costo que tenemos para producir y dentro de esos costos está la energía”, fustigó.

En representación de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bassano, reiteró que “no se puede cortarles el agua a las personas, lo dijo la Corte Suprema”. “Piensen que cada vez que se altera la población, la calidad de vida baja y los seres humanos comienzan a ingresar en una psicosis general”, reflexionó.

Ricardo Nicolás Vago, de Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos, recalcó que “esta privatización, con este esquema, va a ir a una enorme conflictividad social”. “El Decreto elimina por completo el monitoreo de sustancias críticas, como nitrito y cianuro, porque es inviable la concesión y para que sea viable el negocio tienen que suprimir estas cosas que nadie conoce”, manifestó.

Desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, María José Lubertino, resaltó que “es fundamental defender que AySa haga inversiones, porque no hay manera de que esto lo haga una empresa privada ya que van a pasar a los usuarios desconectados el costo, que son los que menos tienen y no van a poder pagar”. Por último, resumió: “El agua no es una mercancía, desmercantilicemos la naturaleza”.

También, hicieron uso de la palabra Carlos Minucci, secretario General, y Mara Rivera, secretaria Técnica y de Relaciones Internacionales, ambos de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE); Germán Ignacio Navas, de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires; Enrique Louteiro, juez de faltas de Morón; Juan Rafael Luena, de la Asociación Civil de Usuarios Bancarios Argentinos; Diego Mielnicki, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad; Elena Viñas, de Consumidores Libre; Enrique Pochat, Defensor del Pueblo de Morón; Facundo Mancebo, Defensoría del Pueblo de Lanús; e Inés Bienatti, de la Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo.