En primer lugar, expuso María Rosa Muiños, Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, quien advirtió “un sensible incremento de los obstáculos y dificultades que las personas con discapacidad están enfrentando para acceder a programa y prestaciones”. 
“Las consultas y denuncias que ingresaron al organismo durante el primer cuatrimestre de 2024 crecieron un 25,5% respecto del mismo periodo del año anterior, destacándose el incremento de reclamos vinculados a pensiones y Plan Incluir Salud”, dijo.
En tanto, la Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires manifestó que “los trámites sobre pensiones no contributivas se incrementaron en un 89 % respecto del año anterior y pasaron a ocupar el principal lugar de los temas gestionados por el área”. En ese sentido, ejemplificó con los casos de pensiones que “siendo aprobadas no se están liquidando”.
“Si se computa el 211% de inflación de 2023, los fondos administrados por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDI) apenas cubren el 52% del salto inflacionario, si no se toma una medida perentoria su accionar se verá desfinanciado en el corto plazo”, argumentó Muiños. 
Por su parte, Mariano Unamuno, Secretario Interior de UPCN Seccional Capital, se refirió al escenario en la ANDI. “La situación es crítica a partir de los despidos injustificados que ha tenido la ANDI, sumado a la nula iniciativa por parte de la gestión en establecer políticas públicas en favor de un sector tan postergado como son las personas con discapacidad”, dijo Unamuno. 
“Hoy la tramitación de las pensiones no contributivas se encuentra totalmente paralizada, la Dirección a cargo de la emisión de las pensiones se encuentra vacante y sin designación alguna”, agregó. 
En tanto, Facundo Diz, intendente del municipio bonaerense de Navarro, contó su experiencia personal con su padre con discapacidad y habló de “un retroceso de nuestra democracia” en relación a las políticas destinada al tema. “Es muy difícil imaginar un país donde no se integra a todas las personas, hoy no están siendo reconocidos sus derechos”, declaró. 
Mauro Stefanizzi, de la Asociación Argentina de Electrodependientes, expresó su “preocupación” sobre el cumplimiento de la norma que garantiza el suministro permanente y gratuito de energía eléctrica a las personas electrodependientes. Stefanizzi dijo que “se está recortando el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (RECS)”. 
“Se están rechazando muchos casos de electrodependientes, esto es realmente grave”, añadió. “A esas familias le están viniendo boletas de luz de 130 mil pesos y hay casos de personas desempleadas que tenían un derecho garantizado y ahora se lo están sacando”.
Se trató del segundo encuentro de la Comisión destinado a analizar la temática, anteriormente los diputados escucharon a integrantes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de la Red por los Derechos de las personas con discapacidad (REDI), y de Caritas Argentina, entre otras asociaciones.